Guerra sindical contra la reforma de Correos

El servicio postal universal es aquel que debe garantizarse a todos los ciudadanos, con una tarifa asequible y con independencia de donde habiten. Por definici¨®n, el servicio universal son los giros postales, el correo ordinario nacional e internacional y los servicios de protecci¨®n de env¨ªos contra el robo o deterioro. La obligaci¨®n de garantizar este servicio es del Estado, a trav¨¦s de la regulaci¨®n de su sistema de correos p¨²blico.Las huelgas y movilizaciones organizadas por los sindicatos en protesta contra el proyecto de Ley Postal, aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado 30 de abril y ahora en tr¨¢mite en el Senado, se deben a que ¨¦stos no creen que la nueva ley garantice debidamente el servicio universal y pretenden, fundamentalmente, dos modificaciones sustanciales.

Una es ampliar el ¨¢mbito de la definici¨®n de servicio postal universal y la reserva de Correos en la prestaci¨®n de ese servicio. La otra, las bases de la financiaci¨®n del correo p¨²blico, que tuvo un d¨¦ficit de 19.000 millones de pesetas durante el ejercicio de 1997, casi la mitad de los 36.000 millones registrados durante el ejercicio anterior.

La nueva Ley Postal reserva a Correos el servicio interurbano de r¨¦gimen ordinario -no urgente- de env¨ªos de menos de 350 gramos y transfronterizos, el de giro postal, el derecho a establecer apartados postales y a utilizar sellos. Todos los dem¨¢s servicios, e incluso algunos de los servicios universales, como los env¨ªos ordinarios de cartas urbanas, los interurbanos e internacionales de m¨¢s de 350 gramos y el de paquetes de hasta 10 kilos, se prestar¨¢n en r¨¦gimen de libre competencia y tarifas.

La Plataforma Unitaria Sindical, encabezada por UGT junto a otros cuatro sindicatos, propone que Correos preste en exclusiva el servicio ordinario o urgente de hasta 350 gramos, nacional e internacional, con una tarifa fijada por el Gobierno. Es decir, que el nuevo texto excluya la palabra "ordinario" y la diferenciaci¨®n entre urbano e interurbano.

Seg¨²n el sindicato, la directiva europea sobre el sector no utiliza el criterio de urbano e interurbano para dividir la reserva de servicios postales; s¨®lo emplea los criterios de peso y precio de los env¨ªos. El hecho de que el servicio de cartas urbanas sea de libre competencia, explica UGT, despoja a Correos del servicio m¨¢s rentable, vital para su autofinanciaci¨®n.

El proyecto alternativo del PSOE tambi¨¦n elimina la divisi¨®n territorial, pero mantiene que la exclusividad de Correos se limite a los env¨ªos "ordinarios". Comisiones Obreras y el Sindicato Gallego de Correos-CIG se separaron de la Plataforma Unitaria tras haber llegado unilateralmente a un acuerdo con el Ministerio de Fomento el pasado 13 de mayo. Ambos sindicatos no se sumaron a las ¨²ltimas jornadas de huelga, los pasados d¨ªas 21, 22 y 25 de mayo.

Para proveer de recursos econ¨®micos a Correos y Tel¨¦grafos, el proyecto de Ley Postal crea un Fondo de Compensaci¨®n que se nutrir¨¢ de los competidores privados, de los recursos que genere el propio operador p¨²blico, de la consignaci¨®n anual que figure en los presupuestos como compensaci¨®n por la carga financiera de la prestaci¨®n del servicio universal, y de las donaciones de particulares y empresas.

Con la nueva ley, el correo p¨²blico ya no rendir¨¢ cuentas al Parlamento, sino al Ministerio de Fomento, puesto que la financiaci¨®n extrapresupuestaria ser¨¢ gestionada directamente por el ministerio. Tanto UGT como la patronal de compa?¨ªas privadas de mensajer¨ªa urgente, como DHL, MRW o UPS, la Asociaci¨®n Espa?ola de Couriers Internacionales (AECI) y la Asociaci¨®n de Empresas de Carga Fraccionada (AECAF), est¨¢n en contra de este sistema. Aunque han llegado a esta conclusi¨®n por separado, puesto que nunca se han reunido para tratarlo.

