Guerras sucias

CON LA declaraci¨®n prestada ayer por el ex ministro Jos¨¦ Barrionuevo culmina la primera parte del juicio por el secuestro de Segundo Marey. A la espera del desfile de testigos, los testimonios de los acusados permiten distinguir tres actitudes, pero tambi¨¦n tres estrategias de defensa. Los polic¨ªas que participaron en la retenci¨®n de Marey alegan que obedec¨ªan ¨®rdenes y buscan la prescripci¨®n con el argumento de que se trat¨® de una detenci¨®n ilegal y no de un secuestro; los dirigentes pol¨ªticos intermedios, Damborenea y Sancrist¨®bal, tambi¨¦n persiguen la prescripci¨®n, pero asumen su participaci¨®n en los hechos -en la decisi¨®n de retener a Marey-, implicando a sus superiores pol¨ªticos, Vera y Barrionuevo. Estos ¨²ltimos, por su parte, lo niegan todo y buscan la nulidad tras el alegato de que lo ¨²nico que hay detr¨¢s del juicio es una conspiraci¨®n pol¨ªtica.La t¨¢ctica de los defensores de los polic¨ªas consiste en desplazar la responsabilidad hacia arriba, buscando demostrar, en particular, que fueron los pol¨ªticos quienes tomaron la decisi¨®n. Las declaraciones de los testigos que comenzar¨¢n a declarar hoy deber¨ªan servir para determinar m¨¢s precisamente el origen de la decisi¨®n inicial y para contrastar las acusaciones de unos imputados contra otros. Junto al argumento de la obediencia debida , los abogados alegan que al no haber existido condiciones para la liberaci¨®n de Marey, el delito no ser¨ªa de secuestro, sino de detenci¨®n ilegal, el cual habr¨ªa prescrito dado que los plazos para ello son menores.

En el editorial que publicamos el d¨ªa que se inici¨® el juicio dec¨ªamos que era la hora de los jueces. Ped¨ªamos que se les dejase trabajar sin juicios paralelos. No hemos vuelto a pronunciarnos editorialmente sobre el asunto, lo que contrasta vivamente con la actitud de algunos lobbys medi¨¢ticos que han venido dictando sentencia pr¨¢cticamente a diario y siempre en el sentido de confirmar posiciones previamente sentadas. La libertad de expresi¨®n ampara esa opci¨®n, pero nos parece deontol¨®gicamente discutible cuando se trata de medios de comunicaci¨®n que al mismo tiempo presumen de haber hecho posible la celebraci¨®n del juicio. La euforia indisimulable que a esos medios, y a esos periodistas, parecen producir este desgraciado asunto de los GAL resulta imp¨²dica: precisamente porque ha envilecido durante a?os la vida colectiva, ser¨ªa deseable una cierta sobriedad; dejar que act¨²e la justicia, ahora que el asunto est¨¢ por fin en sus manos, y evitar hasta donde sea posible extender a¨²n m¨¢s ese envilecimiento.

No es s¨®lo una cuesti¨®n de estilo. Esas sentencias paralelas coinciden con la advertencia a los juzgadores deslizada en su d¨ªa por el actual vicepresidente primero del Gobierno. ?lvarez Cascos vino a decir que la justicia arriesgaba su prestigio si el tribunal sentenciaba en sentido diferente al del ?veredicto de los ciudadanos?. La mezcla entre advertencias pol¨ªticas y presi¨®n medi¨¢tica es siempre fatal para la justicia, pero lo es especialmente en la fase de juicio oral, en la que corresponde a los magistrados valorar las pruebas.

Entre la conspiraci¨®n y la negaci¨®n de la evidencia, el encanallamiento de la convivencia provocado por la guerra sucia ha sido la principal victoria de ETA en estos a?os. Ayer mismo, el diputado nacionalista I?aki Anasagasti declaraba que si se considerasen prescritos los delitos del caso Marey ?en la misma semana en que se condena a Valent¨ªn Lasarte a 82 a?os por asesinar a Fernando M¨²gica? se habr¨ªa demostrado que aqu¨ª ?no ha cambiado nada?. La prescripci¨®n es una instituci¨®n jur¨ªdica prevista en la ley de todos los pa¨ªses democr¨¢ticos. Si es de aplicaci¨®n o no al caso Marey lo decidir¨¢ el Supremo, un ¨®rgano colegiado integrado por magistrados de acreditada competencia profesional. Que un dirigente democr¨¢tico se permita advertir a los jueces que si aplican ese principio jur¨ªdico estar¨¢n legitimando a ETA indica hasta qu¨¦ punto ha llegado la presi¨®n espuria. Contra ella, reiteramos nuestro deseo de que se deje de intimidar a los jueces con advertencias y de aturdir a la gente con fantasmadas. Porque creemos en la solvencia e independencia de la sala sostenemos que es necesario dejar a los magistrados que hagan su trabajo.