Retirados dos proyectos de ley para indemnizar al diario "El Alc¨¢zar"

El Gobierno se vio forzado ayer a retirar del orden del d¨ªa del Congreso dos proyectos de ley para aprobar cr¨¦ditos extraordinarios por m¨¢s de 3.200 millones de pesetas, destinados a cumplir resoluciones del Tribunal Supremo que condenaron al Estado a indemnizar a Diarios y Revistas, SA, la antigua editora del diario El Alc¨¢zar. La falta de apoyos parlamentarios al PP motiv¨® esa decisi¨®n.

El pleito arranca del a?o 1975, cuando el ¨²ltimo Gobierno franquista, presidido por Carlos Arias Navarro, se comprometi¨® a proporcionar subvenciones mensuales al peri¨®dico, despu¨¦s de entreg¨¢rselo a la Confederaci¨®n Nacional de Ex Combatientes, presidida por Jos¨¦ Antonio Gir¨®n. Los primeros Gobiernos democr¨¢ticos se negaron a continuar subvencionando a El Alc¨¢zar y el pleito se complic¨® m¨¢s tarde, porque el peri¨®dico de ideolog¨ªa ultraderechista se sinti¨® discriminado al no recibir dinero procedente de la publicidad institucional.El Tribunal Supremo, en sentencias de 2 de julio de 1994, conden¨® a indemnizar con unas determinadas cantidades a la editora de dicho peri¨®dico, que ya hab¨ªa dado en quiebra, adem¨¢s de abonar intereses de demora; todo lo cual totaliza los m¨¢s de 3.200 millones de pesetas que el Gobierno actual, en ejecuci¨®n de sentencia, intent¨® ayer poner a votaci¨®n del pleno del Congreso de los Diputados.

Esa petici¨®n para votar dinero destinado a cumplir compromisos de Gobiernos predemocr¨¢ticos, y a indemnizar a un peri¨®dico ultraderechista, provoc¨® ayer el conflicto parlamentario. Tanto los socialistas como Izquierda Unida, PNV y el grupo de Coalici¨®n Canaria hicieron saber que no estaban dispuestos a votar dos proyectos de ley espec¨ªficos con esa finalidad. Ante esta situaci¨®n, el grupo catal¨¢n de Converg¨¨ncia y Uni¨® se plant¨® y traslad¨® al Grupo Parlamentario Popular que no estaba dispuesto a jugar el papel de respaldar en solitario los dos proyectos.

Vista la relaci¨®n de fuerzas, la derrota del Gobierno era segura y se opt¨® por retirar del orden del d¨ªa las dos propuestas.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, asegur¨® posteriormente que los proyectos de ley pretend¨ªan "cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que revertir¨ªa en la Hacienda P¨²blica, el Fondo de Garant¨ªa Salarial, la Seguridad Social y los trabajadores" de El Alc¨¢zar, todos ellos acreedores de la antigua empresa editora. Se da la circunstancia de que el Gobierno hab¨ªa enviado al Congreso los proyectos de ley sin adjuntar memoria o documentaci¨®n que explicara cu¨¢l iba a ser el destino del dinero que se solicitaba a las Cortes por la v¨ªa del cr¨¦dito extraordinario, seg¨²n fuentes de la oposici¨®n.

?ngel Mart¨ªnez San Juan, diputado socialista, explic¨® que el Ejecutivo hab¨ªa colocado al Parlamento ante una cuesti¨®n insalvable, por el hecho de intentar que se votaran "de manera singular" dos proyectos de ley que, en definitiva tienen como antecedente un peri¨®dico cuya "ideolog¨ªa golpista" fue una evidencia.

En la misma l¨ªnea, Felipe Alcaraz, de Izquierda Unida, justific¨® la negativa de su grupo porque "nadie ha aceptado tramitar algo que afecta a la sensibilidad democr¨¢tica".

La oposici¨®n sugiere que el cumplimiento de las sentencias debe llevarse a cabo, pero incluyendo el montante econ¨®mico en un cap¨ªtulo gen¨¦rico dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

El portavoz popular, Luis de Grandes, calific¨® de "demag¨®gicas" las posturas de la oposici¨®n y record¨® que el Congreso de los Diputados, en cuanto depositario de la soberan¨ªa nacional, debe ser el primero en facilitar que se cumplan las resoluciones judiciales, por lo que ser¨¢ imprescindible arbitrar la f¨®rmula para que el fallo del Supremo pueda ejecutarse.