La guerra de los dict¨¢menes

Reputados catedr¨¢ticos de Derecho han continuado con argumentos jur¨ªdicos el debate pol¨ªtico que provoc¨® la elaboraci¨®n de la ley del catal¨¢n. La decisi¨®n que deb¨ªa tomar el Defensor del Pueblo sobre la ley motiv¨® la elaboraci¨®n de dict¨¢menes, a favor y en contra de su constitucionalidad. En ellos se abordan cuestiones como la noci¨®n de lengua propia, el modelo de cooficialidad ling¨¹¨ªstica, la existencia o inexistencia de un deber de conocimiento del catal¨¢n, el respeto o la invasi¨®n de las relaciones privadas, el derecho a la libre empresa, los derechos de circulaci¨®n, residencia y trabajo. La mayor¨ªa sostiene que hay numerosos aspectos inconstitucionales en la ley, hasta el extremo que, de aceptar sus posiciones, puede decirse que no quedar¨ªa en pie casi nada de ella. Este maximalismo es, sin embargo, el que permite argumentar en los dict¨¢menes de intenci¨®n contraria que lo que aqu¨¦llos hacen es instrumentar un desacuerdo pol¨ªtico. Los solicitantes de la intervenci¨®n del defensor del pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, aportaron un dictamen del catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Tom¨¢s Ram¨®n Fern¨¢ndez. El defensor solicit¨® otros a los tambi¨¦n catedr¨¢ticos de esa universidad Sebasti¨¢n Mart¨ªn Retortillo y Antonio L¨®pez Pina, y al de la UNED Jes¨²s Prieto de Pedro. El Gobierno catal¨¢n solicit¨® para contrarrestarlos sendos dict¨¢menes a uno de los padres de la Constituci¨®n, Miguel Herrero de Mi?¨®n, y a otro entonces diputado de UCD que intervino activamente en los trabajos constitucionales, ?scar Alzaga. En todos ellos hay alusiones, adem¨¢s, al dictamen elaborado por el Consejo Consultivo de la Generalitat durante la fase parlamentaria de proyecto. O sea, que por pronunciamientos de juristas y abogados no queda. Ram¨®n Fern¨¢ndez sostiene la inconstitucionalidad nada menos que de 30 art¨ªculos de la ley, en su totalidad o en alguno de sus apartados, m¨¢s una disposici¨®n final y otra adicional. L¨®pez Pina predica la inconstitucionalidad de 20 art¨ªculos, en todo o en parte, y de una disposici¨®n final. Mart¨ªn Retortillo encuentra tachas de inconstitucionalidad en 24 art¨ªculos y una disposici¨®n final. Prieto de Pedro estima inconstitucionales nueve art¨ªculos de la ley y adem¨¢s considera que incurren en un "exceso" todos los relacionados con una consideraci¨®n a su juicio excesiva del concepto de lengua propia. Son ocho art¨ªculos, de los que cinco se cuentan ya entre los otros nueve citados antes. A diferencia de los restantes dict¨¢menes, ¨¦ste deja expresamente al margen las tachas de inconstitucionalidad que pudiera haber por invasi¨®n de competencias del Estado. Si se tiene en cuenta que la ley consta de 39 art¨ªculos, 8 disposiciones adicionales, 3 transitorias y 3 finales, se ve que el examen conduce pr¨¢cticamente a su liquidaci¨®n. Lo discutido tiene varios meollos, a cu¨¢l m¨¢s importante. Prieto de Pedro, especialista en derecho de lenguas, se?ala que el "centro neur¨¢lgico en la extralimitaci¨®n constitucional y estatutaria" de la ley radica en el concepto de lengua propia utilizado en su art¨ªculo 2.2. Es el que indica que, como lengua propia de Catalu?a, el catal¨¢n es la lengua de todas las instituciones de esta comunidad, y en especial de la Administraci¨®n de la Generalitat, la Administraci¨®n local, las corporaciones p¨²blicas, las empresas y los servicios p¨²blicos, los medios de comunicaci¨®n institucional, la ense?anza y la toponimia. Y tambi¨¦n la utilizada preferentemente por la Administraci¨®n del Estado en Catalu?a, en la forma que ¨¦sta determine. Este art¨ªculo, afirma Prieto, "adosa al concepto de lengua propia un r¨¦gimen jur¨ªdico que altera gravemente el equilibrio del modelo de cooficialidad" establecido por el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n y por el Tribunal Constitucional, hasta el extremo de que "transforma ileg¨ªtimamente el modelo constitucional de biling¨¹ismo territorial en una f¨®rmula de uniling¨¹ismo territorial de la lengua catalana complementado con un derecho personal de los castellanohablantes a ser atendidos en su lengua en las relaciones individualizadas". La transformaci¨®n se produce, argumenta Prieto, cuando en el apartado 2a) del art¨ªculo 2 "dice palmariamente que el catal¨¢n es "la" -es decir, en la misma condici¨®n que determina este art¨ªculo ya no cabe otra lengua m¨¢s- lengua de todas las instituciones de Catalu?a". Lo mismo asevera respecto al apartado 2b) de este art¨ªculo, seg¨²n el cual el catal¨¢n es la lengua "preferentemente" utilizada por la Administraci¨®n del Estado en Catalu?a. Eso sit¨²a al catal¨¢n en "situaci¨®n de ventaja" y "expulsa al castellano de la condici¨®n de lengua territorial en Catalu?a". A prop¨®sito de la noci¨®n de cooficialidad, Mart¨ªn Retortillo afirma que "es manifiesto el sentido excluyente que la misma [ley] asume del castellano", como revela la frecuente utilizaci¨®n de expresiones tales como "al menos" en catal¨¢n, "utilizaci¨®n [del catal¨¢n] de manera general", "como m¨ªnimo" en catal¨¢n, etc¨¦tera, "que a veces se compaginan mal con la oficialidad de las dos lenguas". La respuesta de Herrero de Mi?