Sobre el "caso Marey"

No es funci¨®n del Defensor del Lector, como es sabido, inmiscuirse en el terreno de la opini¨®n, tanto si es la del peri¨®dico, expresada en sus editoriales, como la de los diversos comentaristas que analizan y valoran, desde sus particulares y cualificados puntos de vista, los acontecimientos informativos de cada d¨ªa. Salvo que, como es l¨®gico, la toma de posici¨®n editorial o el comentario contengan datos y hechos que, como tales, deben estar sometidos a las reglas y principios de la informaci¨®n o se expresen en t¨¦rminos manifiesta e injustamente lesivos para las personas. Pero al Defensor del Lector no le est¨¢ vedado atender peticiones sobre aclaraciones de tal o cual toma de posici¨®n editorial o sobre el alcance y sentido de un determinado comentario.A Leopoldo J. Rojo Sastre, lector de primera hora de EL PA?S en Madrid, le han suscitado dudas algunos aspectos de la columna de Javier Pradera Hip¨®tesis y pruebas en torno al juicio que se sigue ante la Sala Segunda del Supremo sobre el caso Marey (EL PA?S de 10 de junio), y especialmente lo que considera empe?o del columnista en "hacer apurar al se?or Barrionuevo el c¨¢liz hasta las heces". Para este lector, Pradera no deja de verter en sus escritos o en sus tertulias radiof¨®nicas "un poco m¨¢s de ac¨ªbar en las heridas o de apretar un poco m¨¢s los instrumentos de tortura sobre aquel a quien ya ha condenado hace tiempo". En resumen, este lector juzga poco piadosa la actitud de Pradera para con el antiguo ministro socialista del Interior Jos¨¦ Barrionuevo, y pide al Defensor del Lector que se le explique en qu¨¦ se diferencia la actitud de EL PA?S y la del peri¨®dico El Mundo en este asunto.

En lo que se refiere a Javier Pradera, ¨¦ste no ha tenido inconveniente en atender la invitaci¨®n del Defensor del Lector para que conteste a la cr¨ªtica del lector sobre sus opiniones acerca del futuro procesal de Barrionuevo expresadas en su columna Hip¨®tesis y pruebas y en la tertulia Hoy por hoy, de la cadena SER. Y, por lo que se refiere al Defensor del Lector, no hay inconveniente tampoco en explicar la posici¨®n de EL PA?S sobre el caso Marey y en general sobre la guerra sucia contra ETA para que ¨¦ste y otros lectores establezcan por s¨ª mismos las diferencias existentes en este asunto respecto del diario El Mundo.

Dice Javier Pradera: "Ni condeno ni absuelvo por anticipado a Jos¨¦ Barrionuevo: esa tarea corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo. En un Estado de derecho, los tribunales penales son la ¨²nica instancia legitimada para cancelar la presunci¨®n de inocencia de los acusados, tras practicar una actividad probatoria suficiente y motivar su veredicto. Los adversarios del ex ministro violan sus derechos constitucionales como justiciable al montar un juicio paralelo, extramuros del Supremo, para obligar as¨ª a los magistrados a establecer como verdad judicial una reconstrucci¨®n de los hechos culpabilizadora de Barrionuevo (por veros¨ªmil que pueda resultar hist¨®ricamente esa hip¨®tesis). Y aun siendo cierto que, desde un punto de vista humanitario y garantista, los vengativos esfuerzos por conseguir una condena de un enemigo pol¨ªtico no sean equiparables con los generosos intentos de lograr la absoluci¨®n de un amigo personal (aunque sea manejando hip¨®tesis inconvincentes), los organizadores del juicio paralelo de signo opuesto para forzar la sentencia exculpatoria del ex ministro tambi¨¦n est¨¢n deslegitimando los mecanismos establecidos por el Estado de derecho para resolver los conflictos penales".

