El fiscal jefe de Vitoria niega haber sido informado sobre las escuchas ilegales

El inspector de polic¨ªa acusado de participar en escuchas ilegales junto a responsables de la empresa de seguridad Aupari asegur¨® en el juicio celebrado ayer que el fiscal jefe de Vitoria ten¨ªa conocimiento del hecho, y que en una de las reuniones que manten¨ªa con ¨¦l de manera regular le entreg¨® una cinta grabada y unos listados mensaf¨®nicos de clientes de la firma. El fiscal, que declar¨® en calidad de testigo, neg¨® estos hechos aunque reconoci¨® que se entrevistaba con el jefe antidroga para tratar sobre investigaciones policiales.

La vista oral se inici¨® con la petici¨®n por parte del abogado defensor del inspector de polic¨ªa Pedro Gerardo G.F., jefe del Grupo de Estupefacientes en el momento de los hechos -los a?os 1993 y 94- de la nulidad de todas las pruebas contra su defendido por un "vicio" procesal de origen. El letrado acus¨® al juez instructor de haber basado toda una investigaci¨®n en la que se inclu¨ªan imputaciones sobre tr¨¢fico de drogas y prostituci¨®n en unos rumores de los que se hab¨ªa hecho eco la brigada de asuntos internos del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa en Madrid sobre la base de un an¨®nimo. Cuatro de los cinco procedimientos abiertos contra el inspector en mayo de 1994, asuntos que motivaron su ingreso temporal en prisi¨®n, fueron archivados hace dos meses y s¨®lo queda pendiente el caso de las escuchas ilegales. Pedro Gerardo G. F. destac¨® que las escuchas telef¨®nicas a las que hab¨ªa sometido el gerente de la empresa de seguridad Aupari a uno de sus empleados estaban basadas en la sospecha de que este traficaba con drogas. En las cintas grabadas aparec¨ªan nombres de dos conocidos traficantes, raz¨®n por la que Ignacio Luis B.M. puso las grabaciones en manos del inspector con el que le un¨ªa una fuerte amistad personal. Tanto las cintas como un listado de mensajes de clientes de la empresa, seg¨²n el polic¨ªa, fueron entregados al fiscal, con el que manten¨ªa reuniones "semanales". "Siempre me he llevado bien con Aya", asegur¨® el agente. "Adem¨¢s cre¨ªa que era totalmente legal, ya que las grabaciones se hicieron en el despacho privado del gerente de Aupari y a trav¨¦s de su propio tel¨¦fono", adujo. Desmentido de Aya El fiscal jefe neg¨® haber recibido de manos de Pedro Gerardo las cintas y los listados. "Despach¨¢bamos con cierta frecuencia, pero no puso en mi conocimiento la aparici¨®n de estos nombres [los de los presuntos traficantes de droga] en las cintas ni me las entreg¨®", indic¨® el representante del ministerio p¨²blico. Aya record¨® que en aquella ¨¦poca se detect¨® la apertura de una nueva v¨ªa, "m¨¢s profesional", de venta de estupefacientes procedente de Pamplona, y que los sospechosos "estaban en cartera" para ser investigados. La existencia de un esc¨¢ner en las dependencias de la empresa Aupari, en donde se hallaban memorizadas frecuencias de numerosas instituciones y organismos, era un dato "desconocido" por el inspector, seg¨²n resalt¨® ¨¦l mismo. El gerente y el resto de los acusados destacaron que la tenencia de este tipo de aparatos no es ilegal, y negaron que existiera una intenci¨®n de servirse de las comunicaciones de una empresa de radio-taxi para beneficiar otra asociaci¨®n competidora con la que trabajaba Aupari. Junto al ministerio p¨²blico, se personaron en el juicio acusaciones que representaban a la empresa de radio-taxi perjudicada y al empleado de Aupari presuntamente espiado. Las demandas de penas que formular¨¢n se mueven entre los cuatro meses y los seis a?os de prisi¨®n para el m¨¢ximo responsable de la firma vitoriana de seguridad.