La oposici¨®n amenaza a Clinton con un proceso de destituci¨®n si se niega a declarar

El fiscal especial Kenneth Starr ha conseguido acorralar pol¨ªtica y jur¨ªdicamente al presidente Bill Clinton y relanzar al primer plano de la actualidad el caso Lewinsky. En una decisi¨®n sin precedentes en la historia de EEUU, Starr ha pedido la comparencia personal ante un gran jurado del primer mandatario norteamericano, cuyos abogados negocian contrarreloj con el fiscal para evitar a Clinton la humillaci¨®n de hacer historia. La oposici¨®n republicana ha amenazado ya a Clinton con abrir un proceso de impeachment (destituci¨®n) si se niega a declarar.

La audaz maniobra de Starr podr¨ªa sumir a este pa¨ªs en una crisis constitucional de resultados imprevisibles, ya que desde la fundaci¨®n de la Rep¨²blica ning¨²n presidente en ejercicio ha sido citado a declarar personalmente ante un gran jurado. Los presidentes Thomas Jefferson, Richard Nixon, Ronald Reagan y George Bush s¨®lo recibieron citaciones para someter documentos secretos a la consideraci¨®n del gran jurado o de comisiones parlamentarias de investigaci¨®n.Clinton puede elegir entre varias opciones para negarse a declarar, pero, en opini¨®n de sus asesores, el coste pol¨ªtico que tendr¨¢, especialmente de cara a las elecciones legislativas del pr¨®ximo oto?o, ser¨ªa inasumible para el presidente y los dem¨®cratas. De hecho, los republicanos, agazapados desde el comienzo del caso Lewinsky a la espera de una oportunidad para lanzarse a la yugular de Clinton, ya han empezado a ense?ar sus cartas. El senador Orrin Hatch, presidente del Comit¨¦ Judicial del Senado, manifest¨® el domingo que una negativa a declarar por parte del presidente podr¨ªa dar lugar a la iniciaci¨®n del impeachment (el proceso legal previsto por la Constituci¨®n para destituir a los presidentes) por parte de la C¨¢mara de Representantes.

Las cuatro alternativas entre las que, seg¨²n fuentes legales, puede optar Clinton son las siguientes: iniciar un procedimiento legal ante los tribunales, que terminar¨ªa en el Supremo, cuestionando la legalidad de la citaci¨®n sobre la base de que s¨®lo la C¨¢mara de Representantes tiene autoridad para interrogar a un presidente en ejercicio. Este curso de actuaci¨®n constituir¨ªa un arma de dos filos, tanto para Starr como para el presidente. Para el primero supondr¨ªa la prolongaci¨®n del caso durante meses, algo que el fiscal especial quiere evitar ante el hast¨ªo de la opini¨®n p¨²blica. Para Clinton, el coste pol¨ªtico ser¨ªa considerable.

La segunda eventualidad consistir¨ªa en ignorar la citaci¨®n, lo que dar¨ªa pie a una apelaci¨®n de Starr ante los tribunales por desacato. Nuevo embrollo constitucional y m¨¢s desgaste pol¨ªtico. Una tercera v¨ªa, rechazada de plano por los asesores de la Casa Blanca, ser¨ªa comparecer ante el gran jurado y negarse a declarar invocando la Quinta Enmienda constitucional, que protege el derecho de los ciudadanos a no autoincriminarse.

Por ¨²ltimo, la cuarta, y sobre la que aparentemente se centran las negociaciones entre los abogados de Clinton y la oficina de Starr, supondr¨ªa la grabaci¨®n del interrogatorio de Starr en la Casa Blanca para ser luego pasado a los miembros del gran jurado.

La Casa Blanca expres¨® ayer su decepci¨®n porque un tribunal de apelaci¨®n estimara que Bruce Lindsey, el abogado de Clinton, no puede invocar la conficencialidad de las relaciones cliente-abogado para rechazar responder al gran jurado. Mientras tanto, Monica Lewinsky se entrevist¨® ayer con los fiscales del caso en lo que puede ser el primer paso para alcanzar un acuerdo que garantice su inmunidad.