En la medida en que la posici¨®n aqu¨ª resumida de Pradera es representativa de la de EL PA?S, el lector puede deducir las diferencias existentes entre este peri¨®dico y El Mundo respecto del proceso que se ventila actualmente ante la Sala Segunda del Supremo. Pero el Defensor del Lector, como se ha dicho m¨¢s arriba, no tiene inconveniente en exponer cu¨¢l ha sido la posici¨®n de EL PA?S sobre el tema de los GAL, y en general sobre la guerra sucia contra ETA, para que el lector establezca por s¨ª mismo las diferencias.

He aqu¨ª los trazos m¨¢s significativos de la posici¨®n editorial de EL PA?S sobre una cuesti¨®n que, degraciadamente, ha ensombrecido durante demasiado tiempo la democracia espa?ola, al tiempo que se convert¨ªa en un elemento de distorsi¨®n y de crispaci¨®n de la vida pol¨ªtica:

1. Condena sin ambages de la guerra sucia contra ETA, tanto la referida a los GAL como la atribuida a los diversos grupos que, bajo las siglas BVE, ATE o TripleA, actuaron en la ¨¦poca de los Gobiernos de UCD.

Como bot¨®n de muestra baste recordar el editorial publicadado pocos d¨ªas despu¨¦s del secuestro de Segundo Marey -primera actuaci¨®n delictiva de los GAL-, que se iniciaba as¨ª: "El asesinato en Bayona de Ram¨®n O?ederra, un refugiado vasco del que se presum¨ªan conexiones o simpat¨ªas con ETA Militar, confirma los temores, nacidos con el extra?o secuestro de Segundo Marey y la detenci¨®n de un ex legionario de apellido espa?ol, del comienzo de operaciones de guerra sucia en el Pa¨ªs Vasco franc¨¦s contra militantes o simpatizantes de las bandas terroristas. La expresi¨®n guerra sucia no es, en realidad, m¨¢s que un hip¨®crita eufemismo para designar actividades criminales que se revisten de terminolog¨ªa militar con el in¨²til prop¨®sito de hacerse perdonar su infamia y de acogerse a la protecci¨®n, supuestamente ennoblecedora, de los m¨®viles pol¨ªticos. Los patrocinadores de esta barbarie no hacen sino ocupar un lugar sim¨¦tricamente opuesto al de los terroristas" (La guerra sucia, 21 de diciembre de 1983).

2. Exigencia -expresada en numerosos editoriales- de que el caso Amedo fuera judicialmente investigado en toda su extensi¨®n y cr¨ªtica, en consecuencia, a la negativa del Ministerio del Interior a facilitar al juez Garz¨®n los datos sobre los fondos reservados que necesitaba para culminar la instrucci¨®n sumarial. Del mismo modo, exigencia -cuando el asunto GAL resurgi¨® judicialmente en diciembre de 1994- de un esclarecimiento de los hechos ante los tribunales, as¨ª como de la celebraci¨®n lo m¨¢s r¨¢pidamente posible del juicio para evitar, de un lado, que una posible prescripci¨®n de los supuestos delitos impidiese su esclarecimiento judicial y, de otro, que una dilataci¨®n excesiva del proceso siguiera hipotecando gravemente, como era evidente que suced¨ªa, el normal desenvolvimiento de la vida pol¨ªtica e incluso institucional del Estado.

3. Oposici¨®n a la instrumentaci¨®n pol¨ªtica partidaria del tema de los GAL, con mayor motivo por serlo por grupos que podr¨ªan pasar por ser los ideol¨®gicamente m¨¢s comprensivos con los m¨¦todos de la guerra sucia o que miraron hacia otro lado mientras se perpetraban los cr¨ªmenes. 4.Posici¨®n favorable a que el Gobierno socialista asumiera responsabilidades pol¨ªticas, con independencia de las posibles responsabilidades penales, que siempre ser¨ªan de car¨¢cter personal. 5.Respeto absoluto por el procedimiento del Tribunal Supremo, as¨ª como por su eventual decisi¨®n incluso si es absolutoria, sin presionar en un sentido u otro a los magistrados del tribunal.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electr¨®nico (defensor@elpais.es), o tel¨¦fonearle al n¨²mero 91 337 78 36.