Futuro del Cesid

E L NUEVO caso de escuchas ilegales protagonizado por el Cesid, esta vez en una sede de Herri Batasuna, ha puesto de nuevo sobre la mesa el ambiguo estatuto legal del servicio secreto espa?ol. El esc¨¢ndalo ha obligado al Gobierno a plantear reformas que den cobertura legal a una actividad que por su propia naturaleza se sit¨²a en el filo de la ilegalidad. Y una vez m¨¢s se ha suscitado la duda sobre si tiene sentido que ese servicio, nacido sobre todo para prevenir intentonas involucionistas, siga dependiendo del Ministerio de Defensa. La hip¨®tesis de que la direcci¨®n del Centro pase a manos de un civil es una posibilidad a medio camino entre la situaci¨®n actual y la total desvinculaci¨®n de las Fuerzas Armadas.Portavoces de Defensa anunciaron ayer que antes del verano se aprobar¨¢ el anteproyecto de ley reguladora del Cesid y desmintieron que se est¨¦ produciendo una purga interna como consecuencia del esc¨¢ndalo del espionaje a HB. Otras fuentes indicaron que est¨¢ previsto aprovechar la entrada en vigor de la nueva ley, que seg¨²n el calendario gubernamental suceder¨¢ a comienzos del a?o pr¨®ximo, para sustituir al actual director del servicio, el general Javier Calder¨®n, por un civil. Ser¨ªa una forma de compensar la decisi¨®n de mantener el Cesid en el ¨¢mbito del Ministerio de Defensa, en contra de quienes desde hace a?os vienen pidiendo su desvinculaci¨®n de las Fuerzas Armadas.

En el debate del estado de la naci¨®n, y a prop¨®sito del Cesid, Aznar habl¨® el martes pasado de la necesidad de conciliar el principio de legalidad con el de eficacia. Seg¨²n adelant¨®, la nueva ley contemplar¨¢ la designaci¨®n de un juez especial encargado de autorizar escuchas preventivas como las realizadas en la sede de HB. ?Sin perjuicio?, a?adi¨®, ?de los instrumentos de fiscalizaci¨®n parlamentaria ya existentes?. Esto ¨²ltimo induce a pensar que ser¨¢ la Comisi¨®n de Secretos Oficiales del Congreso, y no una comisi¨®n espec¨ªfica y m¨¢s reducida, la encargada del control pol¨ªtico de las actividades del Cesid. Aznar habl¨® de voluntad de consenso: la renuncia a una comisi¨®n ad hoc de tres miembros (o cinco, como mucho) es seguramente el resultado de los contactos que al respecto ha mantenido el ministro de Defensa. Los socialistas consideraron un error pol¨ªtico cualquier f¨®rmula que exigiera dejar fuera a Izquierda Unida o a las fuerzas nacionalistas. Pero exist¨ªa cierto acuerdo para evitar la presencia del Grupo Mixto, en el que podr¨ªan integrarse los parlamentarios de Herri Batasuna.

Ayer mismo se public¨® (en La Vanguardia) un sondeo seg¨²n el cual el 60% de los espa?oles considera l¨®gico espiar al entramado de ETA, incluyendo HB. Sin embargo, una amplia mayor¨ªa de los consultados es partidaria de condicionar las escuchas a la existencia de una autorizaci¨®n judicial previa, requisito exigido por la Constituci¨®n. El problema es la dificultad de obtener permisos para escuchas preventivas diferentes a las autorizadas en el marco de la investigaci¨®n de un delito concreto. De ah¨ª la propuesta de una instancia judicial espec¨ªfica, en principio unipersonal, que se encargar¨ªa de apreciar la eventual existencia de riesgos para la seguridad del Estado que justificasen unas escuchas preventivas. El control parlamentario reforzar¨ªa las garant¨ªas contra abusos no muy dif¨ªciles de imaginar. Pero no deja de ser un terreno resbaladizo, porque la ausencia de esos condicionantes -autorizaci¨®n a la vista de indicios apreciados por un juez- es precisamente lo que separa una investigaci¨®n del servicio secreto de una realizada por la polic¨ªa.