La oposici¨®n dice que la sentencia del TSJ "es una bofetada" que "deja en evidencia" a Farn¨®s

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Moreno, se?al¨® ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula parte del decreto de retribuciones del personal sanitario es una "bofetada" contra el consejero de Sanidad, Joaqu¨ªn Farn¨®s, quien, en palabras del diputado de EU Alfred Botella, "ha quedado en evidencia ante los tribunales". Mientras el PSPV acusa al consejero de haber incluido el citado decreto en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos "para burlar esta sentencia", Farn¨®s insiste en que presentar¨¢ recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo, alegando que los complementos espec¨ªficos aprobados para los m¨¦dicos tienen rango de ley.

"Teniendo cuatro avisos previos de suspensi¨®n cautelar, la Consejer¨ªa de Sanidad no s¨®lo no suspendi¨® la aplicaci¨®n de este decreto, sino que lo incluy¨® en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos de 1997, aprovechando la mayor¨ªa parlamentaria, para burlar as¨ª la decisi¨®n ¨²ltima del TSJ", se?al¨® Moreno, quien se mostr¨® convencido de que el Gobierno valenciano "ha cometido fraude de ley para seguir cumpliendo su compromiso con los m¨¦dicos", en referencia a los incrementos salariales que pusieron fin a la huelga de 1995. Moreno critic¨® que el decreto parcialmente anulado "permit¨ªa enmascaradamente a los facultativos trabajar en cl¨ªnicas privadas unas ma?anas al mes" y calific¨® la sentencia del TSJ de "bofetada hacia Farn¨®s y hacia Zaplana". En este sentido, UGT redact¨® ayer un comunicado en el que solicita al presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, que "ponga orden" en la Consejer¨ªa de Sanidad. UGT, que recurri¨® por dos veces el pol¨¦mico decreto de retribuciones del personal sanitario valenciano, sostiene que la consejer¨ªa que dirige Farn¨®s se ha convertido en el "hazmerreir" del Gobierno de Zaplana, por lo que le solicita que tome las medidas oportunas "contra los desaguisados que ha creado el consejero en algo m¨¢s de tres a?os". El sindicato a?ade al contencioso sobre los complementos espec¨ªficos de los m¨¦dicos el brote de hepatitis C detectado en dos hospitales valencianos, "los problemas creados por el plan de choque contra las listas de espera en los centros privados" y "la falta de inversiones en los centros sanitarios p¨²blicos", lo que, a su juicio, pudiera tratarse de "un plan premeditado para desprestigiar a la sanidad p¨²blica y sus trabajadores, para llegar a la conclusi¨®n de que lo privado es mejor y m¨¢s barato". Por su parte, el portavoz de temas sanitarios de EU-Els Verds, Alfred Botella, se?al¨® que la sentencia del TSJ "muestra una vez m¨¢s que la consejer¨ªa ha quedado en evidencia ante los tribunales". En su opini¨®n, "lejos de empecinarse en continuar beneficiando a una serie de m¨¦dicos, Farn¨®s tendr¨ªa que rectificar y tratar de cumplir sus objetivos, que es hacer posible que la sanidad p¨²blica tenga cada vez m¨¢s calidad y mejores profesionales, que adem¨¢s se dediquen exclusivamente al sector p¨²blico". A golpe de pleito Mientras Botella se pregunta "c¨®mo piensa retornar la consejer¨ªa todo lo que ha pagado hasta ahora, que en definitiva es ilegal", UGT y CC OO advierten del peligro de colapso que se puede derivar de los numerosos recursos presentados ante los tribunales. "Podemos seguir pleiteando hasta la saciedad, pero hasta que no abramos el mel¨®n de la negociaci¨®n, no solucionaremos los problemas de la sanidad", afirma la secretaria de la Federaci¨®n de Sanidad de CC OO, Teresa Conca, quien sostiene que la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos es un "caj¨®n de sastre" en el que "cabe todo aquello que no se quiere negociar". A juicio de Conca, la citada ley no puede aplicarse para modificar normas, por lo que CC OO solicit¨® a los grupos parlamentarios que estudiasen su posible inconstitucionalidad. Una cuesti¨®n que exigir¨ªa al menos 50 firmas de diputados y que no ha prosperado. La sentencia del TSJ, que precisamente estima el recurso presentado por este sindicato contra el decreto de retibuciones del personal sanitario, sostiene que la cuant¨ªa fijada para los complementos espec¨ªficos de los m¨¦dicos supera el 30% de las retribuciones b¨¢sicas (salario base y pagas extras), por lo que choca de plano con la Ley de Incompatibilidades, que dispone que "podr¨¢ reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempe?e puestos de trabajo que comporten la percepci¨®n de complementos espec¨ªficos cuya cuant¨ªa no supere el 30% de su retribuci¨®n b¨¢sica". Mediante el citado decreto, la Consejer¨ªa de Sanidad hab¨ªa ofrecido a los m¨¦dicos sujetos a dedicaci¨®n exclusiva (complemento B) renunciar a parte de su sueldo si quer¨ªan trabajar en la sanidad privada (complemento C), a cambio de trabajar un m¨¢ximo de seis tardes al mes si la Administraci¨®n lo requer¨ªa. Tambi¨¦n los m¨¦dicos del complemento A pod¨ªan acogerse al C y ganar m¨¢s dinero a cambio de unas tardes de trabajo en el sistema p¨²blico. Farn¨®s ha sostenido siempre que as¨ª se lograba un mayor rendimiento de quir¨®fanos y se permit¨ªa a los m¨¦dicos hacer con su tiempo libre lo que quisieran, abrir una tienda o trabajar en la privada.