?Cabe la paz en la Constituci¨®n?

Hay un estereotipo que, driblando los vericuetos de la historia, atribuye a algunos elegidos un derecho natural a determinados privilegios: a los conservadores, a la ostentaci¨®n del poder; a los nacionalistas, a la expedici¨®n oficial y exclusiva de certificados de raza y ciudadan¨ªa.En la compleja coyuntura pol¨ªtica de hoy, ese supuesto derecho natural invoca no s¨®lo injustificados privilegios para determinados territorios, en virtud de un entronizado linaje de naci¨®n, sino que incluso segmenta la libertad de expresi¨®n designando qui¨¦nes y cu¨¢ndo pueden ejercerla.

La Declaraci¨®n de M¨¦rida, que suscribimos el pasado d¨ªa 6 los presidentes de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andaluc¨ªa, no es m¨¢s, ni menos, que una toma de posici¨®n, una declaraci¨®n de principios, un ejercicio de responsabilidad de quienes representamos y gobernamos a m¨¢s de diez millones de espa?oles, sobre los trascendentes acontecimientos pol¨ªticos que vive hoy Espa?a. Creemos que Espa?a se est¨¢ jugando mucho y "no estamos dispuestos a que nuestro silencio nos haga c¨®mplices de procesos que marginen a nuestros territorios".

S¨®lo quienes se embarcaron primeros en la Declaraci¨®n de Barcelona, luego en la de Estella-Lizarra y, m¨¢s tarde pactaron o dieron el visto bueno al discurso que introduc¨ªa la oferta de tregua por parte de ETA, pueden hablar de frente o tener mala conciencia frentista.

Por el contrario, de M¨¦rida ha salido un apoyo firme al Gobierno de Espa?a para que se lidere el proceso conducente a la paz, una s¨®lida defensa razonada y con todos los avales democr¨¢ticos de la Constituci¨®n Espa?ola (CE) y una argumentada preocupaci¨®n por el futuro de la cohesi¨®n social y la solidaridad territorial, que deben ser garantizadas en cualquier nueva propuesta sobre la estructura del Estado.

No defendemos la actual Constituci¨®n Espa?ola por ning¨²n acto de fe ni beater¨ªa, mucho menos por resabios patri¨®ticos, como se ha apresurado a descalificar alg¨²n ofuscado nacionalista, sino porque nuestra suprema norma ha funcionado en sus 20 a?os de vigencia. Ha servido a los ciudadanos, ha contribuido al desarrollo de las nacionalidades y regiones evitando descuelgues o fragmentaciones, ha cohesionado al Estado, ha fortalecido la concordia y consolidado un amplio consenso en Espa?a. Estoy convencido de que hoy, por estas razones, ha calado en los espa?oles el sentimiento constitucional que definiera Karl Loewenstein.

El proyecto que nace con la Constituci¨®n y los estatutos garantiza la unidad y el respeto a la diversidad como una riqueza compartida. Este proyecto va siendo asumido por los ciudadanos de nuestras comunidades, pero su consolidaci¨®n necesita explicaci¨®n constante, conocimiento profundo de esa realidad plural, de esas identidades diferenciadas que nos han acompa?ado hist¨®ricamente, pero que hab¨ªan tratado de ser excluidas por una visi¨®n nacionalista espa?ola que reprim¨ªa las identidades culturales de los pueblos de Espa?a.

Pero ?cu¨¢l es la cuesti¨®n de fondo que ha tensado hoy el debate pol¨ªtico en Espa?a? Palmariamente, que, al rebufo de ese espectacular b¨®lido en que se ha convertido la tregua de ETA, los nacionalistas de pedigr¨ª, inmersos en sendos periodos preelectorales, quieren coger la estela lanzando un verdadero jaque al Estado de las autonom¨ªas.

A esos mismos nacionalistas que tanto se afanaron para incluir la Disposici¨®n Adicional Primera en la Constituci¨®n de 1978, para lograr con el Estatuto de Gernika el r¨¦gimen de autogobierno m¨¢s amplio de Europa..., a esos mismos nacionalistas no les vale ya, al parecer, ni la una ni el otro.

