Hablar sale caro

L A PROPUESTA de subida de tarifas telef¨®nicas presentada por el Ministerio de Fomento ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre el titular del ramo, Rafael Arias-Salgado, encargado de coordinar la pol¨ªtica de telecomunicaciones, y la Compa?¨ªa Telef¨®nica de Espa?a, presidida por Juan Villalonga, participada y controlada por el Estado hasta hace un a?o. Los altos cargos de Telef¨®nica no se han privado de criticar y rechazar abiertamente el nuevo esquema de tarifas que ha propuesto el Gobierno, particularmente en el tema de las llamadas urbanas. Los consumidores tambi¨¦n rechazan la propuesta de Fomento, aunque por razones muy distintas a las de la compa?¨ªa. El resultado de este intercambio de protestas es una ceremonia de confusi¨®n. Pero el que al final acaba pagando es el consumidor, que tendr¨¢ que sufragar un aumento del 8,2% m¨¢s por las llamadas urbanas en nombre de un supuesto reequilibrio que rebaja las tarifas interurbanas e internacionales y sube las locales.El desabrido enfrentamiento entre Fomento y Telef¨®nica se fundamenta, seg¨²n la compa?¨ªa, en que las tarifas del Gobierno penalizan las llamadas de larga duraci¨®n, superiores a 2.40 minutos. La propuesta de Arias- Salgado abarata los dos primeros pasos de cada llamada telef¨®nica, reduce de 180 a 160 los primeros segundos cubiertos por esos pasos y encarece el siguiente minuto de conversaci¨®n. M¨¢s all¨¢ de los tres minutos de llamada, la subida se dispara hasta casi el 160% en conversaciones de 15 minutos, por ejemplo. La estructura de subidas que ha dise?ado Fomento tiene un impacto favorable sobre el IPC, puesto que para medir los precios solamente se contabilizan las llamadas urbanas inferiores a dos minutos.

La discusi¨®n sobre la estructura de las tarifas oculta las dificultades del proceso de liberalizaci¨®n del servicio telef¨®nico en Espa?a. El reequilibrio interno de los precios debi¨® completarse antes de la privatizaci¨®n de Telef¨®nica y la liberalizaci¨®n parcial del mercado. Ahora, los ciudadanos se encuentran ante la paradoja de que el Gobierno act¨²a como regulador en un servicio parcialmente liberalizado, pero en el que Telef¨®nica mantiene todav¨ªa un monopolio de hecho sobre las llamadas urbanas.

Bien est¨¢ que Telef¨®nica llame la atenci¨®n sobre lo que considera insuficiencias tarifarias que, en su opini¨®n, ?lesionan gravemente su cuenta de resultados?; pero elevar el tono hasta el rechazo abierto y la protesta alborotada es una reacci¨®n desproporcionada y teatral. Olvidan los directivos de Telef¨®nica que est¨¢ vigente un procedimiento de transici¨®n hacia la liberalizaci¨®n total del servicio telef¨®nico; que ese procedimiento implica una regulaci¨®n tarifaria que permita a los operadores de la competencia abrir su propio hueco en el mercado, y que mal podr¨ªan los incipientes operadores encontrar una cuota de mercado si tuvieran que competir en igualdad de condiciones con una empresa que ha actuado en r¨¦gimen monopol¨ªstico durante largos decenios. A partir de diciembre de este a?o podr¨¢ demostrar Telef¨®nica su capacidad de competir en un mercado abierto. Es posible que la competencia entre operadores recorte entonces las tarifas. Pero, a corto plazo, los consumidores volver¨¢n a pagar las consecuencias del desorden en el sector de telecomunicaciones, pues las llamadas locales, las m¨¢s utilizadas por los ciudadanos, van a subir. Y bastante m¨¢s que el IPC.