El fiscal Fungairi?o descart¨® investigar al Santander por el uso de testaferros

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, que pidi¨® el archivo del caso de las cesiones de cr¨¦dito del Banco Santander, calific¨® de "in¨²tiles" las investigaciones sobre los inductores del uso de testaferros para defraudar a Hacienda. En contra de la posici¨®n sostenida por el abogado del Estado, que tambi¨¦n pidi¨® el archivo del caso, documentos internos del Santander revelan las tensiones con Hacienda para la entrega de datos, y que el presidente de la entidad, Emilio Bot¨ªn, fue informado de ellas.

El caso de las cesiones de cr¨¦dito del Banco Santander ha pasado a primer plano de la contienda pol¨ªtica y ha causado malestar en medios jur¨ªdicos. Tanto el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, como el abogado del Estado, la parte acusadora, han pedido el archivo del caso por procedimientos, como m¨ªnimo, poco regulares. La entidad financiera, consultada ayer, declin¨® hacer declaraciones al respecto.El asunto dio un giro radical el pasado viernes cuando la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, decidi¨® seguir adelante con el proceso, pese a no contar con el respaldo de la parte acusadora. En este proceso se dilucida si el Banco Santander alent¨® a sus clientes a suscribir un producto financiero opaco al fisco -capt¨® 432.965 millones con m¨¢s de 3.500 titulares-, si para ello facilit¨® el uso de indentidades falsas y si colabor¨® o no con Hacienda en sus investigaciones.

Seis a?os despu¨¦s de que el caso pasase a la esfera judicial, tanto el abogado del Estado como el fiscal jefe de la Audiencia, deciden que no hay responsabilidades penales exigibles a la entidad financiera. Ambos que, en teor¨ªa, act¨²an en defensa de los intereses de la Hacienda p¨²blica, presentan sus escritos de petici¨®n de archivo pr¨¢cticamente al tiempo, en torno al pasado 14 de julio.

Por parte de la fiscal¨ªa, el responsable hasta ese momento del caso, Jes¨²s Santos, es sustituido por el propio Fungairi?o. ?ste aprovech¨® que Santos se encontraba de vacaciones por esas fechas y asumi¨® el caso como forma de resolver las discrepancias entre ambos. El relevo no cumpli¨® las formalidades exigidas y recuerda a los m¨¦todos seguidos durante la ¨¦poca franquista.

En el caso del abogado del Estado, el giro en las posiciones mantenidas hasta entonces es tambi¨¦n sorprendente. En actuaciones previas, el m¨¢s directo defensor de los intereses de la Hacienda p¨²blica, se apoya en todo momento en las instrucciones de la Agencia Tributaria. De hecho, la ley sobre asistencia jur¨ªdica al Estado establece en su art¨ªculo 7 que para desistir de un procedimiento -como se ha hecho en el caso de las cesiones de cr¨¦dito- se deber¨¢ recabar informe previo del departamento afectado, en este caso, de la Agencia Tributaria.

Su presidente, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, neg¨® el pasado martes en el Congreso que hubiera dado instrucciones al abogado del Estado para solicitar el archivo de la causa. Este extremo no ha convencido a los grupos de la oposici¨®n -PSOE, IU e Iniciativa per Catalunya, personada como acusaci¨®n popular- que sospechan de la existencia de un acuerdo a alto nivel para dar carpetazo al asunto. Todo el asunto se remonta a abril de 1992 cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, se incauta de los archivos inform¨¢ticos centrales del banco en Madrid que contienen la lista de los titulares de las cesiones de cr¨¦dito. Moreiras responde as¨ª a la denuncia formulada por Hacienda que descubre el fraude y lo denuncia ante la Audiencia Nacional.

Del an¨¢lisis de estos datos -realizado en parte por el Instituto de Rob¨®tica de la Universidad de Valencia- se descubre que se han utilizado testaferros -alba?iles en paro que invierten m¨¢s de 100 millones de pesetas, jubilados, fallecidos- para camuflar la verdadera identidad de los titulares de las cesiones. La mayor¨ªa de ellos regularizaron su situaci¨®n pero, finalmente, se detectan 228 presuntos delitos fiscales. Entre los titulares aparece el consejero de Obras P¨²blicas de la Generalitat Valenciana, Fernando Cartagena, que invierte 150 millones a trav¨¦s de otra persona. Por este motivo Cartagena dimite de su cargo a principios de este a?o.

Pese a todo ello, el fiscal Fungairi?o entiende que el Banco Santander no tiene responsabilidades penales y esto "releva de la necesidad de agotar la investigaci¨®n, hasta extremos que ya se han revelado in¨²tiles, sobre quienes hubiesen sido los inductores y los autores materiales de dichos fingimientos".