El Gobierno retirar¨¢ la ley de devoluci¨®n de los bienes de la guerra si el PSOE no rebaja sus demandas

El Gobierno no dudar¨¢ en retirar del Parlamento la ley de compensaci¨®n a los partidos pol¨ªticos por los bienes incautados en la guerra civil si persisten las discrepancias que hoy se mantienen y que, a juicio del Ejecutivo, supondr¨ªa "desvirtuar" el esp¨ªritu que movi¨® la elaboraci¨®n de esta norma, que en diez d¨ªas pasar¨¢ a ser dictaminada en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso. El PP defender¨¢ hasta el fin que s¨®lo sean restituidos aquellos bienes inmuebles, y no otros, que se pueda acreditar que en su d¨ªa pertenecieron a los partidos que perdieron la guerra. Pero el PSOE reclama tambi¨¦n bienes muebles, cuentas corrientes, dep¨®sitos y valores. Converg¨¨ncia i Uni¨®, socio del Gobierno, reivindica "derechos personales".

Nadie habla a las claras de dinero, a excepci¨®n del PNV, que cifra en unos 3.000 millones de pesetas lo que le corresponde por los bienes que le fueron incautados en la guerra civil. Uni¨® Democr¨¤tica de Catalunya -Converg¨¨ncia no exist¨ªa en esos a?os- pide "derechos personales" por el hecho de que casi no ten¨ªa bienes inmuebles en la ¨¦poca, ya que casi todos de los que disfrutaba eran arrendados. El PSOE es el que m¨¢s objeciones est¨¢ poniendo al Gobierno, dado que no s¨®lo reclama los bienes inmuebles, sino tambi¨¦n los muebles, elementos productivos, cuentas corrientes y dep¨®sitos. Adem¨¢s echa mano de su historia y su circunstancia de esos a?os, en los que no s¨®lo las casas del pueblo eran sus lugares de actuaci¨®n, sino que tambi¨¦n dispon¨ªa de numerosas cooperativas y mutualidades cuya titularidad no figura en los registros.El PP acusa a los socialistas "de pr¨¢cticas dilatorias" y "obstruccionistas". El PSOE intuye que no se quiere restituir "la verdad hist¨®rica", sino apuntalarse apoyos parlamentarios, en referencia al PNV y a CiU.

Todas estas cuestiones se han puesto de manifiesto en la ¨²ltima reuni¨®n de la ponencia parlamentaria que trabaja en esta ley. Sus miembros salieron disgustados por el clima de desacuerdo, hasta el punto de que el portavoz del PP, Jaime Ignacio del Burgo, no dud¨® en cerrar la sesi¨®n, celebrada a puerta cerrada, advirtiendo que si la oposici¨®n "pretende desfigurar el proyecto de ley, el Gobierno no dudar¨¢ en retirarlo". El ponente del PP reconoci¨® a este peri¨®dico que, efectivamente, as¨ª actuar¨¢. "No podemos abrir un portillo que no se sabe a d¨®nde conduce cuando hablamos del dinero del contribuyente".

Las demandas de CiU

Es cierto que la actitud del Gobierno es algo m¨¢s permisiva con las pretensiones de los grupos nacionalistas que con el PSOE. El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda estudia la elaboraci¨®n de una propuesta que satisfaga las demandas de CiU a trav¨¦s de una enmienda transaccional a la de los nacionalistas, que pretenden la restituci¨®n de lo que llaman "derechos personales". A lo m¨¢s que el Gobierno est¨¢ dispuesto a llegar es a proponer a CiU "alguna indemnizaci¨®n por los arrendamientos que se extinguieron por la disoluci¨®n de los partidos pol¨ªticos". El Ejecutivo rechaza la devoluci¨®n del patrimonio a las logias mas¨®nicas, defendida Pilar Rahola, del Grupo Mixto, y el PSOE.Ninguna suerte van a correr las demandas de los socialistas. El PSOE discrepa del Gobierno hasta en los plazos. El Ejecutivo considera que una vez aprobada la ley se abre un periodo de un a?o para que los demandantes presenten los documentos acreditativos del bien que les fue arrebatado. Los socialistas aseguran que para hacer expedientes rigurosos necesitar¨¢n dos a?os, y as¨ª lo defendi¨® en ponencia Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, que se resiste a hablar de cu¨¢nto dinero podr¨ªa pedir el PSOE. Marug¨¢n asegura que su partido est¨¢ trabajando por toda Espa?a para reconstruir su historia patrimonial y que no es f¨¢cil. Sus enmiendas van a ser rechazadas por el PP, seg¨²n advierte el popular Ignacio del Burgo, que se atiene a la letra del proyecto del Gobierno. "Se ha optado por no reconocer los derechos personales y aquellos otros de contenido patrimonial de m¨¢s dif¨ªcil evaluaci¨®n, como es el caso de los frutos y rentas", se?ala la exposici¨®n de motivos.

Las suspicacias entre el PP y el PSOE son notables. Ambos se reprochan motivos ocultos nada bien intencionados. Como quiera que el PSOE reclama cuentas corrientes y el reconocimiento de que numerosas cooperativas y mutualidades eran del partido que fund¨® Pablo Iglesias, el PP interpreta que lo hace porque ¨¦sta ser¨ªa la ¨²nica manera de recibir dinero, ya que poco o nada obtendr¨¢ de los inmuebles, que figuraban casi todos a nombre de UGT.

Marug¨¢n rechaza este argumento y apela a que cuando ocurrieron los hechos, el PSOE ten¨ªa ya "55 a?os de vida como fuerza social y hab¨ªa hecho un patrimonio considerable".

El PNV, socio parlamentario del Gobierno, no entra en controversia, convencido de que sus derechos se reconocer¨¢n porque tiene el compromiso del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.