El Gobierno vasco teme que el Ministerio de Justicia recurra el acuerdo sobre las plantillas

El Departamento de Justicia teme que el Gobierno central recurra a trav¨¦s del ministerio hom¨®logo el acuerdo de plantillas cerrado en 1997 entre la consejer¨ªa que dirige Francisco Egea y los principales sindicatos y que ha envenenado las relaciones entre ambas administraciones en los ¨²ltimos meses. El ministerio de Margarita Mariscal de Gante reiter¨® ayer que no remitir¨¢ el acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, tal como exigi¨® ¨¦ste en marzo. Tras la publicaci¨®n esta semana del plan de plantillas en el BOE, el ministerio dispone de dos meses para recurrirlo.

Los canales de comunicaci¨®n entre los responsables de Justicia de las administraciones central y vasca est¨¢n cortocircuitados. Pese a las buenas palabras empleadas en p¨²blico tanto por Mariscal de Gante como por Egea para reconducir la pol¨¦mica sobre las plantillas de funcionarios en la Administraci¨®n de Justicia vasca, los equipos negociadores no han vuelto a contactar en serio desde que la ministra compareci¨®, el 25 de febrero pasado, ante el Congreso de los Diputados para acusar al Ejecutivo aut¨®nomo de saltarse la legalidad. La publicaci¨®n esta semana en el Bolet¨ªn Oficial del Estado del acuerdo de plantillas ha puesto a trabajar a los servicios jur¨ªdicos del departamento que dirige Mariscal de Gante, seg¨²n indic¨® ayer el subdirector general de Personal del Ministerio de Justicia, Fernando Martos. Aunque Martos no se atrevi¨® a confirmar las sospechas del Ejecutivo vasco, reiter¨® que el acuerdo suscrito por el Departamento de Justicia con las centrales ELA, Comisiones Obreras y UGT es ilegal, porque hay una desviaci¨®n superior al 5% de las dotaciones totales y cuerpos admitida por la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial en relaci¨®n a la plantilla existente en el Estado antes del traspaso de competencias, realizado en abril de 1996. Seis ilegalidades El equipo de Mariscal de Gante considera que al menos seis de los requisitos recogidos en la propuesta vasca vulneran la legalidad vigente, tal y como ya record¨® la ministra en su comparecencia parlamentaria a petici¨®n de Eusko Alkartasuna (EA). Junto a esto, Justicia no tiene previsto remitir el acuerdo al Consejo General del Poder Judicial para que ¨¦ste emita un dictamen no vinculante sobre la propuesta ni al Consejo Fiscal. El ¨®rgano de gobierno de los jueces critic¨® esta actitud el 10 de marzo pasado, en una reuni¨®n en la que estableci¨® que el Ministerio de Justicia "ha impedido" la labor de ambos ¨®rganos de control. Ayer, fuentes del ministerio se reafirmaron en su negativa a remitir ning¨²n documento porque "no tiene ning¨²n sentido". Mientras, el viceconsejero de Justicia, I?aki S¨¢nchez, cree que el Gobierno central agotar¨¢ los dos meses que tiene para presentar el recurso. "La posibilidad de que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional es el peor de los escenarios, porque eso supondr¨ªa la suspensi¨®n del acuerdo y que el tema se prolongara en el tiempo muchos a?os", asegura S¨¢nchez. La pol¨¦mica abierta entre ambas administraciones por el asunto de las plantillas de funcionarios ser¨¢ una de las cuestiones que abordar¨¢ Egea el pr¨®ximo martes en la reuni¨®n que mantendr¨¢ en Vitoria con el presidente del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio. "Para nosotros este tema es clave porque entendemos la Justicia como un servicio p¨²blico. La posibilidad de poner en marcha los elementos humanos para dar respuesta en tiempo real a las peticiones que plantean los ciudadanos a la Justicia es prioritaria, incluso por encima de la pol¨¦mica de la euskaldunizaci¨®n, que yo creo que acabar¨¢ reconduci¨¦ndose; y as¨ª se lo vamos a transmitir a Delgado", coment¨®.