¨®n a esta interpretaci¨®n reductiva, que con variaciones es tambi¨¦n la de Ram¨®n Fern¨¢ndez y L¨®pez Pina, es que aquellas expresiones "suponen una garant¨ªa de la lengua catalana, no una exclusi¨®n de la lengua castellana". Est¨¢n ah¨ª para garantizar, dice, "una presencia frente a lo que se estima una carencia social de facto, pero en manera alguna una exclusi¨®n de la presencia f¨¢ctica actual del castellano". La exigencia de paralelismo en el trato a las dos lenguas lleva a Mart¨ªn Retortillo a sostener que los art¨ªculos 12.2 y 13.2 de la ley incurren en "inconstitucionalidad por omisi¨®n" al no reconocer a quienes se dirijan en castellano a la Administraci¨®n del Estado en Catalu?a y a la de Justicia el derecho a ser atendidos en tal lengua. El art¨ªculo 12.2 de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica dice: "Todos los ciudadanos tienen derecho a relacionarse, oralmente y por escrito, con la Administraci¨®n del Estado en Catalu?a en la lengua oficial que escoja y a ser atendido, y no se le puede exigir traducci¨®n de ning¨²n tipo". El 13.2 dice lo mismo referido a la Administraci¨®n de Justicia. En derecho, lo m¨¢s importante es basarse en fundamentos suficientemente s¨®lidos, y eso es lo que, con car¨¢cter general, Ram¨®n Fern¨¢ndez echa en falta en esta ley. Seg¨²n ¨¦l, la ley del catal¨¢n "parte de un modelo de biling¨¹ismo que no coincide en absoluto con el implantado en su d¨ªa por el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n, que el Estatuto de Catalu?a respet¨®, y que responde m¨¢s bien a las enmiendas en su d¨ªa formuladas por la Minor¨ªa Catalana (...) que fueron expresamente rechazadas por las Cortes Constitucionales y que ahora por esta v¨ªa resucitan". El voto particular de Francesc de Carreras en el dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat sobre esta ley, en el que considera inconstitucionales los art¨ªculos 32.6 y 36.4 de la ley del catal¨¢n, es suscrito por Mart¨ªn Retortillo y calificado de "impecable factura" (L¨®pez Pina), "irreprochable" e "irrebatible" (Ram¨®n Fern¨¢ndez). L¨®pez Pina reproduce de Carreras que en el Estado social y democr¨¢tico de derecho, como es el espa?ol, "los poderes p¨²blicos no pueden incidir en la esfera de los ciudadanos si no es por un t¨ªtulo habilitante suficiente. Y este t¨ªtulo suficiente s¨®lo lo poseen los poderes p¨²blicos si tienen que proteger los derechos de los ciudadanos. Otra cosa ser¨ªa utilizar el poder para servir al propio poder, lo cual es propio solamente de los Estados no democr¨¢ticos. En una sociedad libre como la nuestra, el ciudadano ha de elegir libremente la lengua en la cual se expresa, sea o no la oficial del Estado, y sin ninguna coacci¨®n externa. La ¨²nica circunstancia que puede legitimar una coacci¨®n externa es la protecci¨®n del derecho de otro ciudadano y, adem¨¢s, ha de haber una proporci¨®n entre ambos derechos". Carreras, que es tambi¨¦n catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona, concluye que los art¨ªculos 32.3 y 36.4 "son contrarios a la libertad entendida como libre desarrollo de la personalidad que garantiza el art¨ªculo 10.1 de la Constituci¨®n y al art¨ªculo 38 que garantiza la libertad de empresa". La existencia o no de un deber de conocer el catal¨¢n es otro de los meollos del debate. Ram¨®n Fern¨¢ndez niega taxativamente la existencia de ese deber. En la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica, dice, se ha llevado a cabo una "sutil remodelaci¨®n" del art¨ªculo 3.3 del Estatuto de Autonom¨ªa. Lo que en ¨¦ste son "deberes y derechos" de los ciudadanos se troca en "derechos y deberes ling¨¹¨ªsticos" en aqu¨¦lla. L¨®pez Pina dice en el ¨²ltimo p¨¢rrafo de su dictamen: "Al alterar la paz jur¨ªdica en nombre de la preservaci¨®n de una diversidad cultural presuntamente amenazada pero que en la vida cotidiana florece y nadie cuestiona, la ley 1/1998 enturbia los ¨¢nimos, perturba la situaci¨®n y, sobre todo, atenta contra la igual libertad de todos".