Contra el cine catal¨¢n

EL GOBIERNO de Jordi Pujol ha elaborado un proyecto de decreto, que desarrolla la recientemente aprobada ley del catal¨¢n, por el que se impone a los distribuidores y exhibidores de cine un r¨¦gimen obligatorio de doblajes en lengua catalana con el correspondiente apartado de sanciones, que pueden llegar hasta los 10 millones de pesetas y al cierre durante seis meses de las salas. El decreto persigue el objetivo de que los filmes de gran ¨¦xito cuenten con versi¨®n doblada al catal¨¢n junto a la versi¨®n doblada al castellano. Se trata de un objetivo en principio positivo y acorde con la Constituci¨®n espa?ola y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que reconocen y promueven la igualdad de los ciudadanos en el uso de las distintas modalidades ling¨¹¨ªsticas.El problema es de m¨¦todo, de concepto y de prioridades. El m¨¦todo no pod¨ªa resultar m¨¢s desacertado, pues el proyecto se ha gestado sin un m¨ªnimo di¨¢logo social y pol¨ªtico previo. En cuanto al concepto, es muy negativo para el sector privado cinematogr¨¢fico y en general para el empresariado, pues es la expresi¨®n del m¨¢s puro intervencionismo: por los mismos principios que se impone un r¨¦gimen disciplinario en el cine podr¨ªa imponerse tambi¨¦n en otros sectores, por razones ling¨¹¨ªsticas o de otra ¨ªndole. En cuanto a las prioridades, revela una extra?a fijaci¨®n del Gobierno de Pujol en un aspecto, probablemente el menos importante, de la cultura cinematogr¨¢fica: de poco servir¨¢n las medidas coercitivas si los ciudadanos prefieren ver las pel¨ªculas en otras lenguas o si, como ya es el caso, la industria cinematogr¨¢fica catalana y en catal¨¢n queda convertida en un erial y sus profesionales tienen que trasladarse a otras ciudades, a Madrid principalmente, sencillamente para poder seguir trabajando. Centrar la pol¨ªtica cinematogr¨¢fica en garantizar coercitivamente los doblajes al catal¨¢n de los filmes de gran difusi¨®n revela un desconocimiento alarmante de la evoluci¨®n de la industria audiovisual.

Es cierto que el proyecto ha sido elaborado con la habilidad de los golpes de efecto pol¨ªticos o incluso electoralistas. No afecta a las peque?as empresas del sector -s¨®lo las pel¨ªculas con m¨¢s de 16 cintas en exhibici¨®n estar¨¢n obligadas a las cuotas-, utiliza la ley ling¨¹¨ªstica con toda la energ¨ªa sancionadora que exigen los sectores del nacionalismo m¨¢s radical y permite a los convergentes seguir lavando ante su electorado el pecado de su apoyo al Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Pero el objetivo que persigue puede alcanzarse por otros caminos, como los convenios con la industria para aumentar la presencia de la lengua catalana en los grandes circuitos. En vez de optar por la v¨ªa de la intervenci¨®n, todo Gobierno catal¨¢n responsable debiera arbitrar una pol¨ªtica de promoci¨®n de la cinematograf¨ªa, de forma que los profesionales y empresas del sector no se vieran obligados a abandonar Barcelona, la ciudad que fue, no hace muchos a?os, una din¨¢mica capital de la cinematograf¨ªa espa?ola. Es de esperar que el debate pol¨ªtico y profesional generado y la tramitaci¨®n del decreto sirvan para rectificar la propuesta y buscar un amplio consenso sobre el que basar el apoyo al cine en catal¨¢n y en Catalu?a.