Vallejo afirma que la ley de Carreteras aclarar¨¢ la titularidad de cada v¨ªa

El consejo de gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa analizar¨¢ hoy el borrador de la ley de Carreteras, a la que se dar¨¢ tr¨¢mite parlamentario a finales de febrero y principios de marzo. El consejero de Obras P¨²blicas, Francisco Vallejo, se?al¨® ayer en Ja¨¦n que esta normativa resolver¨¢, entre otras cuestiones, dificultades sobre qu¨¦ Administraci¨®n -auton¨®mica o local- tiene competencias sobre una determinada v¨ªa. Esta normativa, seg¨²n Vallejo, vendr¨¢ a resolver "diez a?os de debate" a prop¨®sito de a qu¨¦ Administraci¨®n le corresponde actuar sobre un determinado espacio. El borrador dar¨¢ pie a la elaboraci¨®n de un "cat¨¢logo de carreteras" donde se especifique a qu¨¦ organismo compete cada v¨ªa -no obstante, la mayor¨ªa pasar¨¢n a ser tuteladas por la Administraci¨®n aut¨®noma- y definir¨¢ por qu¨¦ una administraci¨®n tiene competencias y no otra. Vallejo coment¨® que en la actualidad no se puede determinar con exactitud las causas por las que una carretera es de ¨¢mbito auton¨®mico o de la Diputaci¨®n. Desde su punto de vista, esta normativa supondr¨¢ una "aut¨¦ntica revoluci¨®n". Como aspectos concretos de esas novedades detall¨® que desaparecer¨¢ el concepto de ley de carreteras para pasar a hablar de "dominio p¨²blico viario", lo que afecta desde las v¨ªas de servicios a cualquier carretera convencional. Vallejo defendi¨® que la normativa cierra un debate mantenido durante 10 a?os con las administraciones y "cambia radicalmente las competencias". Aportaciones econ¨®micas Pone "rigor y orden", a juicio del consejero, en algo que se consensuaba. Vallejo dijo que los convenios resolv¨ªan las actuaciones con aportaciones econ¨®micas de uno y otro organismo para la reparaci¨®n de v¨ªas cuya tutela correspond¨ªa a las corporaciones provinciales. ?stas recurr¨ªan a la Junta para completar los recursos econ¨®micos. A partir de esta normativa, cabr¨¢ la posibilidad de que estos acuerdos se adopten en otra direcci¨®n. Vallejo explic¨® que la intenci¨®n es cambiar los convenios de intervenci¨®n por otros donde se prevea el mantenimiento. Como ejemplo, se?al¨® los convenios "para la gesti¨®n de la conservaci¨®n". Esto se referir¨¢ a lugares alejados de los centros m¨¢s transitados -cit¨® la Sierra de Segura- donde se hace necesario, por la dificultad del terreno, contar con un "buen parque de maquinaria" y una dotaci¨®n de personal que permita actuar. La propuesta prever¨ªa una aportaci¨®n econ¨®mica de la Junta, que la Diputaci¨®n gestionar¨ªa y que dar¨ªa participaci¨®n a los ayuntamientos en el dise?o de los programas de intervenci¨®n. La nueva legislaci¨®n, seg¨²n el consejero, ser¨¢ la que propicie este tipo de protocolos dado que al perder las diputaciones sus competencias sobre la mayor parte de la red queda "sin sentido" el actual procedimiento. Una vez que el consejo de gobierno d¨¦ su visto bueno, se sacar¨¢ a informaci¨®n p¨²blica, para que las administraciones locales se pronuncien sobre esta regulaci¨®n, aunque el consejero matiz¨® que ha habido consultas previas. Una vez debatido en el Consejo de Administraciones Provinciales y Municipales, se abrir¨¢ el campo a otros sectores interesados, como los empresarios, y por ¨²ltimo pasar¨¢ al consejo consultivo con la intenci¨®n de que en "febrero o marzo", seg¨²n Vallejo, llegue al Parlamento.