La oposici¨®n denuncia que algunos contratos de Canal 9 llegaron a Cortes sin datos econ¨®micos
Diversos contratos firmados por R¨¤dio Televisi¨® Valenciana con productoras privadas desde el a?o 1989 est¨¢n incompletos, seg¨²n denuncian diputados de la oposici¨®n parlamentaria, porque carecen de los anexos econ¨®micos que detallan los costes de producci¨®n. Fuentes oficiales de RTVV explican que los contratos se han remitido tal como fueron firmados y comentan que si algunos documentos carecen de anexo presupuestario es porque los detalles y el m¨¦todo de trabajo todav¨ªa no hab¨ªan sido definidos cuando se lleg¨® al acuerdo comercial.
Los diputados de la oposici¨®n que revisan las fotocopias de los contratos entregados a las Cortes Valencianas por RTVV han tropezado con algunas sorpresas. Las copias son, evidentemente, segundas o terceras copias que en ning¨²n caso han sido compulsadas, es decir, no existe constancia documental de que respondan fielmente al original. Portavoces de RTVV y de Presidencia aseguran que los documentos fueron remitidos sin ning¨²n tipo de manipulaci¨®n. Pero fuentes de la oposici¨®n destacan que las copias son borrosas, algunos documentos incluyen p¨¢ginas en blanco y, en varios casos, se aprecia que los contratos fueron descosidos y recosidos en alg¨²n paso intermedio antes de ser entregados a la custodia de los letrados de las Cortes Valencianas. Todos los contratos incluyen la cantidad global del acuerdo correspondiente, pero carecen del detalle de gastos de producci¨®n, que suele recogerse en anexos. La oposici¨®n denuncia que el detalle de los gastos es fundamental, porque indica el coste de los equipos t¨¦cnicos, los decorados, las cintas magn¨¦ticas o los cach¨¦s de los actores o modelos implicados. La oposici¨®n ha reiterado denuncias sobre la cesi¨®n de decorados pagados por Canal 9 a diversas productoras privadas vinculadas a Jes¨²s S¨¢nchez Carrascosa, ex director de Canal 9, que fuera jefe de gabinete de la Presidencia de la Generalitat y, antes, director de campa?a de Eduardo Zaplana. Tambi¨¦n se expresan dudas sobre la capacidad de algunas de las productoras contratadas para disponer de una unidad m¨®vil, un equipo cuyo coste ronda los 30 millones de pesetas. Las dudas se extienden incluso a los materiales m¨¢s elementales, que podr¨ªan haber sido proporcionados por Canal 9 en un caso de evidente trato de favor. La versi¨®n oficial de los responsables de relaciones externas de RTVV se?ala que los servicios jur¨ªdicos de la entidad se limitaron a copiar los contratos exigidos por el pleno de las Cortes tal como fueron firmados. Si en algunos casos carecen del detalle econ¨®mico que suele incluirse en los anexos correspondientes ser¨ªa, seg¨²n las mismas fuentes, porque los acuerdos se cerraron por un montante global y todav¨ªa no hab¨ªa sido especificado el m¨¦todo de trabajo. Fuentes de Presidencia aseguran que los contratos no fueron sometidos a "una revisi¨®n exhaustiva", pero afirman que "todos parec¨ªan completos e inclu¨ªan los datos econ¨®micos". Seg¨²n las mismas fuentes, en la mayor¨ªa de los documentos s¨ª figuraba el detalle de costes de "por producci¨®n, por iluminaci¨®n, por actores", etc¨¦tera. Desde la oposici¨®n tambi¨¦n se expresa sorpresa por las diferencias de coste de los contratos de retransmisi¨®n de las corridas de toros. Fuentes de la oposici¨®n se?alan que algunas emisiones se contrataron por 700.000 pesestas frente a otras cuyo coste llega a elevarse a 40 millones de pesetas. Las plazas y los carteles var¨ªan; los comentarios son fruto de una lectura precipitada, seg¨²n admiten las mismas fuentes; pero las diferencias son muy significativas. La difusi¨®n del coste de los contratos firmados por una productora catalana con Canal 9 bajo gesti¨®n socialista tambi¨¦n ha sorprendido a la oposici¨®n, que se pregunta por la necesidad de las cautelas impuestas por RTVV para evitar lesionar derechos de terceros.
El inevitable examen a Carrascosa
La oposici¨®n parlamentaria viene solicitando desde 1996 la remisi¨®n de todos los contratos suscritos por TVV con empresas privadas bajo la direcci¨®n de Jes¨²s S¨¢nchez Carrascosa, ex jefe de gabinete del presidente de la Generalitat y responsable, en opini¨®n del PSOE y EU, del supuesto y complejo entramado de intereses a trav¨¦s del cual Canal 9 ha podido beneficiar a varias empresas cercanas al PP. No obstante, la obstinada petici¨®n de los contratos se ha encontrado con la igualmente terca negativa del Ejecutivo, que, por todo argumento para justificar su postura contraria a la fiscalizaci¨®n de un ente p¨²blico, ha esgrimido varios informes jur¨ªdicos que impedir¨ªan dar publicidad a las relaciones econ¨®micas establecidas por la Administraci¨®n con sociedades ajenas a ella. El 1 de abril, las Cortes decidieron deso¨ªr esas recomendaciones. UV, socio de gobierno del PP en el Consell, vot¨® a favor de la propuesta de la oposici¨®n. Desde esa d¨ªa, los populares han acusado a la oposici¨®n de intentar convertir el parlamento valenciano "en un circo". ?sta ha arremetido contra el gobierno por entender que el "ocultismo" respecto a la actividad de Canal 9, que en los dos ¨²ltimos ejercicios ha perdido cerca de 4.000 millones de pesetas, no pretende otra cosa que tapar la posible "maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas" en la que se ha podido incurrir en TVV. El cruce de reproches no impidi¨® que el 28 de abril el consejero de Presidencia, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll (PP), facilitara los contratos al presidente de las Cortes, H¨¦ctor Villalba (UV). Seg¨²n la oposici¨®n, Ripoll intent¨® dilatar su entrega mediante la b¨²squeda de resquicios legales. Eso si: finalmente, los contratos -en los que, siempre seg¨²n la oposici¨®n, se omite parte de la documentaci¨®n solicitada- est¨¢n siendo escrutados en condiciones, cuanto menos, extra?as No se pueden fotocopiar, fotografiar o sacar de la sede de las Cortes. S¨®lo pueden ser examinados por los diputados previamente autorizados y bajo el control de un letrado de la instituci¨®n. Por si fuera poco, el Ejecutivo no se ha cansado de advertir que la filtraci¨®n de un contrato, su traslado a la opini¨®n p¨²blica, podr¨ªa ser constitutiva de delito.
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