1.012 expedientes judiciales por aborto desde 1985
Las denuncias presentadas se refieren al supuesto al que mayoritariamente se acoge la mujer
Someterse a un aborto legal en Espa?a supone todav¨ªa un alto grado de riesgo penal para la mujer y los profesionales que lo practican. La gran mayor¨ªa se acoge al primer supuesto de "grave peligro para la vida o la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la embarazada", lo que ha permitido la apertura de 1.012 diligencias judiciales desde que se despenaliz¨® parcialmente en 1 985, seg¨²n consta en la Fiscal¨ªa General del Estado. Corresponden a otras tantas denuncias, en su mayor¨ªa de maridos en proceso de separaci¨®n o de novios despechados que ponen en entredicho el informe psiqui¨¢trico que avala la intervenci¨®n.
Esta es la circunstancia que buscan evitar las proposiciones de ley que se debatir¨¢n el pr¨®ximo martes en el Congreso de los Diputados. Lo que proponen (PSOE) es un cuarto supuesto por "conflicto personal, familiar o social de gravedad" de la embarazada, o bien el aborto libre en unos plazos de 14 o 16 semanas (IU, Nueva Izquierda y BNG, con el apoyo de movimientos feministas).
Las denuncias registradas muestran que cualquiera puede llevar a los tribunales a una mujer que ha abortado. Un marido que pretende la custodia de sus hijos demostrando lo mala madre que fue su mujer; un novio abandonado; el padre del novio que, por cuestiones personales o ideol¨®gicas, no se resigna a no ser abuelo; un m¨¦dico cuidadoso con su juramento hipocr¨¢tico; incluso una vecina tras una reyerta dom¨¦stica.
La gran mayor¨ªa de las diligencias terminan archiv¨¢ndose, lo que no evita a la mujer pasar por el calvario de declarar y revivir su historia. Quienes han pasado por ello no quieren hoy recordarlo en estas p¨¢ginas. Su sensaci¨®n de intimidad violada es la misma que tiene Celia Pu?al, una de las 1.443 mujeres cuyos historiales m¨¦dicos fueron incautados por un juez en abril de este a?o en la cl¨ªnica Iris de Albacete para investigar un supuesto aborto ilegal.
Historiales al aire
Su expediente se refer¨ªa a una simple revisi¨®n ginecol¨®gica, "pero en este paquete un tercio eran historia les de mujeres que hab¨ªan abortado y cuya pareja o familia lo desconoc¨ªa. Realmente estaban asustadas de que esto pudiera salir a la luz", cuenta Pu?al. Las fichas estuvieron varias semanas en el juzgado "y a la vista de todo el mundo. Ni siquiera hubo cuidado en este sentido. Yo me enter¨¦ de que me afectaba a mi porque una persona que trabaja en el juzgado me dijo: 'He visto tu expediente'. Me indign¨¦. Me indign¨¦ tanto que me dirig¨ª al Defensor del Pueblo. Porque ?c¨®mo es posible que sin una denuncia, s¨®lo por un parte de un m¨¦dico, saquen las historias m¨¦dicas de tantas personas de forma tan impune? En esta ciudad todo el mundo se conoce y las consecuencias pueden ser muy graves". El caso finalmente se archiv¨®.
Celia se pone en la piel de las mujeres que han sido denunciadas por abortar. "Al no estar regulado correctamente este tema, todas est¨¢n a merced de que su ex compa?ero las denuncie. La pena es que tenga soporte legal para hacerlo".
De todas las diligencias instruidas en 13 a?os, al menos 41 han terminado en sumarios y posteriores juicios (las memorias de la Fiscal¨ªa s¨®lo recogen los sumarios hasta 1991). El juicio m¨¢s destacado tuvo lugar en abril de este a?o en la Audiencia Provincial de M¨¢laga. 34 m¨¦dicos, sanitarios y mujeres, fueron sentados en el banquillo por abortos practicados en 1986 en una cl¨ªnica malague?a. Para los primeros se ped¨ªan hasta 180 a?os de c¨¢rcel; para las 23 mujeres y sus acompa?antes, multas de 36.000 pesetas. Finalmente todos fueron absueltos por prescripci¨®n de los delitos.
Uno de los procesados es el ginec¨®logo Alberto Stolzemburg, quien tuvo otra condena anterior por aborto y posterior indulto en 1993. Al menos seis ginec¨®logos han sido indultados desde 1985 en relaci¨®n con este delito. "Pas¨¦ un mes en prisi¨®n. Me condenaron por practicar un aborto a una heroin¨®mana con el argumento de que la adicci¨®n no era una enfermedad que pudiera entrar en el primer supuesto legal para abortar", explica Stolzemburg. "En este caso s¨ª que hab¨ªa una clara indicaci¨®n m¨¦dica y lo que sent¨ª fue una impotencia tremenda al ver profesionales que en medio de una cruzada antiabortista pasaran por encima de todo".
El ginec¨®logo lamenta las declaraciones del secretario de la comisi¨®n deontol¨®gica de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial afirmando que el aborto no es un acto m¨¦dico. "Es una verg¨¹enza. Muchos compa?eros nos remiten pacientes. Me consta que no est¨¢n en contra del aborto pero tienen miedo a salir del armario".
Entre 1985 y 1996 se practica ron en Espa?a 391.670 abortos legales, seg¨²n cifras oficiales. El primer a?o fueron nueve y el ¨²ltimo 51.002. Las cl¨ªnicas especializadas consideran que no son excesivos pues calculan en 100.000 a los que se somet¨ªan antes las espa?olas de forma clandestina.
A¨²n quedan juicios pendientes.
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