Liberalizaci¨®n total

En el proyecto de la nueva Ley Postal se estipula un contrato programa que entrar¨¢ en vigor el 1 de enero de 1999, por el que el Estado se compromete a invertir 55.000 millones de pesetas en Correos hasta el a?o 2003, fecha en la que la Comisi¨®n Europea revisar¨¢ la directiva correspondiente, con perspectivas de liberalizar totalmente el sector de correos europeo. En el proyecto tambi¨¦n se incluyen inversiones de 1.400 millones destinados a la formaci¨®n de personal y de 1.000 millones para medidas de acci¨®n social.Seg¨²n UGT, la nueva ley sigue una l¨ªnea contraria a la que est¨¢n trazando todos los Gobiernos europeos con sus operadores postales. Aunque el fondo figura como una posibilidad de financiaci¨®n en la directiva, no es obligatorio adoptar este sistema. Este mecanismo, asegura el sindicato, crea unos instrumentos m¨¢s caros de gestionar, menos transparentes e irrelevantes para alcanzar la financiaci¨®n del operador p¨²blico.

La posici¨®n de este sindicato es que la financiaci¨®n de Correos debe seguir dependiendo en su totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, a trav¨¦s del plan de prestaci¨®n del servicio universal cuando no alcance el equilibrio financiero. La propuesta del PSOE tambi¨¦n rechaza este m¨¦todo de financiaci¨®n y propone que Correos permanezca bajo el control del Parlamento y que su financiaci¨®n proceda de los fondos que ¨¦ste le destine.

La aportaci¨®n que deben hacer los operadores privados al servicio p¨²blico se nutre de una horquilla que va del 1 por 100 al 1 por 1.000 de su facturaci¨®n. "El objetivo es garantizar la prestaci¨®n del servicio postal universal, pero no se ha hecho ning¨²n estudio del coste de este servicio. ?C¨®mo se puede entonces calcular que el 1 por 100 o el 1 por 1.000 de la facturaci¨®n, o un porcentaje intermedio, es lo que se necesita para financiar al operador p¨²blico?", se pregunta Alberto Garrido, secretario general de AECI.

Rafael Sanz, secretario general de AECAF, califica el sistema de financiaci¨®n de "aberrante" y critica con dureza todo el proceso de elaboraci¨®n del proyecto de ley y la actitud de Fomento, que, seg¨²n Sanz, "nunca nos ha recibido para o¨ªr nuestra opini¨®n sobre la ley, que afecta al 40% de la actividad privada de correos". Y agrega: "Si la ley se aprueba, presentaremos una queja ante la Comisi¨®n Europea".

Jos¨¦ Manuel Villar Uribarri, secretario general de Comunicaciones, sostiene que el sistema de financiaci¨®n previsto garantizar¨¢ el empleo de los 65.000 trabajadores de Correos. Seg¨²n Villar, "Espa?a ha conseguido, junto a Alemania y Francia, que la directiva europea establezca un ¨¢mbito de reserva interurbano de 350 gramos; la posici¨®n espa?ola es una de las menos liberalizadoras, en contra de lo que desear¨ªan las empresas privadas".

Villar Uribarri ha acusado a UGT de organizar las huelgas por "motivaciones pol¨ªticas" y no por el inter¨¦s por los trabajadores que representa. En cuanto a la aportaci¨®n de los operadores privados, Villar explica que la horquilla de cuota por facturaci¨®n est¨¢ dirigida a abarcar desde los peque?os y medianos hasta los grandes operadores privados que podr¨¢n entrar en el mercado espa?ol, como el correo holand¨¦s.