El Estado abona 296 millones a 150 afectados en el primer pago por la "pantanada" de 1992
El Estado transfiri¨® ayer 296 millones de pesetas a la cuentas bancarias de 150 de los perjudicados por la rotura de la presa de Tous, la cat¨¢strofe que el 20 de octubre de 1982 -hace casi 16 a?os- asol¨® 32 municipios de la Ribera. Estos pagos, los primeros que efect¨²a el gobierno en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, llegar¨¢n en las pr¨®ximas semanas a los otros 5.000 damnificados que agotaron la v¨ªa legal. Los perjudicados s¨®lo cobrar¨¢n intereses desde que reclamaron sus indemnizaciones ante la Delegaci¨®n del Gobierno, hace apenas 15 d¨ªas.
La m¨¢quina burocr¨¢tica articulada en la Delegaci¨®n del Gobierno en la Comunidad Valenciana y la secci¨®n tercera de la Audiencia de Valencia para hacer efectivos los pagos a los damnificados de Tous se puso en marcha ayer, casi 16 a?os despu¨¦s de que la rotura de una presa asolara decenas de municipios, destruyera miles de hect¨¢reas de terreno agr¨ªcola y arrasara viviendas e industrias del coraz¨®n de Valencia, la comarca de la Ribera. Los funcionarios de la sucursal del Estado remitieron una lista con 150 nombres a la Audiencia, donde las autoridades judiciales dieron ¨®rdenes a la entidad bancaria que trabaja con la Administraci¨®n de Justicia -el Banco Bilbao Vizcaya- para que ingresara en la cuenta de esos 150 damnificados por la pantanada de Tous un total de 296 millones de pesetas. Otros 5.000 perjudicados por la cat¨¢strofe (el resto de los que decidieron apostar por los tribunales para reclamar sus derechos) ser¨¢n compensados antes del pr¨®ximo oto?o. Ricardo March Marco, un vecino de Algemes¨ª, no tendr¨¢ que esperar m¨¢s. Es la ¨²ltima de las 150 personas inscrita en la lista facilitada por la Delegaci¨®n del Gobierno que, seg¨²n un portavoz de esta instituci¨®n, cobraron ayer. No obstante, March Marco no encaj¨® la noticia con felicidad, tampoco con disgusto. Buena prueba de ello es que ni siquiera se molest¨® en comprobar si su cuenta corriente hab¨ªa aumentado de saldo. "No he tenido ocasi¨®n de acercarme al banco y ver si se ha realizado la transferencia bancaria", dijo March, quien, desde una combinaci¨®n de escepticismo e iron¨ªa rechaz¨® pronunciarse sobre la justicia de las indemnizaciones. "Desconozco si son las adecuadas, lo ¨²nico cierto es que todos los perjudicados por la pantanada hemos salido perdiendo. Nadie resulta beneficiado cuando una desgracia inesperada le afecta". El distanciamiento de March respecto al caso le lleva a mostrarse condescendiente, incluso indulgente, para con el Estado, dos de cuyos poderes -el Ejecutivo y el Judicial- han necesitado cuatro juicios, dos decretos-ley y 16 a?os para empezar a cerrar las heridas causadas por la cat¨¢strofe. "El Estado es el amo, es el que manda, por lo que poco puedo decir yo acerca del retraso en los pagos o su actuaci¨®n en este tema", remat¨® el vecino de Algemes¨ª de forma lac¨®nica. March, como Vicenta Ferrer Castell¨® o el resto de los afectados por el derrumbamiento de la presa de Tous que se disponen a cobrar, desconoc¨ªa en qu¨¦ medida sus indemnizaciones aumentar¨ªan con el pago de intereses que fijaba el auto de ejecuci¨®n de la sentencia que finiquit¨® el caso. El auto de la Audiencia de Valencia -la decisi¨®n jur¨ªdica que fijaba las indemnizaciones a percibir por los afectados en base a la sentencia definitiva del Tribunal Supremo- determin¨® que la Administraci¨®n del Estado "pagar¨¢ el inter¨¦s legal vigente del dinero si, transcurridos tres meses desde la notificaci¨®n de la presente