Indulto

EL EX ministro Jos¨¦ Barrionuevo y su antiguo n¨²mero dos en Interior, Rafael Vera, ingresar¨¢n hoy en prisi¨®n una vez que el Tribunal Supremo decidi¨® en su caso ejecutar de inmediato la sentencia del caso Marey. Los otros diez condenados tendr¨¢n al menos cinco d¨ªas para defender su petici¨®n de que la condena quede en suspenso hasta que se resuelva su petici¨®n de indulto. La diferencia entre unos y otros radica en el solo hecho de que los diez autoinculpados han pedido el indulto, mientras Barrionuevo y Vera se han negado a hacerlo por considerarlo contradictorio con su proclamaci¨®n de inocencia, aunque lo haya solicitado para ellos un grupo de ciudadanos salmantinos.Esta ¨²ltima resoluci¨®n de la Sala Segunda del Supremo ha reactivado el debate jur¨ªdico que ya se inici¨® a partir de una sentencia con cuatro votos particulares que se opusieron a la condena por entender que no hab¨ªa pruebas contra Barrionuevo y Vera y que los hechos hab¨ªan prescrito. Pero m¨¢s all¨¢ de la pol¨¦mica t¨¦cnico-jur¨ªdica, ha echado gasolina a un incendio pol¨ªtico que se alimenta de la convicci¨®n que tienen muchos socialistas de haberse convertido en los chivos expiatorios del drama de la guerra sucia, cuya responsabilidad nadie puede descargar en exclusiva sobre las espaldas del PSOE. Que dos dirigentes socialistas sean al fin los ¨²nicos paganos del cap¨ªtulo tal vez m¨¢s negro de nuestra transici¨®n pol¨ªtica produce en las filas socialistas una indignaci¨®n que comparten ciudadanos sin militancia de partido.

Si la guerra sucia fue una desgracia nacional que en su d¨ªa denunciamos sin tregua, tambi¨¦n lo est¨¢ siendo su salida posjudicial. Han sido tantas las irregularidades de todo el proceso, de tal intensidad las interferencias pol¨ªticas y medi¨¢ticas, tan discutibles si no rechazables algunos de los m¨¦todos de investigaci¨®n, que a los socialistas les resulta dif¨ªcil aislar las resoluciones judiciales de las pasiones pol¨ªticas.

Est¨¢ equivocado quien crea que el ingreso en prisi¨®n de los condenados, en aplicaci¨®n de una sentencia firme, cierra este asunto. A la vista est¨¢ que, lejos de ser as¨ª, estamos en una situaci¨®n pol¨ªtica altamente inflamable que por momentos puede convertirse en un conflicto institucional de primera magnitud. Y ¨¦sta no es una cuesti¨®n judicial, sino pol¨ªtica. Las reacciones m¨¢s pasionales en las filas del PSOE tienen un potencial devastador si se llevasen a sus ¨²ltimas consecuencias, y se contradicen abiertamente con el acatamiento formal de la sentencia proclamado en sus comunicados oficiales. Es leg¨ªtimo que defiendan la inocencia de sus compa?eros, que agoten las v¨ªas jurisdiccionales hasta el Tribunal de Estrasburgo si es preciso, que se solidaricen con Barrionuevo y Vera en trance de ingresar en prisi¨®n. Tambi¨¦n lo es discrepar de la sentencia, algo en lo que coinciden con cuatro magistrados de la propia sala juzgadora. Denunciar la politizaci¨®n del caso no es sino expresar algo en lo que muchos ciudadanos de este pa¨ªs pueden estar de acuerdo. Pero llevar la respuesta a un enfrentamiento institucional ser¨ªa un error que pagar¨ªamos todos.

El presidente de la Generalitat de Catalu?a, Jordi Pujol, ha dicho estos d¨ªas que este asunto deb¨ªa haberse resuelto por v¨ªa pol¨ªtica. Lejos de eso, ha sido en los terrenos de la pol¨ªtica donde se ha embarrado, y es en ese territorio en el que hay que buscarle una salida. En su d¨ªa nos pronunciamos abierta y reiteradamente contra el terrorismo de Estado, fuera quien fuera el gobernante de turno; siempre hemos defendido que los hechos criminales deben ser sometidos a la justicia. Desde esas convicciones consideramos que ahora debe plantearse con seriedad una salida pol¨ªtica a este conflicto. Hay v¨ªas legales para ello que deben estudiar con responsabilidad todos actores del drama.

