"La paz no es s¨®lo el silencio de las armas"

"Reunidos los presidentes de Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Extremadura, afirman su lealtad a la Constituci¨®n Espa?ola y a los Estatutos de Autonom¨ªa en el vig¨¦simo aniversario de la primera.En nuestra opini¨®n, la Constituci¨®n ha servido para hacer de Espa?a un pa¨ªs m¨¢s moderno y m¨¢s justo, y un modelo de convivencia entre los espa?oles s¨®lo enturbiado por el terrorismo de ETA. Con este marco hemos progresado como personas y como pueblos. Asimismo, hemos sido capaces de combinar el desarrollo de territorios como Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Extremadura, secularmente abandonados, con la satisfacci¨®n de los leg¨ªtimos deseos de los diferentes pueblos de Espa?a de conservar sus lenguas, culturas, derechos y sus particulares instituciones.

No estamos dispuestos a que nuestro silencio nos haga c¨®mplices de procesos que marginen a nuestros territorios. Como presidentes de tres comunidades aut¨®nomas vamos a defender los intereses que representamos, que no son diferentes de los de Espa?a.

Con la inmensa mayor¨ªa de los espa?oles, y en representaci¨®n de nuestros pueblos, nos congratulamos de la oferta de ETA, en forma de "tregua indefinida" en sus actividades criminales. Vemos la novedad del car¨¢cter "indefinido" de la tregua como un alivio y una esperanza, ante la cual los dem¨®cratas debemos reaccionar con serenidad, con firmeza y con unidad, afirmando nuestra permanente voluntad de una paz definitiva, de un cese total e incondicional de una violencia injustificable.

Apoyamos con firmeza al Gobierno de Espa?a para que dirija el proceso que conduce a la paz. Pero con la misma firmeza creemos que nada m¨¢s puede negociarse al respecto; que la paz es una exigencia leg¨ªtima de todos los ciudadanos que no deben suponer contrapartidas pol¨ªticas. Por eso, no aceptamos la idea de conceder ventaja pol¨ªtica alguna porque ser¨ªa la peor amenaza para la convivencia. Legitimar la violencia en democracia nos deparar¨ªa un futuro incierto ante nuevos brotes de actividad violenta. En consecuencia, exigimos de los dem¨®cratas, de derecha o de izquierda, nacionalistas o no, respeto a las reglas de juego que nos hemos dado, incluso para cambiarlas en el caso de que algunos deseen hacerlo.

La confusa declaraci¨®n de separar las reivindicaciones pol¨ªticas de algunos partidos nacionalistas de las conversaciones para el cese definitivo de la violencia terrorista debe convertirse en una firme posici¨®n, propia de cualquier dem¨®crata que no puede aparecer ante la opini¨®n p¨²blica mezclando sus aspiraciones con las de los que practican el terror. La Constituci¨®n misma, con su vocaci¨®n incluyente y no excluyente, admite todas las posiciones que se expresen pac¨ªficamente, comprendidas aquellas que contradigan su contenido; por eso nada explica la violencia cuando las aspiraciones pueden expresarse en paz.

Hoy, cuando se empezaba a superar el nacionalismo espa?ol de car¨¢cter excluyente, vemos con preocupaci¨®n las posiciones nacionalistas que cuestionan la cohesi¨®n garantizada en la Constituci¨®n y niegan la soberan¨ªa de los espa?oles en su conjunto.

Como representantes auton¨®micos de m¨¢s de diez millones de espa?oles, defendemos la cohesi¨®n social y la solidaridad territorial. La paz no es s¨®lo el silencio de las armas; la paz es tambi¨¦n la paz social, el equilibrio entre sus territorios y la garant¨ªa de igualdad de los derechos y oportunidades en cuestiones b¨¢sicas (educaci¨®n, bienestar social, etc.) para mantener as¨ª la cohesi¨®n entre los espa?oles, vivan donde vivan.

Dentro de la unidad pol¨ªtica de Espa?a, en la que nuestra Constituci¨®n reconoce los hechos diferenciales, los sistemas particulares de financiaci¨®n y las diferentes v¨ªas de acceso al autogobierno, no existe un derecho natural, ni previo ni posterior a la Constituci¨®n, que pueda ser invocado para justificar privilegios entre los territorios o desigualdad entre los espa?oles. En este sentido, todas las comunidades aut¨®nomas tienen el derecho a los niveles de autogobierno y competencias a que aspiren dentro de lo que la Constituci¨®n admite.

Estamos organizados pol¨ªticamente como pueblos, y no s¨®lo tenemos derecho a pronunciarnos como comunidades aut¨®nomas sobre la estructura de Estado, de todo el Estado, sino que tenemos el deber de hacerlo. Para poder reflexionar en conjunto, los presidentes de Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Extremadura pedimos la convocatoria de la Comisi¨®n General de las Comunidades Aut¨®nomas del Senado y la comparecencia del presidente del Gobierno de Espa?a para debatir sobre estos importantes asuntos".