Han presentado sus credenciales (la violencia en la rec¨¢mara) y con ellas est¨¢n dispuestos a modificar los principios de nuestro ordenamiento constitucional, reinventando al sujeto del poder constituyente, removiendo los cimientos de la legitimidad democr¨¢tica y echando, en definitiva, un envite al Estado que se podr¨ªa formular como "paz a cambio de poder pol¨ªtico", o en ¨²ltimo t¨¦rmino, a cambio de soberan¨ªa.

Ahora bien, ?en virtud de qu¨¦ designios supremos, de qu¨¦ vicar¨ªas o de qu¨¦ aristocr¨¢tica estirpe pueden los nacionalistas vascos imponer su modelo de toma de decisiones para legitimar una soluci¨®n al problema de Euskadi? ?Qu¨¦ ordenamiento constitucional permitir¨¢ que el mundo abertzale sea el sujeto ¨²nico de decisi¨®n en una eventual reforma pol¨ªtica?

?Qu¨¦ ordenamiento constitucional podr¨ªa soportar que la violencia lograra, tras d¨¦cadas de terror, mayores dividendos pol¨ªticos que la propia paz y la democracia?

Creemos imprescindible que todos hagamos un esfuerzo de prudencia y de sensatez para buscar la mejor soluci¨®n a ese gran desaf¨ªo, a esa gran esperanza que ha levantado la expectativa de paz abierta por la tregua de ETA. Hoy es posible avanzar hacia la erradicaci¨®n de la violencia, incluida la callejera, que parece excluida de los acuerdos de los nacionalistas, que sigue amenazando a los discrepantes.

Hoy es posible si los dem¨®cratas nos mantenemos unidos y concentramos nuestra atenci¨®n en el objetivo principal: paz con libertad, libertad sin amenazas.

Desde la legitimidad hist¨®rica que asiste a Andaluc¨ªa, desde la autoridad moral y pol¨ªtica que nos dio el 28 de febrero de 1980, cuando los andaluces nos ganamos a pulso el m¨¢ximo nivel de autogobierno, queremos contribuir a encontrar la mejor salida a esta delicada situaci¨®n, que no puede pasar por la consolidaci¨®n de privilegios econ¨®micos y sociales para determinados territorios, porque dentro de la unidad pol¨ªtica de Espa?a, en la que nuestra Constituci¨®n reconoce los hechos diferenciales, los sistemas particulares de financiaci¨®n y las diferentes v¨ªas de acceso al autogobierno, no existe un derecho natural, ni previo ni posterior a la Constituci¨®n, que pueda ser invocado para justificar estos privilegios o la desigualdad entre los espa?oles. En este sentido, todas las comunidades aut¨®nomas tienen el derecho a los niveles de autogobierno y competencias a que aspiren dentro de lo que la Constituci¨®n admite.

Y, adem¨¢s, la Constituci¨®n es una norma tan rica y abierta que establece sus propios mecanismos para adaptarse a cambios necesarios con el consenso de todos. Y creo que el Senado es la instancia adecuada para debatir en estos momentos, con la mayor flexibilidad y altura de miras, cualquiera de los supuestos planteados.

Y, por supuesto, aislando el proceso de paz de este crucial debate pol¨ªtico. La paz, que tiene un incalculable valor, no puede tener un precio pol¨ªtico.

Mas si lo que se quiere es algo distinto a encontrar una salida democr¨¢tica y pactada hacia la paz, si prima la ambici¨®n de un poder pol¨ªtico creciente, si todo se resume en el tironeo financiero al servicio de la clientela, si pesa m¨¢s la contaminaci¨®n electoral del proceso..., entonces el debate seguir¨¢ instalado en la crispaci¨®n, en la sinraz¨®n, en las v¨ªsceras o en el pensamiento d¨¦bil, y ser¨¢, sin duda, un mal camino, un sendero peligroso e inviable que no conduce a ninguna parte.