El Constitucional paraliza el acuerdo vasco sobre las plantillas judiciales

El Tribunal Constitucional notific¨® ayer oficialmente al Gobierno vasco que queda suspendido el acuerdo para la modernizaci¨®n de la Justicia en Euskadi, el cual fue recurrido al alto tribunal por el Ejecutivo central. El principal fruto hasta ahora del mismo es la relaci¨®n de los requisitos que deben tener los funcionarios judiciales que trabajen en la comunidad aut¨®noma.El conflicto sobre cu¨¢l de las dos administraciones debe tener la competencia sobre la plantilla judicial vasca se viene arrastrando desde comienzos de a?o y ha envenenado las relaciones entre la titular del ministerio, Margarita Mariscal, y los dos consejeros que se han sucedido en este tiempo al frente de esa cartera en el Gobierno de Vitoria.

Tras meses de pol¨¦mica y un frustrado intento de acuerdo, Mariscal endureci¨® su postura el pasado 12 de agosto planteando un conflicto de competencias, cuya consecuencia inmediata es paralizar el acuerdo recurrido. Hasta ayer, el Ejecutivo de Vitoria no ten¨ªa constancia oficial del recurso, que ha calificado como "decimon¨®nico" y una muestra del talante "autoritario" de la ministra.

El Ejecutivo central entiende que el vasco exige a los funcionarios judiciales algunas condiciones que no se ajustan al reparto de competencias entre ambas administraciones y que no se puede parcelar la normativa sobre cuerpos nacionales (oficiales, agentes y auxiliares judiciales). El ministerio considera ilegal, por ejemplo, que se exija un determinado nivel de euskera para ocupar algunos puestos en la judicatura. Adem¨¢s, observa irregularidades en otros cinco requisitos. Desde el departamento vasco siempre se ha mantenido que no existe ning¨²n problema de legalidad y s¨ª de falta de voluntad pol¨ªtica del Gabinete de Aznar.

El acuerdo de plantillas judiciales fue suscrito entre el Gobierno vasco y todos los sindicatos el pasado marzo y afecta a 1.700 funcionarios de plantilla y otros 200 interinos. El texto fue respaldado por un informe favorable del CGPJ, al que el Gobierno central se neg¨® a elevar el acuerdo. La comunidad aut¨®noma cuenta con las competencias del personal de Justicia desde 1996.