resoluci¨®n, no se ha efectuado cumplido pago a los damnificados de las cantidades expresadas", tal como ha sucedido. La resoluci¨®n fue trasladada a las partes en litigio el 24 de marzo, mientras que el Estado -a trav¨¦s de la Delegaci¨®n del Gobierno- tard¨® 112 d¨ªas (tres meses y medio) en citar a los 5.000 beneficiados en la sentencia para tramitar los correspondientes cobros. A pesar de ello, el cobro de intereses se limitar¨¢ al periodo comprendido entre la reclamaci¨®n por escrito de los damnificados ante la Delegaci¨®n y el d¨ªa de pago. Semanas de intereses Es decir, entre el momento en el que los perjudicados completaron el formulario necesario para cobrar -etapa que comenz¨® el pasado 13 de julio- y el del abono de los pagos, que se inici¨® ayer y concluir¨¢, en principio, entre septiembre y octubre. El Estado no soportar¨¢ ning¨²n grav¨¢men por los cinco meses -el 27 de febrero se hizo p¨²blico el auto y ayer no se comenz¨® a pagar- que ha tardado en hacer efectivas las indemnizaciones. De todas formas, el cap¨ªtulo de las compensaciones por la pantanada a¨²n no ha sido cerrado. El gobierno y la Generalitat negociar¨¢n con cerca de 28.000 damnificados (los que se acogieron a las ayudas ofrecidas por el Estado en sendos decretos- ley) nuevas indemnizaciones. ?stas deben equiparar las cantidades a percibir por los 5.000 vecinos que agotaron la v¨ªa judicial con el resto, que fue compensado con cantidades bastante inferiores.
El renacimiento de Gavarda
Las consecuencias de la cat¨¢strofe de octubre de 1982 no se vivieron (o sufrieron) s¨®lo a nivel personal, sino que afectaron a localidades enteras. ?se es el caso de Gavarda, un municipio de 1.200 habitantes, situado en el suroeste de la Ribera y cuyo antiguo emplazamiento distaba apenas un centenar de metros del r¨ªo J¨²car. Precisamente, la cercan¨ªa del casco urbano del municipio al r¨ªo agrav¨® el derrumbamiento de la presa de Tous, cuyos devastadores efectos fueron reforzados por el desbordamiento del J¨²car en ese punto de la comarca, tal como pas¨® en otras localidades vecinas. Por ello, la hist¨®rica ubicaci¨®n de Gavarda cambi¨®. Con la anuencia final de gran parte del pueblo el Estado construy¨® un nuevo municipio a apenas un kil¨®metro del antiguo, en un lugar m¨¢s elevado y, salvo fen¨®menos de consecuencias imprevisibles, guarecido de las peri¨®dicas crecidas del r¨ªo. No obstante, no todos los vecinos del municipio vieron con agrado el abandono de sus casas. Unas 30 familias - algunas unipersonales, muchas compuestas por personas de avanzada edad- se negaron a abandonar su hogar para ocupar alguna de las 381 viviendas que ahora componen un conjunto arquitect¨®nico marcado por la armon¨ªa. Por ello, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos Gonz¨¢lez Cepeda, ha anunciado que el Ministerio de Administraciones P¨²blicas iniciar¨¢ a la vuelta del verano las negociaciones para consolidar la antigua Gavarda, cuyos vecinos viven ahora en una situaci¨®n de alegalidad: tienen agua y luz, pero no pueden acometer ning¨²n tipo de obra de reforma y sus casas est¨¢n rodeadas por otras viviendas deshabitadas, abandonadas a su suerte cuando sus antiguos moradores se desplazaron al nuevo casco urbano, a principios de 1991. Las negociaciones implicar¨¢n al Ayuntamiento de la localidad, la Generalitat y la Diputaci¨®n de Valencia, y tendr¨¢n un objetivo: buscar la f¨®rmula legal y los recursos econ¨®micos para que los habitantes del antiguo casco urbano tengan el mismo nivel de servicios que el resto de sus paisanos.
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