Los jueces instructores franceses pierden la potestad de encarcelar a los procesados

El juez instructor no podr¨¢ ordenar en Francia la detenci¨®n provisional de los sospechosos, sino que tal decisi¨®n deber¨¢ adoptarla otro juez. Y los acusados dispondr¨¢n de abogado desde la primera hora de su arresto. Dado el anacr¨®nico procedimiento penal franc¨¦s, la reforma aprobada ayer por el Gobierno entra?a cambios revolucionarios. En Espa?a, el instructor s¨ª puede encarcelar a un procesado, lo que ha suscitado cr¨ªticas sobre el posible uso coercitivo de esa medida para cambiar una declaraci¨®n y que ¨¦sta se adecue al sentido de la investigaci¨®n judicial.

El texto que la ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, present¨® ayer a sus colegas y al presidente Jacques Chirac instaura en el C¨®digo Penal el principio de la presunci¨®n de inocencia -s¨®lo presente hasta ahora en la Declaraci¨®n de los Derechos Humanos de 1789 y en la convenci¨®n europea de 1950- y busca acabar con la pr¨¢ctica de los jueces instructores que prolongan artificiosamente la detenci¨®n de los sospechosos para forzarles a colaborar con la Justicia.Todo el andamiaje filos¨®fico jur¨ªdico de un procedimiento orientado antes que nada a "esclarecer la verdad" queda ahora cuestionado, casualmemente semanas despu¨¦s de que el pelot¨®n ciclista internacional y el mundo del deporte descubriera con esc¨¢ndalo en el reciente Tour el rigor del procedimiento penal. Seg¨²n el proyecto, el abogado defensor podr¨¢ entrevistarse con su cliente durante un per¨ªodo m¨¢ximo de media hora y fuera de la vista de los polic¨ªas.

No s¨®lo los corredores supuestamente implicados en pr¨¢cticas de dopaje; todos los a?os muchos miles de ciudadanos franceses son sometidos a la incomunicaci¨®n legal durante las primeras 20 horas de la garde-a vue, y no pocos de ellos pasan semanas y meses en prisi¨®n para luego quedar en libertad sin cargo alguno.

El caso del gu¨ªa de monta?a Daniel Forl¨¦, que acompa?aba a los j¨®venes de Orres sepultados el 23 de enero ¨²ltimo por una avalancha de nieve, es ilustrativo del procedimiento. Los medios gr¨¢ficos dieron cuenta de c¨®mo Daniel Forl¨¦ fue detenido, esposado y arrastrado por los gendarmes como si se tratara de un delincuente peligroso. Despu¨¦s de meses de prisi¨®n, ha sido puesto en libertad provisional, pero ¨¦l y su familia han vivido un calvario.

Con este proyecto, elogiado vivamente por el presidente Jacques Chirac, es como si Francia, un pa¨ªs que ignora lo que es el complejo de insuficiencia democr¨¢tica, hubiera terminado por hacerse eco de los lamentos de todos los damnificados de su particular sistema penal y comprendido que el t¨ªtulo de "patria de los derechos humanos" no le preserva necesariamente de abusos y lagunas.

De acuerdo con el texto sobre la Presunci¨®n de Inocencia (tercer apartado de un proyecto que proclama la "autonom¨ªa fiscal" y recompone en aras de una mayor independencia del Ejecutivo el Consejo Superior de la Magistratura), el encarcelamiento provisional de los sospechosos pasar¨¢ a ser competencia de un juez nombrado expresamente para el ejercicio de esa funci¨®n. Este juez tendr¨¢ la ¨²ltima palabra sobre la demandas de libertad, que seguir¨¢n siendo cursadas al juez instructor.

La aplicaci¨®n de la detenci¨®n provisional quedar¨¢ restringida a los sospechosos de delitos condenados con al menos tres a?os de prisi¨®n y a los cometidos contra las personas o el Estado que est¨¦n castigados con dos a?os de c¨¢rcel. Paralelamente, refuerza los derechos de la defensa durante el per¨ªodo de instrucci¨®n. As¨ª, los procesados y las partes civiles podr¨¢n reclaman al juez instructor "todas las actas que consideren necesarias para el esclarecimiento de la verdad". Los abagados podr¨¢n asistir a los traslados de los detenidos y a los interrogatorios y declaraciones.

Sin fotos de esposados

A expensas de su discusi¨®n y posible modificaci¨®n en la Asamblea, el texto de la ministra socialista ha despertado las reticencias evidentes en los medios policiales, y posiciones encontradas en la Judicatura. Los medios de comunicaci¨®n est¨¢n directamente concernidos, puesto que el texto castiga con una multa de 100.000 francos, (2,5 millones de pesetas) a los medios informativos que publiquen im¨¢genes de personas esposadas o escoltadas, los nombres de menores v¨ªctimas de delitos, sondeos sobre la supuesta culpabilidad de los detenidos y reproduzcan circunstancias de un cr¨ªmen o delito en t¨¦rminos que "supongan un atentado a la dignidad de la v¨ªctima". En los medios audiovisuales, el derecho de respuesta deber¨¢ ser garantizado en el plazo m¨¢ximo de tres d¨ªas.