Interior prev¨¦ reunir a la Comisi¨®n de Videovigilancia antes de las elecciones

El Departamento de Interior ha remitido a la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia y a la UPV una carta para que comuniquen los representantes que han designado para participar en la Comisi¨®n de Videovigilancia y Libertades. Este ¨®rgano, que contar¨¢ con siete miembros y estar¨¢ presidido por el presidente del m¨¢ximo tribunal vasco, Manuel Mar¨ªa Zorrilla, controlar¨¢ a partir de octubre el uso de las grabaciones policiales. El rector de la UPV, Pello Salaburu, ha nombrado para la comisi¨®n al profesor Alberto L¨®pez Basaguren.

El decreto aprobado el pasado 21 de julio por el Gobierno vasco prev¨¦ que el Departamento de Interior nombre a tres representantes -procedentes de la Viceconsejer¨ªa de Seguridad-, mientras que el fiscal jefe del Tribunal Superior debe designar a una persona y el rector de la Universidad del Pa¨ªs Vasco, a un profesional del mundo del Derecho de reconocido prestigio que no est¨¦ vinculado a la Administraci¨®n. Salaburu nombr¨® ayer al profesor titular de Derecho Constitucional de la UPV Alberto L¨®pez Basaguren. Los otros dos miembros de la comisi¨®n son su presidente, el m¨¢ximo representante del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, Manuel Mar¨ªa Zorrilla, y un t¨¦cnico de Interior que actuar¨¢ como secretario, aunque sin derecho a voto. El presidente tendr¨¢ voto de calidad en las deliberaciones. Esta comisi¨®n consultiva, que el Departamento de Interior prev¨¦ reunir por vez primera antes de las elecciones, deber¨¢ autorizar la instalaci¨®n de las videoc¨¢maras fijas, aunque la Viceconsejer¨ªa de Seguridad tendr¨¢ la ¨²ltima palabra en la instalaci¨®n de este tipo de dispositivos. Interior deber¨¢ informar a la opini¨®n p¨²blica "de manera clara y permanente de la existencia de videoc¨¢maras fijas, sin especificar su emplazamiento". La Ertzaintza podr¨¢ tambi¨¦n utilizar instalaciones fijas de videoc¨¢maras, p¨²blicas o privadas, cuando proceda por colaboraci¨®n y auxilio impuestos por la legislaci¨®n sobre seguridad ciudadana. El decreto de Interior desarrolla la Ley Org¨¢nica de Videovigilancia aprobada en agosto de 1997 por el Gobierno central. La Disposici¨®n Adicional Primera de esta norma ya preve¨ªa que las comunidades aut¨®nomas con competencias en esta materia pod¨ªan regular y autorizar la utilizaci¨®n de videoc¨¢maras por sus fuerzas policiales, la custodia de las grabaciones, as¨ª como la responsabilidad sobre su utilizaci¨®n, acceso y destrucci¨®n. El objetivo gen¨¦rico del decreto es "contribuir a asegurar la convivencia ciudadana y el uso pac¨ªfico de v¨ªas y espacios p¨²blicos, erradicar la violencia y prevenir la comisi¨®n de delitos, faltas e infracciones relacionadas con la seguridad p¨²blica". El viceconsejero de Seguridad es el encargado de resolver sobre las peticiones de acceso o cancelaci¨®n de las grabaciones. Las grabaciones ser¨¢n destruidas en el plazo m¨¢ximo de un mes, salvo que est¨¦n relacionadas con causas penales o infracciones administrativas graves o muy graves en materia de seguridad p¨²blica.