El "caso Lia?o" (3)

EN REPETIDAS ocasiones hemos sostenido que el llamado caso Sogecable era una confabulaci¨®n que escond¨ªa el caso Lia?o. Dos decisiones judiciales adoptadas ayer por separado lo han confirmado. El Tribunal Supremo notific¨® al juez G¨®mez de Lia?o su procesamiento por tres presuntos delitos de prevaricaci¨®n casi al mismo tiempo que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivaba definitivamente la querella presentada contra el consejo de Sogecable. Entre ambas resoluciones hay un nexo l¨®gico que da a la coincidencia temporal categor¨ªa de s¨ªmbolo. S¨®lo una instrucci¨®n irregular, perversa, mil veces publicitada por los palmeros del poder pol¨ªtico y los amigos y familiares del juez, y sospechosa de prevaricaci¨®n, explica este desenlace.La secretar¨ªa t¨¦cnica de la Fiscal¨ªa del Estado elabor¨® poco despu¨¦s de iniciarse las diligencias judiciales un dictamen -conocido por el Gobierno- en el que descartaba cualquier vestigio de il¨ªcito penal en Sogecable. Los peritos de Hacienda llegaron a la misma conclusi¨®n en un informe realizado a petici¨®n del juez. La Sala de lo Penal archiv¨® hace meses las acusaciones por estafa y apropiaci¨®n indebida, los dos delitos mayores imputados por Lia?o. Todo ello despu¨¦s de haber corregido en siete ocasiones otras tantas decisiones del juez. Pero ni el instructor ni el fiscal Gordillo parec¨ªan hacer caso alguno de estos hechos.

Por eso resulta ins¨®lito, y contrario a la ley, que la Fiscal¨ªa niegue ahora la entrega al Supremo de los documentos que avalan la inocencia de los directivos de Sogecable y otros que ha solicitado el magistrado Mart¨ªn Canivell en el sumario abierto contra Lia?o. Quiz¨¢ sean documentos internos de la Fiscal¨ªa, pero no est¨¢n sometidos a ning¨²n secreto oficial que ampare a este ministerio p¨²blico. Especialmente cuando parece (como indica el voto particular del magistrado de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada) como si el representante del ministerio fiscal, tras el archivo de las acusaciones principales, hubiera buscado ?a toda costa una especie de segunda oportunidad a sus pretensiones acusatorias, con manifiesta infracci¨®n de las m¨¢s elementales normas de funcionamiento del proceso?.

Archivada definitivamente la acusaci¨®n contra Sogecable, el instructor -recusado en su d¨ªa con ¨¦xito por uno de los querellados- es ahora el acusado por tres presuntos delitos de prevaricaci¨®n. Esto es, por haber establecido, de forma injusta y a sabiendas, el secreto del sumario tras un auto contrario de la Sala; por limitar de forma arbitraria los movimientos de varios directivos de Sogecable procesados, y por haber fijado una fianza de 200 millones a su presidente, Jes¨²s de Polanco. Que la sala superior de la Audiencia revocara una a una todas las decisiones del juez en una instrucci¨®n que ha constituido un desprop¨®sito no desalent¨® a Lia?o. Por eso es a ¨¦l a quien toca responder ahora. Sin que quepa olvidar que el montaje contra Sogecable quiso apoyarse en un informe t¨¦cnico que, seg¨²n su autor, fue encargado desde una secretar¨ªa de Estado. Cuantas preguntas se han hecho al respecto, dentro y fuera del Parlamento, permanecen sin respuesta. Es preciso saber si se han utilizado fondos p¨²blicos, y qui¨¦n lo hizo, en la preparaci¨®n de esta trama denigratoria.

Es hora tambi¨¦n de recordar el abuso que TVE hizo de las im¨¢genes de los principales encausados entrando en la Audiencia. En contraste, por cierto, con el laconismo de sus informativos de ayer, en los que el procesamiento por el Supremo de un juez de la Audiencia Nacional fue despachado como una noticia menor. De acuerdo con la ley, y para tranquilidad de los ciudadanos, el procesamiento de Lia?o debe traducirse, en cuanto adquiera car¨¢cter de firmeza, en una suspensi¨®n de sus funciones como juez hasta que se dicte sentencia.

El desenlace del caso Sogecable , con el archivo de la querella y el procesamiento de Lia?o, pone de relieve la vigencia del Estado de derecho, pese a los defectos y a las carencias de la Administraci¨®n de justicia. El sistema de recursos permite que un tribunal colegiado, formado por varios magistrados, rectifique las decisiones injustas adoptadas por el titular de un ¨®rgano unipersonal, sean cuales sean los motivos que hayan podido animar al juez en cuesti¨®n. El desaliento que puede asaltar a los ciudadanos a quienes les haya correspondido en desgracia un juez incompetente o prevaricador tiene en s¨ª mismo plena fundamentaci¨®n, pero no debe dar lugar a una desconfianza generalizada en el Poder Judicial: un complejo sistema de aplicaci¨®n de normas, con varias instancias que culminan en el Tribunal Supremo y con la protecci¨®n a?adida del Tribunal Constitucional cuando est¨¢n en juego los derechos fundamentales.

La justicia resuelve as¨ª satisfactoriamente -ateni¨¦ndose a los procedimientos y a las t¨¦cnicas legales- los graves problemas creados por el intento de utilizaci¨®n de los tribunales por parte de una camarilla que buscaba criminalizar a un grupo de comunicaci¨®n independiente y cr¨ªtico, a fin de conseguir objetivos pol¨ªticos y consumar venganzas personales. El procesamiento de un juez de la Audiencia Nacional pone de relieve que el Supremo aplica a rajatabla el principio de igualdad ante la ley, sean quienes sean los delincuentes. El archivo del caso Sogecable es una buena noticia en primer lugar para quienes fueron injustamente procesados; lo es tambi¨¦n para este peri¨®dico, que fue objetivo central de las campa?as de descr¨¦dito emprendidas por el grupo acusador. Pero, por encima de todo, es una buena noticia para los ciudadanos que creen en el Estado de derecho y en la independencia judicial.