Trabajo investig¨® a los manifestantes que protestaron por las ayudas irregulares

El Departamento de Trabajo investig¨® la gesti¨®n econ¨®mica de un grupo de empresas que se acogi¨® a los fondos de formaci¨®n. La investigaci¨®n se hizo a partir del cruce de los datos personales de unos manifestantes que protestaban precisamente por los criterios seguidos para el reparto de esas subvenciones p¨²blicas en el conjunto de Catalu?a, que el a?o pasado ascendieron a 23.500 millones de pesetas. Las empresas investigadas por Trabajo, conocidas como grupo M¨¦ndez, se han querellado contra el consejero Ignasi Farreres por prevaricaci¨®n.

La querella considera que el consejero de Trabajo cometi¨® un delito continuado de prevaricaci¨®n al otorgar las subvenciones siguiendo un criterio "particular, partidista y arbitrario". Hace dos semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) admiti¨® a tr¨¢mite la querella y durante las investigaciones judiciales se ha descubierto un documento oficial de la Generalitat en el que se explica c¨®mo y por qu¨¦ se decidi¨® investigar al llamado grupo M¨¦ndez, cuya cabeza visible es el empresario Jos¨¦ M¨¦ndez P¨¦rez. El documento data de octubre de 1997 y est¨¢ firmado por el jefe del servicio de Planificaci¨®n y Orientaci¨®n Ocupacional, Josep Maria Puig, quien afirma: "A partir de la aparici¨®n de panfletos, repartidos en la entrada de las dependencias de los servicios centrales del Departamento de Trabajo hemos procedido a explorar nuestras bases de datos para identificar qui¨¦nes eran los suscriptores de las quejas que se formulaban en los citados papeles. A trav¨¦s del cruce de direcciones, tel¨¦fonos, nombres de los responsables, etc¨¦tera, hemos podido identificar a...". A continuaci¨®n se enumeran los 16 centros del grupo M¨¦ndez a los que se concedieron subvenciones para planes de formaci¨®n durante los a?os 1996 y 1997. Sin embargo, los beneficiarios de ese dinero aseguran que una parte de las empresas jam¨¢s lleg¨® a cobrar las subvenciones aprobadas y que Trabajo todav¨ªa les adeuda unos 70 millones de pesetas. La Generalitat, por el contrario, sostiene que esa investigaci¨®n descubri¨® que el grupo M¨¦ndez desvi¨® 119 millones de pesetas procedentes de las subvenciones. Los afectados rechazan esas acusaciones y afirman que en estos a?os Trabajo s¨®lo les ha investigado a ellos, al tiempo que recuerdan que entre los beneficiarios de los planes de formaci¨®n figuran dirigentes de Uni¨® Democr¨¤tica de Catalunya (UDC), el partido en el que milita Farreres. Tras la aparici¨®n de ese documento, el abogado de estas empresas, Francesc Jufresa, ha ampliado la querella inicial al considerar que Trabajo ha realizado un "uso arbitrario e ilegal de datos que afectan a la intimidad de las personas y que obran en bases de datos de car¨¢cter p¨²blico". La acusaci¨®n recuerda que la utilizaci¨®n indebida de estos datos est¨¢ tipificada en el C¨®digo Penal por constituir un delito de descubrimiento y revelaci¨®n de secretos. El escrito de ampliaci¨®n de la querella solicitaba que se requiriese a Trabajo la identificaci¨®n de las bases de datos de que dispone y que detalle "las que han sido utilizadas para efectuar los cruces decididos y ordenados por el jefe de servicio". Los abogados tambi¨¦n reclaman la identidad de los funcionarios que deben velar por la custodia de los documentos y que, una vez se conozcan sus nombres, se les tome declaraci¨®n como inculpados. El magistrado que instruye la causa ha acordado aplazar la pr¨¢ctica de estas pruebas a la espera de que la Generalitat remita la documentaci¨®n que se reclamaba en la querella inicial contra Farreres: la lista de todos los centros que formaci¨®n que solicitaron subvenciones, con identificaci¨®n de los cursos y los informes de inspecci¨®n desde 1994.