La Corte Suprema argentina cierra la puerta a las investigaciones sobre los desaparecidos

La Corte Suprema argentina ha asestado un duro golpe a la esperanza de conocer la verdad de lo que ocurri¨® con los miles de desaparecidos durante la ¨²ltima dictadura militar. Y al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas pueden respirar tranquilas. De momento. Por cinco votos a cuatro, los jueces de la m¨¢s alta instituci¨®n del poder judicial decidieron ayer dar carpetazo a la causa 450, m¨¢s conocida como la que se sigue contra el ex general Guillermo Su¨¢rez Mason, jefe del primer cuerpo del Ej¨¦rcito bajo la dictadura.

La C¨¢mara Federal de Buenos Aires investigaba la verdad hist¨®rica del genocidio con el ¨²nico fin de dar satisfacci¨®n a los anhelos de los familiares de las v¨ªctimas y cumplir con los tratados internacionales.En concreto, el alto tribunal rechaz¨® la petici¨®n de Carmen Aguiar de Lapac¨®, madre de una desaparecida que hab¨ªa solicitado "la realizaci¨®n de pruebas" para conocer el destino final de su hija, detenida y desaparecida en el centro clandestino El Atl¨¦tico que funcionaba en Buenos Aires.

La sentencia puede afectar a otras peticiones similares en el tribunal federal y en los de La Plata y C¨®rdoba, por ejemplo. Queda abierto, sin embargo, el resquicio de la investigaci¨®n sobre el robo de hijos de detenidas-desaparecidas en las causas que siguen los jueces Adolfo Bagnaschi y Roberto Marquevich por tratarse de un delito que no prescribe y que llev¨® a la c¨¢rcel al ex general Jorge Rafael Videla, hoy bajo arresto domiciliario.

Las investigaciones de la C¨¢mara Federal, que han permitido descubrir nuevos detalles de la represi¨®n, no pod¨ªan en ning¨²n caso desembocar en el procesamiento y eventual castigo penal de los militares implicados en la represi¨®n, ya que est¨¢n amparados por las leyes de punto final y obediencia debida o por el indulto del presidente Carlos Menem dictado en 1990.

Pero la Corte Suprema ha dicho "no". Para los jueces de la llamada mayor¨ªa oficialista, seguir por este camino "implicar¨ªa la reapertura del proceso" y volver a investigar a quienes "ya han sido sobrese¨ªdos definitivamente".

Carrusel de citaciones

En el ejercicio del "derecho a la verdad", la C¨¢mara Federal indaga actualmente el paradero de varios desaparecidos, como el escritor y periodista Rodolfo Walsh, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, la joven sueca Dagmar Hagelin y los dirigentes guerrilleros Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga. La investigaci¨®n s¨ª pod¨ªa dar paso a un carrusel de citaciones judiciales de militares retirados y en activo para declarar sobre los desmanes de la dictadura. Pueden negarse a responder a las preguntas de los jueces, como ya hizo el exalmirante Emilio Massera cuando fue convocado, pero la instituci¨®n castrense ha hecho saber en varias ocasiones su malestar por la actitud de algunos jueces.Para Evel Petrini, de la asociaci¨®n Madres de Plaza de Mayo, la resoluci¨®n de la Corte Suprema "es una decisi¨®n pol¨ªtica y una demostraci¨®n de la complicidad de la justicia con el Gobierno y los militares". Petrini calific¨® de "aberrante" el fallo del tribunal, aunque no expres¨® sorpresa alguna. "No creemos en esta Corte, algunos de cuyos miembros fueron jueces de la dictadura. Seguiremos exigiendo el castigo para los asesinos, pero nosotras no hablamos de casos individuales, sino de los 30.000 desaparecidos. Los genocidas nunca pensaron que 21 a?os despu¨¦s no podr¨ªan dormir tranquilos", dijo Evel Petrini.