El Consell a¨²n no ha indemnizado a los vecinos del Parque Ansaldo por la estafa de sus casas

La compra en 1980 de una vivienda en la urbanizaci¨®n Parque Ansaldo de San Juan se ha convertido en una pesadilla para cientos de personas que con el tiempo se ha agravado, al transformarse el barrio en un sin¨®nimo de gueto, tr¨¢fico de drogas y conflicto ciudadano. Para los vecinos y afectados, el origen de la degradaci¨®n es la suma de varias irregularidades administrativas y decisiones pol¨ªticas. Los propietarios reclaman desde hace dos d¨¦cadas un derecho tan fundamental como el de percibir indemnizaciones por una viviendas sociales que no cumpl¨ªan las condiciones t¨¦cnicas exigidas por la ley.

Carlos Bravo compr¨® en 1980 uno de los 612 inmuebles de la urbanizaci¨®n de Parque Ansaldo. El precio era de 2.200.000 pesetas, y la operaci¨®n se financi¨® a trav¨¦s del Banco Hipotecario. Las familias que se instalaron en la barriada detectaron a los pocos meses graves deficiencias en la construcci¨®n. "Aparecieron grietas en las paredes, los materiales eran defectuosos y ten¨ªamos inundaciones de aguas fecales", asegura el afectado. Los que se sintieron enga?ados, decidieron movilizarse. En una de sus visitas al Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU), descubrieron que el 2 de mayo de 1978 este organismo comunic¨® a la constructora de Parque Ansaldo, Viviendas Sociales de Alicante S.A., que su proyecto no cumpl¨ªa con las condiciones t¨¦cnicas exigibles. Los vecinos a¨²n se preguntan c¨®mo la delegaci¨®n provincial del Ministerio autoriz¨® la construcci¨®n de las viviendas el 7 de junio de ese mismo a?o, con un informe negativo de sus t¨¦cnicos. "Nos estafaron porque nos vendieron unas casas que los t¨¦cnicos no aprobaron", se?ala Bravo. La movilizaci¨®n de los vecinos alarm¨® a los futuros compradores. De las 612 viviendas, ¨²nicamente se ocuparon unas 300, y el resto de inmuebles qued¨® vac¨ªo. Fue entonces cuando el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo adquiri¨® 180 casas de Parque Ansaldo, mientras los propietarios comenzaban a interponer las primeras denuncias ante los organismos competentes. A finales de 1982, y tras un informe t¨¦cnico del ministerio, se inici¨® un expediente sancionador contra la constructora por infracci¨®n del r¨¦gimen legal de viviendas de protecci¨®n social. No obstante, en 1985 la Direcci¨®n General de la Vivienda orden¨® que el expediente se retrotrayera por "vicio de forma", ya que no se cit¨® al arquitecto del proyecto. En 1986, los vecinos interpusieron un contencioso administrativo e iniciaron un proceso judicial, en varias instancias, que a¨²n est¨¢ por resolver. En 1991, el Tribunal Supremo orden¨® la desclasificaci¨®n de las viviendas de la categor¨ªa de sociales y decret¨® asimismo el derecho de los propietarios a percibir de la Generalitat (como Administraci¨®n competente en materia de vivienda heredera de la gesti¨®n ministerial) una indemnizaci¨®n de da?os y perjuicios por el funcionamiento de los servicios p¨²blicos. La administraci¨®n y los vecinos intentaron llegaron a un acuerdo tras esta sentencia. Las negociaciones duraron m¨¢s de dos a?os, y en febrero de 1994 los afectados pidieron la ejecuci¨®n de esta sentencia. El proceso se encuentra todav¨ªa en tramitaci¨®n.