Pinceladas justicieras

El Ministerio de Justicia recurre (las plantillas). El Gobierno vasco eleva a definitivas algunas de las transferencias pendientes (las prisiones) y la sociedad vasca condena (a los jueces). Y todo esto mientras la singular aplicaci¨®n de la justicia en estos cuatro a?os en Euskadi se ha asomado constantemente a las primeras p¨¢ginas: el esc¨¢ndalo de la absoluci¨®n por un jurado del asesino de dos ertzainas en Itsasondo, Mikel Otegi; un fiscal general como Jes¨²s Cardenal, que se resiste a entregar el testigo de su plaza en el Pa¨ªs Vasco; la multa al presidente del alto tribunal vasco, Manuel Mar¨ªa Zorrilla, por rega?ar a tres magistrados que fallaron en su contra en un pleito con su ex esposa o los juzgados ennegrecidos por la acci¨®n de los c¨®cteles m¨®lotov. Si en 1994 los ataques a sedes judiciales apenas se contaban con los dedos de una mano, un a?o despu¨¦s se elevaron a 22 y en los dos a?os posteriores sumaron 30. Esta campa?a de acoso violento -que ha costado cerca de 100 millones al erario p¨²blico- oblig¨® a que el Parlamento vasco, con apenas 13 meses de diferencia, aprobara dos declaraciones para respaldar el trabajo de los profesionales de la justicia marcados por la intolerancia y las amenazas. Una vez m¨¢s, la acci¨®n de una viceconsejer¨ªa como la de Justicia, que gestiona casi 12.000 millones de pesetas, quedaba difuminada por una lluvia de bombas incendiarias y dianas. Plan de Modernizaci¨®n Guarecidos bajo el paraguas que durante esta legislatura ha supuesto el Plan de Modernizaci¨®n de la Administraci¨®n de Justicia, y con la transferencia del grueso del personal laboral en abril de 1996 a buen recaudo -524 oficiales, 800 auxiliares y 356 agentes-, la cartera manejada primero por el l¨ªder socialista Ram¨®n J¨¢uregui, luego por su brazo derecho, Francisco Egea, y, en los ¨²ltimos meses, por el nacionalista Sabin Intxaurraga, ha sorteado un sin fin de obst¨¢culos. Dentro y fuera de casa. De hecho, alguna de las asignaturas pendientes para culminar el desarrollo auton¨®mico en materia de justicia, como la de prisiones, se ha tenido que ventilar primero en casa. Las reticencias mostradas hist¨®ricamente por el PNV para recibir esta transferencia fueron vencidas finalmente en esta legislatura. Nada m¨¢s acceder al cargo, Egea logr¨® que el Gobierno tripartito enviara una carta al Gabinete Aznar para abrir de inmediato la negociaci¨®n sobre este traspaso. Para entonces, el PNV ya estaba en sinton¨ªa. En el frente abierto en torno a los presos, la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Parlamento hab¨ªa aprobado un plan para acercar a los 1.168 reclusos vascos y navarros dispersos por las c¨¢rceles espa?olas. Otros 825 ya cumplen condena en las tres prisiones vascas. Unos centros que, seg¨²n el informe del Ararteko de 1996, "son un foco de enfermedades" y tienen un problema de hacinamiento que "provoca graves problemas de convivencia". La declaraci¨®n de tregua por parte de ETA y la gesti¨®n del asunto de los presos puede acelerar en la pr¨®xima legislatura una transferencia con el tel¨®n de fondo de una soluci¨®n dialogada a la violencia. Si en casa se venc¨ªan las reticencias, en el exterior el Departamento de Justicia conoc¨ªa el sinsabor de recibir una transferencia primero y, pocos a?os despu¨¦s, el acuse de recibo del recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de las plantillas de justicia acordado con los sindicatos. La ministra Margarita Mariscal de Gante negaba de esta manera la capacidad que la transferencia otorgaba a las autoridades vascas para decidir sobre los puestos concretos de funcionarios y los requisitos necesarios seg¨²n la realidad del mapa judicial vasco. Y todo con el argumento de la invasi¨®n de competencias, y con el consiguiente cabreo de los sindicatos, que han visto congeladas sus conquistas laborales tras dos meses de huelga. ?Y que opina de todo esto el justiciable? Por resumir, una condena a trabajos forzados sin reducci¨®n de pena. Tres de cada cuatro ciudadanos vascos desconf¨ªan de los jueces, el 76% est¨¢ convencido de que no son imparciales y hasta un 69% cree que existe discriminaci¨®n por raz¨®n de la condici¨®n social del acusado. Y son datos oficiales. Hasta 25 millones se ha gastado el Departamento de Justicia para contrarrestar esta p¨¦sima imagen que arrastran los hombres y mujeres de la togas. El viceconsejero I?aki S¨¢nchez, una de las personas que mejor conoce el funcionamiento de la justicia vasca - superviviente con el equipo de Intxaurraga- apuesta por el trabajo callado, alejado del show medi¨¢tico. Y abriendo de nuevo el paraguas del Proyecto de Modernizaci¨®n, muestra algunos de los logros: los casi 48.000 metros cuadrados de superficie de sedes judiciales (1987) se han multiplicado por tres, con una inversi¨®n que rondar¨¢ los 30.000 millones para el a?o 2000; el envidiado plan de informatizaci¨®n -con una primera fase en la que 1.800 puestos de trabajo funcionan ya en l¨ªnea-, y un horizonte de inversi¨®n en 1999 que suma 4.600 millones. Con todo, se admite que en la reforma de la oficina judicial queda mucho camino por recorrer. Es de justicia caminarlo.