Nacionalismos y lealtades al pacto de 1978

D¨ªas atr¨¢s, en estas mismas p¨¢ginas, don Gregorio Peces-Barba, entre cuyos m¨¦ritos destaca su condici¨®n de ponente constitucional, expon¨ªa la tesis seg¨²n la cual las pretensiones pol¨ªticas de los nacionalismos "perif¨¦ricos" -bueno es llamarles perif¨¦ricos si ello ayuda a percibir la presencia de otro nacionalismo "central"- suponen un quebranto del consenso de 1978 e incluso una provocaci¨®n que crea irritaci¨®n, cansancio y desasosiego, susceptible por ella misma de proporcionar a los deudos del franquismo el argumento legitimador que ans¨ªan para acabar con el sistema democr¨¢tico. Para alejar dicha amenaza, el ilustre ex presidente del Congreso propone a los nacionalismos mayores dosis de lealtad constitucional y una mayor integraci¨®n para desplazarnos luego a un di¨¢logo abierto y sin descalificaciones (por parte nuestra, supongo). Me alegro de dicha invitaci¨®n al debate, de la misma manera que celebro que quien tanto intervino en nuestra redacci¨®n califique la Constituci¨®n como el pacto de 1978, puesto que ello nos servir¨¢ para sentar algunos extremos que se olvidan con demasiada frecuencia.

En primer lugar, un pacto consiste en un acuerdo o concierto suscrito entre dos o m¨¢s intervinientes que se obligan al cumplimiento de lo convenido. Por tanto, reconocer que en 1978 hubo acuerdo o consenso en la cuesti¨®n auton¨®mica nos recuerda no s¨®lo la existencia de un conflicto previo, sino tambi¨¦n la pluralidad de partes.

La cuesti¨®n de las nacionalidades ha supuesto uno de los grandes desajustes de la Espa?a contempor¨¢nea. Centr¨¢ndonos en el caso catal¨¢n, conviene recordar, aunque sea s¨®lo a trazos gruesos, dos hechos incontrovertibles: primero, que la integraci¨®n pol¨ªtica de Catalu?a en el senado del Estado unitario acontece no por incorporaci¨®n voluntaria, sino por anexi¨®n manu militari en 1714, y, en segundo lugar, que desde entonces el pueblo catal¨¢n no s¨®lo ha preservado su identidad como naci¨®n, sino que ha manifestado tambi¨¦n una clara ansia de autogobierno en todas aquellas circunstancias pol¨ªticas -desgraciadamente pocas en la historia de Espa?a- en que ha sido posible la libre expresi¨®n de su voluntad. El franquismo, otra vez por la fuerza de las armas, emprendi¨® una feroz represi¨®n de las se?as de identidad catalanas en un vano intento de nation building y uniformizaci¨®n de la sociedad espa?ola. Y 40 a?os son muchos como para no dejar en los esquemas mentales de muchos ciudadanos secuelas tan graves como la demonizaci¨®n de los nacionalismos, la creencia que la intervenci¨®n de ¨¦stos en la pol¨ªtica espa?ola es mezquina y censurable, o la opini¨®n que la pervivencia de Espa?a se halla amenazada por la recuperaci¨®n de las libertades de sus naciones hist¨®ricas. Sea como fuere, a finales del franquismo exist¨ªa una inequ¨ªvoca identificaci¨®n entre la recuperaci¨®n de las libertades pol¨ªticas y la reintegraci¨®n de los derechos nacionales. Baste recordar, para demostrarlo, que, en su congreso de 1974, el PSOE asum¨ªa una expl¨ªcita defensa del derecho de autodeterminaci¨®n y afirmaba textualmente que ¨¦ste "comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado Espa?ol". El mismo esp¨ªritu y un similar reconocimiento del derecho de autodeterminaci¨®n animaban la resoluci¨®n sobre nacionalidades formulada en el Congreso del PSOE de 1976.

Por su parte, el PCE, en su Manifiesto-Programa de 1975, refiri¨¦ndose al nacionalismo catal¨¢n, vasco y gallego, reconoc¨ªa "el inalienable derecho de los pueblos a decidir libremente sus destinos", aunque abogaba por la "libre uni¨®n de todos los pueblos de Espa?a".

