El Gobierno central agudiza el conflicto al pedir la suspensi¨®n del acuerdo para modernizar la justicia

El Gobierno central ha optado por la v¨ªa m¨¢s dura al plantear ante el Tribunal Constitucional el conflicto de competencias sobre el acuerdo vasco para modernizar la justicia, seg¨²n considera la Administraci¨®n aut¨®noma. El Ministerio de Justicia ha invocado el art¨ªculo 161.2 de la Constituci¨®n para forzar la suspensi¨®n del acuerdo firmado el 31 de marzo, cuyo fruto m¨¢s visible ha sido la elaboraci¨®n de los requisitos para configurar las plantillas judiciales. El alto tribunal tiene ahora cinco meses para levantar la suspensi¨®n o prorrogarla hasta que dicte sentencia.

El Gobierno central elev¨® el conflicto de competencias al Constitucional el pasado 12 de agosto porque entiende que Vitoria se ha atribuido competencias que no le corresponden al exigir determinados requisitos a los funcionarios que integren la plantilla judicial y establecer unas condiciones retributivas diferentes a las del resto de Espa?a. Seg¨²n el Ejecutivo central, los agentes, auxiliares y oficiales forman parte de un cuerpo que tiene car¨¢cter nacional, por lo que no se pueden alterar sus sueldos de manera unilateral en una comunidad. La suspensi¨®n de un texto legal se produce de manera autom¨¢tica desde el mismo momento en que se comunica el conflicto de competencias al m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n. "S¨®lo con el hecho de comunicar formalmente ante el tribunal el conflicto, se suspender¨¢ inmediatamente la vigencia del acuerdo", recalc¨® el responsable de Justicia de UGT, Miguel ?ngel Llorente. Ahora, el Tribunal Constitucional dispone de un plazo de cinco meses para pronunciarse sobre si levanta la suspensi¨®n o si la prorroga hasta que resuelva el conflicto. En el mejor de los casos, esa sentencia no se producir¨¢ antes de dos a?os, dado el trabajo que acumula el Tribunal. El Gobierno del PP ha aprovechado en este caso todas las prerrogativas que le confiere la Constituci¨®n, entre ellas la de invocar la suspensi¨®n del acuerdo, algo que suele hacer cuando interpone un recurso contra disposiciones emanadas del Gobierno vasco. La petici¨®n de suspensi¨®n de un acuerdo de un gobierno aut¨®nomo es una salvaguarda que la Constituci¨®n otorga ¨²nicamente al Ejecutivo central. Mientras, Vitoria prepara junto a los sindicatos una respuesta unitaria a la actitud del Ejecutivo del PP y en concreto a la de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, a la que tachan de "autoritaria". Cuatro meses de vida El acuerdo sobre modernizaci¨®n en la prestaci¨®n del servicio p¨²blico de la Justicia y su repercusi¨®n en las condiciones de trabajo del personal fue rubricado oficialmente por el Gobierno y los sindicatos el pasado 31 de marzo, aunque las bases se sentaron en julio del a?o pasado, y sirvi¨® para poner fin al conflicto laboral que protagonizaron los funcionarios judiciales vascos durante m¨¢s de dos meses en demanda de la equiparaci¨®n salarial con el resto de los trabajadores de la Administraci¨®n aut¨®noma. As¨ª, el Gobierno cerr¨® con los sindicatos un acuerdo que, adem¨¢s de incluir una mejora en las condiciones econ¨®micas de los empleados, tambi¨¦n establec¨ªa un incremento de la calidad de los servicios y el fomento de la productividad. El pacto econ¨®mico con los 1.900 funcionarios establece que en el a?o 2000 los agentes judiciales lleguen a cobrar 50.000 pesetas l¨ªquidas m¨¢s de lo que cobran ahora, 40.000 pesetas los auxiliares y 20.000 los oficiales . En la actualidad, un agente gana al m¨¦s 110.000 pesetas l¨ªquidas. Adem¨¢s de los sueldos, lo ¨²nico que ha dado tiempo a desarrollar del acuerdo ha sido la plantilla judicial. El aspecto m¨¢s discutido por Madrid entre los requisitos exigidos por el Gobierno vasco es la exigencia de que en cada juzgado haya al menos un funcionario con el perfil ling¨¹¨ªstico II que pueda atender una demanda de un ciudadano en euskera. En cada sala hay una media de doce funcionarios. Miguel ?ngel Llorente recalc¨® que el ciudadano va a ser el m¨¢s perjudicado. "El acuerdo pretende aunar servicios. No se puede concebir que, por ejemplo, el juzgado 1 y el 2 funcionen de manera completamente diferente, dependiendo de la actitud de las personas que haya en uno o en otro. Teniendo la misma carga de trabajo, uno tiene retraso y otro no con el mismo n¨²mero de funcionarios, y eso repercute en el ciudadano". ELA y LAB criticaron a la ministra de Justicia y pidieron al Gobierno vasco una defensa m¨¢s "beligerante" de sus ¨¢mbitos competenciales y que siga aplicando el acuerdo.