Los interrogantes sobre la competencia pueden bloquear la extradici¨®n

El Gobierno espa?ol puede aceptar o rechazar la petici¨®n de extradici¨®n del ex dictador Augusto Pinochet; dejar correr el plazo de los 40 d¨ªas establecido en el Convenio de Extradici¨®n de 1985 entre el Reino Unido y Espa?a hasta que el ex general quede libre o apoyarse en la tesis del fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairi?o, y solicitar a la Sala de lo Penal que resuelva, antes de cursar cualquier petici¨®n, el problema de la competencia judicial de Espa?a.

La extradici¨®n de Pinochet est¨¢ sujeta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) de Espa?a que, salvo modificaciones posteriores, procede de principios de siglo. La doctrina imperante en la Uni¨®n Europea (UE) en los casos de extradici¨®n activa es que se trata de un acto de auxilio judicial internacional contra el que no cabe una intervenci¨®n gubernamental alguna. Esto se lleva hasta las ¨²ltimas consecuencias en los pa¨ªses del espacio Schengen, al que pertenece Espa?a, pero no en el Reino Unido. El objetivo es despolitizar los procesos de extradici¨®n. Con este marco legal, el juez Baltasar Garz¨®n debe iniciar el proceso de petici¨®n de extradici¨®n y, una vez finalizado el auto, trasladarlo al Ministerio de Justicia para que lo curse al Consejo de Ministros. Seg¨²n Mar¨ªa Teresa de la Vega, experta judicial del PSOE, en el texto de la LEC "no se deduce que el Gobierno pueda vetar la tramitaci¨®n de la petici¨®n". Es la tesis tambi¨¦n de la acusaci¨®n particular en los sumarios de Chile y Argentina: "El Gobierno es un mero veh¨ªculo transmisor".

Pero seg¨²n otros juristas carece de sentido que una decisi¨®n que se toma en Consejo de Ministros no sea pol¨ªtica. Seg¨²n esta interpretaci¨®n, el Ejecutivo estar¨ªa legitimado en negarse a cursar la petici¨®n de extradici¨®n en aras de los intereses del Estado.

Para evitar las repercusiones de una decisi¨®n en este sentido, el Gobierno tiene otra salida: interpretar que la opini¨®n del fiscal jefe de la Audiencia o del Fiscal General del Estado -opuestos a la competencia de los tribunales espa?oles en los delitos de genocidio, terrorismo internacional y torturas-, permite afirmar que la petici¨®n del juez Garz¨®n no es firme y definitiva y que requiere un pronunciamiento previo de la Sala de lo Penal de la Audiencia para saber si los tribunales espa?oles son competentes.

"La Sala tiene tiempo en estos 40 d¨ªas para resolver el asunto", dice De la Vega. Para ello, requerir¨ªa una reuni¨®n extraordinaria y urgente para decidir antes de que termine el plazo de 40 d¨ªas que establece el convenio de extradici¨®n con el Reino Unido. Los juristas progresistas que realizaron el dictamen sobre la competencia consideran que el problema de la competencia es un asunto que no debe interferir en el proceso de extradici¨®n, pues existe el riesgo de que se cause un mal mayor al permitir la huida de un presunto criminal por un problema de procedimiento.

Esos mismos juristas consideran que cualquier juez de otro pa¨ªs podr¨ªa iniciar un proceso contra Pinochet bas¨¢ndose en los mismos principios de justicia universal esgrimidos por Garz¨®n.