Las investigaciones judiciales cercan a la CEV
Las pesquisas de la fiscal¨ªa y del Tribunal de Cuentas reabren el caso de los fondos de formaci¨®n
Los recientes informes de la fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano y el Tribunal de Cuentas han desbloqueado la investigaci¨®n judicial en torno a la gesti¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Jim¨¦nez de Laiglesia y Luis Espinosa al frente de la Confederaci¨®n Empresarial Valenciana (CEV). Ambas instancias han descubierto irregularidades en el uso de los fondos de formaci¨®n gestionados por la CEV entre 1993 y 1995. Desde las primeras pesquisas, dos juzgados han archivado denuncias sobre el caso. Pero ahora, otro magistrado estudia la probable reapertura de esta tortuosa y larga investigaci¨®n.
"El laberinto de la justicia" ser¨ªa un perfecto encabezamiento para un estudio que analizara las vicisitudes y peripecias a las que se ha visto sometida la investigaci¨®n de las supuestas irregularidades cometidas por la CEV. ?Es posible que las graves irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas no hayan aflorado ni en la investigaci¨®n judicial ni en la administrativa? De momento, eso parece. "Ser¨¢ conveniente que se proceda a la apertura de diligencias en la jurisdicci¨®n penal", dice el tribunal en su informe, y esta conveniencia es la que analiza ahora el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia. El juez estudia reabrir las pesquisas acerca de los usos de los fondos de formaci¨®n manejados por la patronal, despu¨¦s de que otros dos jueces archivaran sendos expedientes y un fiscal se inhibiera del caso. La fiscal¨ªa del TSJ emprendi¨® sus primeras pesquisas el 16 de mayo de 1996. Ese d¨ªa, el fiscal jefe, Enrique Beltr¨¢n, encomend¨® a un miembro de la acusaci¨®n p¨²blica, Javier Carceller, la investigaci¨®n del caso. ?ste intent¨® durante varios meses, en estrecha colaboraci¨®n con cuatro miembros de la Inspecci¨®n de Trabajo, sacar conclusiones del inextricable monto de facturas y documentos que justificar¨ªan el gasto de unos 6.000 millones de pesetas. La investigaci¨®n, con extrema lentitud dada su complejidad, avanzaba: el fiscal incluso orden¨® a los inspectores que se personaran en la Consejer¨ªa de Trabajo para analizar toda la informaci¨®n necesaria. No obstante, un error precipitar¨ªa los acontecimientos, ya que una fiscal, sin comentarlo antes con Carceller, envi¨® a los juzgados una denuncia contra un centro de estudios de Valencia supuestamente beneficiado con fondos de formaci¨®n de la CEV. Carceller, en aplicaci¨®n de las leyes procesales, se vio obligado a remitir tambi¨¦n a los juzgados los resultados de una investigaci¨®n en estado embrionario. A ello se uni¨® que tuvo que abstenerse de seguir en el caso al haber compartido banco en el colegio y en la Facultad de Derecho con un denunciado. As¨ª, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia se encarg¨® de la investigaci¨®n, pero s¨®lo por unos d¨ªas. Su titular, Vicente R¨ªos, envi¨® a reparto (sistema por el que se distribuyen las denuncias por los juzgados desde el decanato) el expediente remitido por Carceller. R¨ªos consider¨®, con la aprobaci¨®n del fiscal destinado a su juzgado, que la denuncia que ¨¦l ya investigaba no ten¨ªa relaci¨®n -conexidad, en t¨¦rminos jur¨ªdicos- con las diligencias de Carceller. Acab¨® archivando la denuncia inicial al no poder determinar al culpable de un posible delito de falsificaci¨®n. Mientras, Teresa Serra, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6, asumi¨® por reparto la investigaci¨®n realizada contra la CEV y la Confederaci¨®n Valenciana de la Peque?a y Mediana Empresa (Cepymev). Eso, despu¨¦s de repartir, a su vez, por varios juzgados la informaci¨®n contenida en el trabajo del fiscal que no afectaba a estas dos entidades. La causa se disgreg¨® en varias, nadie sabe cu¨¢ntas. Meses despu¨¦s, Serra, tambi¨¦n con el visto bueno del fiscal de su juzgado, archiv¨® la denuncia al considerar que los delitos de falsificaci¨®n de documento imputados a la CEV y Cepymev hab¨ªan prescrito. La parte principal de la causa entr¨® en v¨ªa muerta. Tambi¨¦n la propuesta aprobada por todos los grupos en las Cortes valencianas para impulsar una investigaci¨®n parlamentaria cay¨® en el olvido. La inspecci¨®n de Trabajo dio la callada por respuesta y en la CEV, ya sustituidos el presidente (Jim¨¦nez de Laiglesia) y el secretario general (Espinosa), nadie quiso saber nada. De la crisis, al vac¨ªo. Y del vac¨ªo, otra vez al esc¨¢ndalo. Las n¨ªtidas denuncias del Tribunal de Cuentas y el informe final de la inspecci¨®n de Trabajo, que la fiscal¨ªa del TSJ ha remitido al juez, han resucitado una investigaci¨®n enterrada.
