Espa?a y Pinochet

LA DETENCI?N en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet a instancias del juez Garz¨®n es un toro que le tocar¨¢ lidiar al Gobierno de Aznar, por mucho que haya tratado de eludir el asunto con unas primeras declaraciones, no muy afortunadas, en las que se?al¨® que el caso "afecta a muchas sensibilidades". El auto del juez ampl¨ªa de momento las acusaciones contra Pinochet a 94 delitos de genocidio, asesinato y otros cr¨ªmenes, en el contexto del Operativo C¨®ndor, que llevaron a cabo conjuntamente las dictaduras chilena y argentina entre 1976 y 1983. La sociedad chilena se ha roto en dos respecto a la detenci¨®n de Pinochet, que hab¨ªa acudido a Londres para una operaci¨®n m¨¦dica. Una divisi¨®n que se reproduce en cierta forma en nuestro pa¨ªs, donde la fiscal¨ªa -largo brazo del Ejecutivo- milita desde hace meses contra las actuaciones emprendidas por los jueces Garz¨®n y Garc¨ªa-Castell¨®n contra los dictadores del Cono Sur latinoamericano. El presidente chileno, Eduardo Frei, no yerra al considerar que cada pa¨ªs tiene una distinta transici¨®n a la democracia y que nadie, desde fuera, pidi¨® cuentas por los cuarenta a?os de dictadura de Franco. Pero Franco muri¨® en el poder; Pinochet, no. Y los dictadores con tanta sangre en su conciencia deben verse sometidos a persecuci¨®n por la ley: sus cr¨ªmenes son imprescriptibles. No se trata de dar lecciones a nadie, y menos a¨²n desde Espa?a, sino de que se cumpla la ley si se ha abierto un resquicio para procesar al militar traidor y golpista.

El auto de Garz¨®n cita nueve normas jur¨ªdicas internacionales, que el Reino Unido comparte y que, por tanto, apoyan su acusaci¨®n. Esta situaci¨®n describe la transformaci¨®n del derecho internacional, que ha creado una red de convenios y de legislaciones nacionales que constituyen una especie de jurisdicci¨®n universal -y, por tanto, tambi¨¦n espa?ola- ante cr¨ªmenes que, por su naturaleza, no prescriben. Estamos ante una globalizaci¨®n judicial, que viene a ser la otra cara de la econ¨®mica, en l¨ªnea con lo aprobado para constituir un Tribunal Internacional Penal permanente (TPI) o de la justicia internacional aplicada a los cr¨ªmenes contra la humanidad cometidos en la antigua Yugoslavia o en Ruanda. Los sangrientos hechos que imputa Garz¨®n a Pinochet no han sido sancionados en Chile ni en Argentina, lo que ha permitido la intervenci¨®n de jueces espa?oles, de acuerdo con la doctrina de la "dejaci¨®n de jurisdicci¨®n" por parte de la justicia chilena.

Es complicado que la acusaci¨®n de "genocidio" que ha hecho Garz¨®n para lograr la detenci¨®n de Pinochet se sostenga en el ¨¢mbito jurisdiccional, pero las de tortura, secuestro, asesinato y desaparici¨®n de personas tienen muchas m¨¢s probabilidades, por mucho que algunos fiscales, al intentar rebatir al juez instructor, se empe?en en que ¨¦ste "no acredita indiciariamente el nexo causal con los delitos que se le imputan", adem¨¢s de esgrimir otros argumentos como la cortes¨ªa en la reciprocidad internacional. ?sta es la rancia l¨ªnea del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, autor de un texto en diciembre de 1997 que describ¨ªa los golpes de Estado de Chile y Argentina como la "sustituci¨®n temporal del orden establecido". Fungairi?o considera que el Gobierno puede negarse a tramitar la demanda de extradici¨®n.

El Ejecutivo, que se parapeta tras un comprensible y loable "que se haga justicia y que se cumpla la ley", seguramente preferir¨ªa que fuesen los propios tribunales -ingleses o espa?oles- los que decidieran en su lugar, denegando la jurisdicci¨®n espa?ola y, de rebote, la extradici¨®n. Pero gobernar no es tomar decisiones libres de conflicto, sino afrontar situaciones indeseadas. Cuando aumenta el clamor internacional contra Pinochet y la satisfacci¨®n por su detenci¨®n (desde la Casa Blanca hasta Jospin, o el propio Gobierno de Blair, m¨¢s discreto tras sus primeras declaraciones), el Ejecutivo espa?ol tendr¨¢ probablemente que tomar decisiones sobre la suerte del dictador chileno. No sobre el fondo de si un juez espa?ol tiene o no jurisdicci¨®n en tal materia -lo que corresponde en primer lugar a la Audiencia Nacional, y en particular a la Sala de lo Penal, que ha de ver los recursos interpuestos contra las actuaciones de Garz¨®n y Garc¨ªa-Castell¨®n-, sino acerca de si tramita o no la extradici¨®n. Dejar caducar el plazo de 40 d¨ªas o negarse a darle curso podr¨ªa tener una justificaci¨®n diplom¨¢tica, pero pondr¨ªa en grave cuesti¨®n el enunciado tantas veces repetido por el PP de que el Gobierno se limita, en temas de justicia, a cumplir las resoluciones judiciales. ?sta ser¨¢ una buena piedra de toque. Las acusaciones de asesinato enumeradas contra Pinochet, a sus 82 a?os, pueden ser una cuesti¨®n interna espa?ola.