Gil acusa a un juez de paralizarle una obra sin tener competencias

El Ayuntamiento de Marbella denunci¨® ayer que el juzgado n¨²mero 7, que decret¨® la paralizaci¨®n de una obra por un presunto delito contra la ordenaci¨®n del territorio, prescindi¨® del informe previo del fiscal para acordar dicha suspensi¨®n. La asesor¨ªa jur¨ªdica del Ayuntamiento de Jes¨²s Gil asegura que el juzgado que dict¨® la paralizaci¨®n no tiene competencias en el asunto Belmonsa y que el que debe entender del tema es el n¨²mero 1, el primero en conocer el caso.

El gobierno municipal sostiene que el magistrado del juzgado n¨²mero 7, Santiago Torres, hizo "caso omiso" a un informe del ministerio fiscal que se?alaba que el juzgado competente para seguir la instrucci¨®n era el n¨²mero 1 y "se opuso". Seg¨²n la asesor¨ªa jur¨ªdica del GIL, se cre¨® una situaci¨®n en la que hab¨ªa "dos juzgados conociendo el mismo asunto, violentando gravemente la ley y los derechos de los imputados". Los abogados municipales sostienen que Torres acord¨® la paralizaci¨®n de la obra que levanta la constructora Belmonsa "sin informe previo del fiscal" y antes de que la Audiencia Provincial de M¨¢laga se pronunciase sobre la competencia a favor del juzgado n¨²mero 1, solicitada por la defensa. El letrado de la acusaci¨®n popular, Jos¨¦ Carlos Aguilera, neg¨® que hubiese problemas de competencias entre los juzgados. A?adi¨® que el fiscal tuvo conocimiento de la orden del juez de paralizar la obra y "no se pronunci¨®". El Ayuntamiento insiste en que el propio fiscal formul¨® el pasado 25 de agosto un recurso ante la Audiencia de M¨¢laga pidiendo que se declarase competente el juzgado n¨²mero 1 en detrimento del 7, diligencia que no se notific¨® hasta ayer, "dejando a los imputados indefensos". La asesor¨ªa se?ala que la legalidad de la cuestionada licencia de obras se instruye en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) a ra¨ªz de una denuncia de la Junta de Andaluc¨ªa, "lo que puede dar, evidentemente, a tres decisiones judiciales contradictorias". La defensa de la obra solicit¨® la paralizaci¨®n del procedimiento penal que se sigue en el juzgado n¨²mero 7 -delito contra la ordenaci¨®n del territorio- hasta que el TSJA decidiera sobre la legalidad de la licencia. El juzgado n¨²mero 7 orden¨® el pasado lunes la paralizaci¨®n de las obras del edificio Torre Marina, que ocupa parte de una zona verde y cuya altura excede en m¨¢s de cuatro veces lo permitido por el actual Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU), e impuso 350 millones de pesetas de fianza a sus promotores. El gobierno municipal concedi¨® esta licencia de obras tomando como base la revisi¨®n del PGOU -que autoriza a levantar 13 plantas donde s¨®lo se permiten tres alturas- de Marbella, que fue vetado por la Junta.