El Tribunal Superior obliga al Ejecutivo aut¨®nomo a abonar 1.035 millones a los docentes de secundaria

El Tribunal Superior de Canarias ha introducido un nuevo elemento en la delicada situaci¨®n que vive la educaci¨®n en las islas. En una reciente sentencia, dictada el pasado 4 de mayo, el alto tribunal ha reconocido que la homologaci¨®n del profesorado de secundaria se ha venido aplicando err¨®neamente por parte de la Administraci¨®n, y obliga por ello a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n y Cultura del Gobierno auton¨®mico a pagar alrededor de 1.035 millones a este colectivo en concepto de atrasos de complemento espec¨ªfico del a?o 1995.El TSJC ha respondido as¨ª a una antigua reivindicaci¨®n de Comisiones Obreras, que desde 1993 viene interponiendo recursos contra el pago de cantidades inferiores a las pactadas para dicha homologaci¨®n en el Acuerdo de Concertaci¨®n Social suscrito con el Gobierno en 1991.

Aunque el auto judicial se refiere tan s¨®lo al a?o 1995, constituye un precedente para la resoluci¨®n de las reclamaciones pendientes desde el a?o 1992 hasta el momento actual, que, seg¨²n c¨¢lculos sindicales, eleva la deuda contra¨ªda por el Gobierno con este colectivo en torno a los 5.000 millones, es decir, el 1% del presupuesto de Canarias.

Aunque la aplicaci¨®n err¨®nea de los criterios de homologaci¨®n se remonta al anterior Gobierno socialista, presidido por Jer¨®nimo Saavedra (que luego fue ministro de Educaci¨®n), se ha venido a reconocer en el inoportuno momento en que el Ejecutivo nacionalista afronta un grave conflicto en secundaria. Una nueva ronda negociadora permiti¨® acercar posiciones la pasada semana en torno a algunas de las reivindicaciones de los docentes, pero la cuesti¨®n de las tutor¨ªas de tarde para atender a los padres hace dif¨ªcil alcanzar un acuerdo global, como exige Educaci¨®n. Ante la firmeza de los docentes, que sostienen que las autoridades canarias ?est¨¢n estableciendo m¨¢ximos exagerados en la implantaci¨®n de la LOGSE?, fuentes sindicales creen que Educaci¨®n se plantea dar una salida parlamentaria al conflicto de secundaria en Canarias, dado el elevado nivel de politizaci¨®n que ha alcanzado. De este modo, obligar¨ªa al PSOE, al que acusa de fomentar el movimiento asambleario, a pronunciarse a favor o en contra de unas tutor¨ªas que las federaciones de padres han solicitado en horario de tarde, con la esperanza de desactivar de este modo el conflicto.