Cronolog¨ªa de un esc¨¢ndalo
? Abril de 1995. La Consejer¨ªa de Trabajo, dirigida por los socialistas, impulsa una auditor¨ªa sobre la gesti¨®n de las ayudas p¨²blicas a la CEV y Cepymev para los fondos de formaci¨®n. ? agosto de 1995. La Inspecci¨®n de Trabajo, con la conserjer¨ªa ya en manos de Jos¨¦ Sanmart¨ªn y el gobierno del PP y UV, entrega un informe que constata irregularidades en la gesti¨®n de los fondos y recomienda el traslado del caso a la fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano "por si los hechos fueran constitutivos de delito". ? 16 de mayo de 1996. La fiscal¨ªa del TSJ reclama el informe de los inspectores a la consejer¨ªa de Trabajo despu¨¦s de que trasciendan las supuestas irregularidades en la CEV. Sanmart¨ªn, sin explicaci¨®n oficial ni justificaci¨®n aparente, desoy¨® la recomendaci¨®n de la inspecci¨®n y no facilit¨® el informe a la fiscal¨ªa. Poco despu¨¦s, el fiscal Javier Carceller inicia la investigaci¨®n de los hechos en cooperaci¨®n con cuatro inspectores. ? junio de 1996. Varios inspectores se personan en la consejer¨ªa, por orden del fiscal, para analizar toda la documentaci¨®n relacionada con el caso. ? 9 de junio de 1996. Sale a la luz parte del informe inicial de la Inspecci¨®n de Trabajo. Luis Espinosa, responsable de la gesti¨®n de los fondos de formaci¨®n como secretario general de la CEV, favoreci¨®, dice el informe, con 40 cursos a IFNE, una academia de la que era accionista su cu?ado. IFNE gan¨® con los cursos casi 50 millones de pesetas, el 89% de su facturaci¨®n hasta la fecha. ? 11 de junio de 1996. El PSPV y EU piden en las Cortes una investigaci¨®n sobre los fondos de formaci¨®n, financiados con dinero p¨²blico. El PP, que apoya la propuesta, no ve irregularidad alguna en la actuaci¨®n de Espinosa, que ya ha sido nombrado secretario general de la Agencia de Cooperaci¨®n Internacional. ? 12 de junio. La CEV reclama "respeto a la presunci¨®n de inocencia", el PSPV acusa de negligencia de Sanmart¨ªn y ¨¦ste descarga toda la responsabilidad en el anterior Consell al resaltar que las supuestas irregularidades se cometieron entre 1993 y 1995, cuando el PSPV gobernaba la Generalitat. ? 13 de junio. Sanmart¨ªn pide que se investiguen todos los cursos de formaci¨®n realizados durante el gobierno socialista. ? 14 de junio. La fiscal¨ªa ampl¨ªa env¨ªa a varios inspectores a la sede de UGT. La consejer¨ªa, a¨²n con el PSPV en el poder, consider¨® que el sindicato no justific¨® 229 de los 750 millones de pesetas qeu recibi¨® para formaci¨®n en 1993. UGT complet¨® posteriormente la documentaci¨®n. : ? 18 de junio. El Sindicato Independiente se querella contra Sanmart¨ªn por supuesta prevaricaci¨®n al entender que obstruy¨® la investigaci¨®n judicial. El TSJ archiva el caso. ? 9 de julio. Sanmart¨ªn niega cualquier responsabilidad del PP y afirma: "Estamos aterrorizados por la gesti¨®n un tanto ex¨®tica de los socialistas". ? 14 de febrero de 1997. Tras meses de investigar la compleja documentaci¨®n, el fiscal encargado del caso se inhibe al comprobar que la investigaci¨®n podr¨ªa salpicar a un conocido. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15, cuyo titular es Vicente R¨ªos, se hace cargo del asunto al estar investigando una denuncia anterior a la actuaci¨®n de la fiscal¨ªa y posiblemente relacionada con los hechos. R¨ªos investiga la denuncia presentada contra una academia privada favorecida por los fondos de formaci¨®n por un supuesto delito de falsificaci¨®n de documento. El resto del expediente lo env¨ªa al decanato de los juzgados para su distribuci¨®n a otros jueces. ? febrero de 1997. As¨ª, las posibles irregularidades cometidas por algunas de las 42 academias favorecidas con los 6.000 millones de los fondos de formaci¨®n son trasladadas otros juzgados. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Valencia se encarga de la investigaci¨®n contra la CEV y Cepymev. Ni los jueces, ni los fiscales, ni la propia patronal saben cu¨¢ntos expedientes hay abiertos por el caso de los fondos. ? 14 de marzo. La juez Teresa Serra archiva la denuncia contra la CEV y Cepymev. Considera que el supuesto delito de falsificaci¨®n de documento ha prescrito. ? 14 de junio. El juzgado n¨²mero 15 hace lo propio con la denuncia contra la academia privada. No encuentra al supuesto culpable -alguien justific¨® con una firma la presencia en un curso de un alumno fantasma- de otro delito de falsificaci¨®n. ? 28 de agosto. La fiscal¨ªa remite nuevos resultados de sus pesquisas a los juzgados. El n¨²mero 9 recibe esta documentaci¨®n, y el magistrado estudia si la asume o la remite a los juzgados n¨²mero 15 o 6, que ya han investigado en este caso. ? 2 de octubre. El Tribunal de Cuentas afirma en un informe que la CEV cobr¨® cursos que no se hicieron y manipul¨® facturas por 107 millones de pesetas para justificar gastos inexistentes. La fiscal¨ªa de ese organismo decide remitir el informe al TSJ para que investigue "un presunto hecho delictivo". ? 13 de octubre. El Juzgado n¨²mero 9 de Valencia pide informaci¨®n al n¨²mero 15. Sigue sin decidir si se hace cargo de la documentaci¨®n que recibi¨® en agosto de la fiscal¨ªa o deja el caso en manos del juez R¨ªos, que recibi¨® la primera denuncia de esta tortuosa investigaci¨®n judicial.
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