Propuesta de 100 millones de sanci¨®n a la empresa del agua de C¨®rdoba
La Delegaci¨®n de Trabajo e Industria de C¨®rdoba ha propuesto al Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa que imponga una sanci¨®n de 100 millones de pesetas a la Empresa Municipal de Aguas de C¨®rdoba (Emacsa) por el supuesto cobro indebido de las tarifas de agua potable desde 1996. El gerente de Emacsa, Rafael Vigueras, recibi¨® ayer la notificaci¨®n en la que el delegado de Trabajo, Antonio Poyato, le informa de que ha hecho esa propuesta de resoluci¨®n ante el Gobierno regional, a la vez que le comunica el plazo para presentar alegaciones. De esta forma culmina el expediente sancionador abierto por la Delegaci¨®n de Trabajo e Industria tras la denuncia hecha en marzo de 1998 por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de C¨®rdoba sobre supuestos cobros indebidos en las tarifas de agua. En aquella fecha, el portavoz municipal del PSOE, Jos¨¦ Mellado, afirm¨® que Emacsa hab¨ªa cobrado indebidamente a sus usuarios alrededor de 500 millones de pesetas por haber aplicado a las facturas tarifas superiores cada vez que sobrepasaban los bloques establecidos; tarifas, adem¨¢s, que no se correspond¨ªan con las publicadas en el Bolet¨ªn Oficial de la Junta de Andaluc¨ªa (BOJA). La consejera de Econom¨ªa y Hacienda, Magdalena ?lvarez, ha informado recientemente por carta al alcalde de C¨®rdoba, Rafael Merino, sobre que no se produjo ning¨²n error en la publicaci¨®n de las tarifas en el BOJA, ya que las mismas coinciden con la propuesta hecha en su d¨ªa por la Comisi¨®n de Precios de Andaluc¨ªa. Por su parte, la Uni¨®n de Consumidores de Andaluc¨ªa (UCA) considera que Emacsa ha cobrado de m¨¢s a 35.000 abonados y pide que la empresa sea sancionada. Si no devolviera esta cantidad, la UCE anima a los usuarios a reclamar individualmente el reintegro de lo supuestamente cobrado. No obstante, el Ayuntamiento de C¨®rdoba ha decidido esperar a que los tribunales decidan sobre el contencioso planteado contra las tarifas que fueron publicadas en el BOJA para devolver o no lo que el PSOE y la UCE considera "cobrado indebidamente".
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