El riesgo de fractura social al que nos refer¨ªamos hace un mes en estas p¨¢ginas es algo m¨¢s que una realidad virtual. Ver entrar en la c¨¢rcel a quienes encabezaron la lucha contra ETA en los a?os en los que se produjeron matanzas como las de Hipercor o Zaragoza mientras que algunos de los que ordenaron aquellos atentados gozan de libertad, es algo que sin duda provoca algo m¨¢s que perplejidad en muchas personas que no son del partido socialista.

Una vez dictada la sentencia, y mientras los condenados agotan otras v¨ªas de recurso, no se puede dejar que se siga cociendo el caldo de un enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios de este pa¨ªs. Porque sobre ellos descansa hoy por hoy la supervivencia de nuestro sistema constitucional. El sistema legal construido al amparo de esa Constituci¨®n acoge f¨®rmulas que deber¨ªan controlar primero y apagar despu¨¦s los brotes de este incendio. Justamente los magistrados de la Sala Segunda han aplicado s¨®lo a los diez autoinculpados un art¨ªculo del nuevo C¨®digo Penal (el 4.4) que permite suspender la ejecuci¨®n de una sentencia en aquellos casos en los que, mediando una petici¨®n de indulto, se haya producido una gran dilaci¨®n en la actuaci¨®n de la justicia.

Es indiscutible que la situaci¨®n ha cambiado desde 1983 hasta hoy. Para empezar, se puso fin hace ya m¨¢s de diez a?os a las negras p¨¢ginas de una guerra sucia que atraviesa transversalmente toda la primera mitad de la transici¨®n pol¨ªtica. Es sin duda a los jueces a quienes corresponde depurar las responsabilidades penales que no hayan prescrito y dictar sentencias en cada caso, pero el Gobierno no se puede desentender de las consecuencias pol¨ªticas que puedan derivarse. Y hacer, si es preciso, un ejercicio responsable del derecho de gracia. Y el Gobierno s¨ª est¨¢ obligado a tener en cuenta el hecho incuestionable de la guerra sucia contra ETA no la inventaron los socialistas, pero s¨ª termin¨® con ellos. ?stos son datos de la realidad que deben ser considerados para buscar salidas compatibles con la ley.

Una vez realizado el juicio y dictada la sentencia condenatoria, hay que valorar todas estas circunstancias. Ser¨ªa tremendo que un Estado que aplic¨® el indulto de forma masiva para que los terroristas de ETA Pol¨ªtico-militar abandonaran las armas no encuentre una v¨ªa legal para resolver este caso sin que origine una espiral revanchista. No deja de resultar parad¨®jico que Barrionuevo formara parte precisamente de un Gobierno que concedi¨® muchos de aquellos indultos en cumplimiento de un compromiso adquirido por sus antecesores de UCD.

Es el Rey quien otorga los indultos a propuesta del Gobierno, lo que dota a la decisi¨®n de un car¨¢cter pol¨ªtico; pero es preceptivo el pronunciamiento del tribunal que ha condenado, lo que constituye una garant¨ªa contra el arbitrismo. Hay por tanto tambi¨¦n una dimensi¨®n jur¨ªdica en la decisi¨®n, que se refuerza con la referencia al ya mencionado art¨ªculo 4.4 del nuevo C¨®digo Penal, que entre las circunstancias que menciona para suspender la ejecuci¨®n de una sentencia hasta que se tramite el indulto incluye espec¨ªficamente aquellos casos en los que se hubiera vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones. Si esto puede ser interpretado como la existencia de un cambio radical de circunstancias entre el momento en que se cometi¨® el delito y el momento en que se juzg¨®, es dif¨ªcil no aplicarlo a este caso.

Han pasado 15 a?os desde los hechos juzgados. A¨²n pasar¨ªan tres desde el secuestro de Segundo Marey hasta que se desactiv¨® la banda de los GAL. Hubiera sido deseable que ni ¨¦sta ni las dem¨¢s siglas que le precedieron hubieran existido, y que quienes las impulsaron o consintieron hubieran explicado los hechos. Resulta imperdonable que nunca se haya dado desde 1976 hasta hoy ninguna explicaci¨®n convincente de la guerra sucia. Pero, a la luz de cuanto ha sucedido, resulta necesario estudiar seriamente un indulto que permita superar un cap¨ªtulo negro de la transici¨®n pol¨ªtica que, afortunadamente, se cerr¨® hace m¨¢s de una d¨¦cada.