Ibi, Mon¨°ver, Benifai¨® y Paterna se niegan a pagar los 280 millones de multa por contaminar
Los cuatro se niegan a pagar las multas. Ibi deber¨ªa pagar 90.491.478 pesetas a los ministerios de Hacienda y de Medio Ambiente por contaminar con sus vertidos urbanos la rambla de la Gavarnera, que desemboca en el r¨ªo Monnegre y de ah¨ª al embalse de Tibi. 50 millones y una peseta es la multa impuesta a Ibi por permitir que las aguas residuales que vierte tengan contaminantes industriales. El resto es la indemnizaci¨®n por el da?o causado por unos vertidos con alto contenido en metales pesados. El alcalde se niega a pagar y recurrir¨¢ la sanci¨®n hasta donde haga falta, al igual que har¨¢n en Paterna, Benifai¨® y Mon¨°ver, que afrontan sanciones similares. Entre los cuatro, de casi 280 millones.
Estos cuatro municipios son los ¨²nicos de la Comunidad Valenciana, y seg¨²n datos del Ministerio de Medio Ambiente, tambi¨¦n los ¨²nicos de Espa?a a los que se les ha sancionado entre 1997 y 1998 por una infracci¨®n calificada como muy grave. Las faltas muy graves, tal y como especifica la ley de Aguas de 1985 y el reglamento del Dominio P¨²blico Hidr¨¢ulico de 1986, se castigan con multas de entre 50 y 100 millones de pesetas, que cobra Hacienda. A los cuatro consistorios se les ha puesto la multa m¨¢s peque?a posible: 50.000.001 pesetas. Adem¨¢s, tienen que afrontar las indemnizaciones -que cobra la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car (CHJ), del Ministerio de Medio Ambiente- calculadas para solventar el da?o causado. Ibi, con 40,5 millones es el municipio m¨¢s penalizado. Mon¨°ver (con 15,6), Benifaio (14,3) y Paterna (8,9) le siguen. Hay m¨¢s multas millonarias para otros consistorios. Cuando la cuant¨ªa de los da?os no supera los 7,5 millones, la ley considera la infracci¨®n como falta grave. Entonces la multa oscila entre los 5 y los 50 millones. La CHJ ha impuesto en los dos ¨²ltimos a?os multas m¨ªnimas (5.000.001 pesetas) por falta grave en cuatro ocasiones. Villanueva de Castell¨®n, La Vall d"Uix¨® y Alzira, por dos veces (alcantarillado local y pol¨ªgono de Albalat), son los consistorios castigados. "En el caso de estos municipios", explica el comisario de aguas de la CHJ, Pedro Carmona, "resulta que hay una serie de industrias que est¨¢n conectadas a las redes de saneamiento municipal y el Ayuntamiento tiene la obligaci¨®n de controlar todos los vertidos al alcantarillado para que no lleguen los m¨¢s t¨®xicos". Muchos municipios vierten residuos urbanos sin depurar porque todav¨ªa no tienen depuradora. Las competencias para construirlas corresponden al ministerio y al Consell, y los ayuntamientos, por as¨ª decirlo, est¨¢n en la lista de espera del Plan Director de Saneamiento hasta que les toque en suerte una planta. Y mientras llega, el real decreto de 1995 sobre la Regulaci¨®n de Vertidos les exime de toda culpa en los vertidos dom¨¦sticos. "Ni un duro" No est¨¢n de acuerdo los municipios, que se sienten especialmente represaliados. "No pienso pagar ni un duro; voy a recurrir aunque sea al Supremo", explica tajante Francisco Borruey, alcalde socialista de Paterna. La causa de la multa no est¨¢ en los residuos dom¨¦sticos de la poblaci¨®n, que est¨¢n correctamente depurados, sino en los vertidos industriales del pol¨ªgono de la Fuente del Jarro, que, a pesar de dar servicio a 700 empresas, carece de una depuradora especial. Borruey, que asegura no haber recibido la notificaci¨®n de la multa del CHJ, explica que ya en 1996 se aprob¨® en el pleno municipal la construcci¨®n de una depuradora f¨ªsico-qu¨ªmica que costar¨ªa 1.500 pesetas, sufragados por el Consell. Ahora asegura que s¨®lo falta comprar la parcela, acabar el proyecto antes de 1999 y, con suerte, comenzar la depuradora en primavera. Ibi, por contra, no tiene depuraci¨®n biol¨®gica (para residuos dom¨¦sticos) pero s¨ª cuenta con una planta f¨ªsico-qu¨ªmica (para industriales), "la primera de la Comunidad", seg¨²n el alcalde, el socialista Vicente Garc¨ªa Pascual. Sin embargo, el an¨¢lisis de sus vertidos ha detectado metales pesados y hasta uno de los compuestos m¨¢s peligrosos para el medio ambiente, cromo VI. El regidor tampoco piensa pagar. Va a recurrir porque a su juicio, el decreto del Consell sobre el Plan Director de Saneamiento y Depuraci¨®n (norma auton¨®mica, no estatal) da a los ayuntamientos un plazo (31 de diciembre de 1998) para limpiar sus vertidos. "La multa es una verdadera barbaridad, nosotros trabajamos con el horizonte de esa fecha", dice Garc¨ªa Pascual, "y la mayor¨ªa de las industrias ya cumplen". Seg¨²n explica, s¨®lo a partir del 1 de enero obligar¨¢ a las contaminantes. "Tendr¨¢n que almacenar sus vertidos o enviarlos a depuradoras espec¨ªficas", explica el regidor mientras espera la depuradora org¨¢nica. En Benifai¨®, sancionados en 1997, dicen que todo est¨¢ solucionado. "Se vert¨ªa a una acequia desde hace m¨¢s de 100 a?os pero todas las industrias han puesto ya su depuradora", explica el alcalde, Vicente Fort, del PP, que tampoco piensa pagar. La multa m¨¢s reciente corresponde a Mon¨°ver, donde se han detectados vertidos con "una carga org¨¢nica tremenda". El alcalde, el socialista Jos¨¦ Gin¨¦s, dice que todo es un error: "No tenemos industrias contaminantes ni ganader¨ªa, nuestros vertidos son normales". Asegura que no va a pagar, que la multa ("sin base jur¨ªdica") est¨¢ recurrida y que la calidad de sus vertidos ser¨¢ ¨®ptima cuando se inaugure una depuradora que est¨¢ casi concluida.
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