?Es necesario un Ministerio de Medio Ambiente?

La Constituci¨®n espa?ola establece en su art¨ªculo 45 el derecho de todos los ciudadanos a la calidad ambiental y la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos de garantizar dicho derecho.Asimismo, el texto constitucional configura un Estado auton¨®mico, en el que las administraciones auton¨®micas deben asumir responsabilidades previamente atribuidas a la Administraci¨®n central. Esta descentralizaci¨®n ha tenido, en la pr¨¢ctica, mejores resultados en aquellos ¨¢mbitos de la acci¨®n p¨²blica que estaban m¨¢s consolidados en el momento de la transferencia de competencias a las Comunidades Aut¨®nomas; sin embargo, en el caso concreto de la pol¨ªtica ambiental -en el que apenas se transfer¨ªan medios ni instrumentos normativos o de gesti¨®n-, este proceso de descentralizaci¨®n no puede considerarse en absoluto satisfactorio. El problema no reside, en absoluto, en la bondad del modelo auton¨®mico -de eficacia probada en otros pa¨ªses de larga tradici¨®n federal o con estructuras administrativas an¨¢logas-, sino en la indefinici¨®n, en el caso de Espa?a, del papel a asumir por la Administraci¨®n central en materia ambiental: y as¨ª se ha puesto tr¨¢gicamente de manifiesto con motivo de la rotura de la balsa de las minas de Azn¨¢lcollar, demostrando que no basta con crear un Ministerio de Medio Ambiente si se carece de la voluntad de garantizar el cumplimiento de la pol¨ªtica ambiental en todo el territorio del Estado.

Ante la situaci¨®n descrita, existen diferentes posiciones pol¨ªticas. En un extremo se sit¨²an las opciones nacionales, a las que no preocupa en exceso que se cuestione la existencia de un Ministerio de Medio Ambiente central, en la convicci¨®n de que la debilidad de este departamento fortalece las instituciones propias de la Comunidad Aut¨®noma. En el extremo opuesto se situar¨ªan quienes piensan que ser¨ªa opotuno revisar el reparto competencial, recreando una Administraci¨®n central con plenas atribuciones en materia ambiental. Ninguna fuerza pol¨ªtica defiende expl¨ªcitamente esta segunda opci¨®n, lo cual no significa que algunos no piensen que ser¨ªa deseable plantearlo; pero, ciertamente, ser¨ªa un absoluto error pues supondr¨ªa un retroceso no justificado.

Entre estos dos extremos se sit¨²a la posici¨®n defendida, entre otros, por los socialistas. Nuestra opini¨®n es f¨¢cil de explicar. Creemos que es necesario un Ministerio de Medio Ambiente, en primer lugar, para cumplir el precepto contenido en el art¨ªculo 45, es decir, para garantizar que todos los ciudadanos espa?oles disfruten de una adecuada calidad ambiental, con independencia de la mayor o menor capacidad o diligencia de la Comunidad Aut¨®noma en la que residan. Para ello, es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente impulse normas b¨¢sicas de ¨¢mbito estatal, suficientemente precisas y exigentes, y que establezca, mediante la concertaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas, planes nacionales que integren los compromisos econ¨®micos y de gesti¨®n de todas las administraciones, y en los que se fijen objetivos concretos y plazos a cumplir. Dichos planes nacionales deben garantizar niveles adecuados a calidad ambiental en todo el territorio espa?ol, conforme a la normativa europea, sin perjuicio de que en cada Comunidad Aut¨®noma puedan plantearse niveles todav¨ªa m¨¢s elevados de calidad en cuestiones espec¨ªficas, en funci¨®n de su problem¨¢tica ambiental. De hecho, la Comisi¨®n Europea exige que tales planes existan, entre otras cosas, para evaluar la importancia de proyectos concretos para los que se solicitan las ayudas de los Fondos estructurales; y la inexistencia o la paralizaci¨®n, en su caso, de planes ya aprobados, est¨¢ poniendo en peligro la obtenci¨®n de estas ayudas.

Un Ministerio de Medio Ambiente resulta tambi¨¦n necesario para garantizar la defensa de los intereses espa?oles en los ¨¢mbitos supranacionales -la Uni¨®n Europea, Naciones Unidas...- en los que se establecen los principales compromisos y estrategias de pol¨ªtica ambiental. Se?alemos, por ejemplo, la gravedad de la actual inoperancia del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a impulsar una pol¨ªtica europea de lucha contra la desertificaci¨®n. Pero, sobre todo, un Ministerio de Medio Ambiente seguir¨¢ siendo necesario hasta que la componente ambiental se integre efectivamente en todas la pol¨ªticas -la industrial, la agraria, la urban¨ªstica...- y muy en particular en la pol¨ªtica econ¨®mica, de forma que se avance hacia un sistema de precios que refleje con mayor veracidad los costes reales de los diferentes procesos de producci¨®n. Hay numerosas decisiones pol¨ªticas que no pueden ser abordadas s¨®lo desde un Gobierno auton¨®mico, y mucho menos en lo que concierne a los problemas ambientales, cuya principal caracter¨ªstica suele ser la de la interdependencia de ecosistemas alejados entre s¨ª.

El respeto, por lo tanto, a las Comunidades Aut¨®nomas no puede servir de excusa para ocultar un dejaci¨®n de responsabilidades de la Administraci¨®n central, como sucede actualmente en Espa?a en materia de pol¨ªtica ambiental.