As¨ª pues, si con la Constituci¨®n se pretend¨ªa tambi¨¦n dar soluci¨®n a las cuestiones existentes, es obvio que el pacto de 1978 no se limitaba a una transacci¨®n entre derechas e izquierdas para democratizar el pa¨ªs, sino que exist¨ªa tambi¨¦n un pacto entre otras dos fuerzas distintas: por un lado, el Estado unitario y, por otro, las naciones hist¨®ricas, erigidas ambas como demos p¨²blicos dotados de capacidad y de derechos. Y el contenido del acuerdo, con prestaciones rec¨ªprocas, consist¨ªa, de una parte, en el reconocimiento de dichas nacionalidades y de su capacidad de autogobierno y, de otra, en la aceptaci¨®n por parte de ¨¦stas de su libre y voluntaria adscripci¨®n a un proyecto pol¨ªtico espa?ol plural y democr¨¢tico, puesto que s¨®lo as¨ª puede transigirse democr¨¢ticamente un contencioso de siglos.

Sin embargo, esto nos lleva a otras reflexiones: de entrada, cuando se regatea y niega el reconocimiento acordado, resulta injusto exigir de los nacionalismos mayores dosis de lealtad constitucional. Tengamos presente tambi¨¦n que el nacionalismo catal¨¢n ha mantenido una pol¨ªtica de innegable aceptaci¨®n de la Carta Magna. Nosotros, como parte interviniente, somos tambi¨¦n part¨ªcipes y autores de la Constituci¨®n y responsables de ella, y creo que hemos demostrado con creces nuestra lealtad a la misma. Y lo hemos hecho de la ¨²nica manera con que se demuestra la lealtad: sin contravenir jam¨¢s lo acordado y ajustando nuestra actuaci¨®n a los l¨ªmites que establece la Constituci¨®n, cosa de la que no pueden alardear quienes impulsaron medidas tales como la LOAPA y otras similares, destinadas a recortar la leg¨ªtima capacidad de autogobierno de las nacionalidades hist¨®ricas. Y en estos 20 a?os, el nacionalismo catal¨¢n ha contribuido como el que m¨¢s -creo que el que m¨¢s- en aportar estabilidad y gobernabilidad a la pol¨ªtica espa?ola, en facilitar la adopci¨®n de medidas de pol¨ªtica econ¨®mica para superar la crisis o en posibilitar el acceso a la Uni¨®n Econ¨®mica Europea. S¨®lo desde la vileza o la demagogia puede existir quien se atreva a negar la calidad e intensidad de nuestra aportaci¨®n al progreso de Espa?a. El art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n distingue expresamente entre nacionalidades y regiones. Y si el legislador no dicta preceptos in¨²tiles, es obvio que alguna consecuencia ha de derivarse de dicha distinci¨®n. En cambio, hasta la fecha, hemos asistido estupefactos a un proceso en que la autonom¨ªa pretend¨ªa equipararse a descentralizaci¨®n en lugar de comportar un efectivo reconocimiento de los derechos hist¨®ricos de las naciones que integran el territorio del Estado. Y no se trata de eso. Lo que en su d¨ªa se convino, lo que exigimos entonces y reivindicamos ahora, no es otra cosa que el reconocimiento de nuestro car¨¢cter nacional en los planos simb¨®lico, institucional, competencial, europeo y fiscal, y obviamente, el trato asim¨¦trico y bilateral que de ello puede derivarse.

No quisiera extenderme ahora en el contenido de dichas reivindicaciones, que ha sido reiteradamente expuesto con anterioridad. Uni¨® Democr¨¤tica de Catalunya, por ejemplo, expres¨® claramente en 1997 su postura en el documento La soberan¨ªa de Catalu?a y el Estado plurinacional, al que me remito y que ha sido luego profusamente seguido por otras formaciones.

Creo que no existe en dicho documento nada que no puede integrarse dentro de la Constituci¨®n de 1978, porque para su plasmaci¨®n efectiva bastar¨ªa con la modificaci¨®n de algunas leyes que la desarrollan y con un uso generoso de las previsiones que tambi¨¦n contiene la propia Constituci¨®n, por ejemplo, en su art¨ªculo 150.2 o en la Disposici¨®n Adicional Primera. Es m¨¢s, puedo asegurar que las propuestas del nacionalismo son las que en verdad se adecuan a ese esp¨ªritu de consenso existente veinte a?os atr¨¢s y que hoy deber¨ªamos recuperar. No se trata de modificar la Constituci¨®n, sino s¨®lo de ver qu¨¦ lecturas de la misma resultan m¨¢s justas y conformes al esp¨ªritu democr¨¢tico y a los derechos que en los foros internacionales se reconocen a las naciones. Por ello, en pro de la lealtad constitucional, deber¨ªamos rehuir aquellas interpretaciones sesgadas del pacto que han querido ver en el acuerdo auton¨®mico un simple principio de descentralizaci¨®n y no un efectivo compromiso en pro del mutuo reconocimiento y, en definitiva, en pro de la viabilidad de la ¨²nica Espa?a posible: la Espa?a plurinacional y democr¨¢tica.