?lava deja de mantener la "Legua del Rey" y acusa al PP de incumplir el convenio
La Diputaci¨®n de ?lava suspender¨¢ el pr¨®ximo 1 de enero el mantenimiento de la Legua del Rey, el peligroso tramo de 6,7 kil¨®metros de la N-I a su paso por el Condado de Trevi?o. La decisi¨®n, adoptada ayer, est¨¢ directamente relacionada a una sentencia del pasado mes de junio por la que el Tribunal Constitucional declaraba que la Administraci¨®n vasca carece de competencias para actuar en esa carretera, al ser territorio de Burgos. A pesar del origen judicial de esta decisi¨®n, el tramo es un elemento m¨¢s de confrontaci¨®n pol¨ªtica entre Vitoria y Madrid con respecto a Trevi?o. El diputado general acus¨® al Gobierno del PP de incumplir los plazos de un convenio firmado hace un a?o entre las dos Administraciones para transformar ese tramo de carretera en autov¨ªa.
Ormazabal culpa al Gobierno central de olvidar a ?lava en sus inversiones
El diputado general de ?lava, F¨¦lix Ormazabal, multiplic¨® ayer sus cr¨ªticas al Gobierno central. Adem¨¢s de acusar al Partido Popular de "falta de formalidad y de voluntad pol¨ªtica" para solucionar los problemas relacionados con la Legua del Rey, cuestion¨® su pol¨ªtica de ayudas a la provincia. "?D¨®nde se han invertido los 2.000 millones en ?lava que dijeron? Yo no he visto ninguno", manifest¨® el jefe del Gobierno foral. Las acusaciones de Ormazabal recibieron una tibia respuesta por parte de Fomento. Un portavoz ministerial avanz¨®, con respecto al convenio de la Legua del Rey, que el Gobierno tiene previsto cerrar el tr¨¢mite de la licitaci¨®n del estudio informativo "antes de que termine el a?o". Esto significa que s¨®lo podr¨¢n transcurrir tres meses desde el momento en que se inicien los trabajos para elaborar el proyecto y el l¨ªmite del plazo de 18 meses fijado para que est¨¦ terminado. La Diputaci¨®n teme que el ministerio incumpla su parte correspondiente del convenio y se dilate el proceso de construcci¨®n. En tal caso contempla la opci¨®n de recurrir a la v¨ªa judicial. El convenio entre ambas Administraciones obliga a cada una de las dos partes a invertir 4.000 millones de pesetas en la obra.
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