La UCE denuncia fraudes de instaladores de gas

La Uni¨®n de Consumidores de Espa?a (UCE) pidi¨® ayer al Gobierno que adopte medidas urgentes para solucionar los m¨¢s de 3.000 casos de fraude que se denunciaron en 1997, presuntamente cometidos por m¨¢s de 50 empresas instaladoras de gas. Seg¨²n la UCE, el monto del fraude supera los 40 millones de pesetas y si no se pone freno puede llegar hasta los 75.000 millones.Las denuncias se centran en la utilizaci¨®n por parte de los empleadores de las empresas de "formas de presentaci¨®n enga?osa", tales como que son "inspectores del gas" o "inspectores del butano". Seg¨²n las denuncias, se introducen as¨ª en los domicilios y proceden a la sustituci¨®n de elementos de las instalaciones que en ocasiones se encuentran en perfecto estado, cobrando por ello de 10.000 a 40.000 pesetas.

El perfil del consumidor enga?ado por las empresas y los instaladores de gas es el de una persona mayor de 50 a?os, de clase social media o baja, de zona rural, y usuario de gas butano o gas natural. Los responsables de la UCE criticaron la "pasividad" de los poderes p¨²blicos ante este problema, lo que hace posible que las empresas que se dedican a estafar a los usuarios "sigan actuando a sus anchas por todo el pa¨ªs en la m¨¢s absoluta impunidad".

Estas empresas, algunas autorizadas y otras falsas, se aprovechan del temor del usuario en un asunto tan delicado como es la seguridad de este tipo de instalaciones. La confusi¨®n existente entre los consumidores se debe al desconocimiento del cambio de la normativa de las instalaciones de gas a granel y envasado, que en el a?o 1992 elimin¨® la obligaci¨®n de la empresa suministradora de inspeccionar las instalaciones de los usuarios, convirtiendo a ¨¦stos en responsables del mantenimiento de sus instalaciones.

Propuestas de la UCE

Entre las medidas que propone la UCE para combatir estas pr¨¢cticas fraudulentas est¨¢n: la aprobaci¨®n de una legislaci¨®n que delimite las responsabilidades de cada parte sobre la seguridad de las instalaciones de gas, el establecimiento de un modelo de certificado homologado en toda Espa?a, campa?as masivas de informaci¨®n y la creaci¨®n de una "Cartilla de Gas", que recoja todas las incidencias que afecten al funcionamiento de la instalaci¨®n. "De ese modo, ser¨ªa el usuario, y no la empresa suministradora la que controlase su instalaci¨®n".Este fraude, seg¨²n la UCE, afecta a 15 millones de usuarios.

Muchos de ellos se quejan tambi¨¦n de que las empresas incluyen en sus folletos sellos que garantizan su sometimiento a arbitraje de consumo y tambi¨¦n de que utilizan como reclamo la constituci¨®n de una p¨®liza de responsabilidad civil por un importe de 25 millones de pesetas que es obligatoria.

Las empresas denunciadas operan en varias comunidades aut¨®nomas, y algunas de ellas est¨¢n registradas en una comunidad pero no re¨²nen los requisitos para actuar en otras.