L¨ªderes dem¨®cratas de Am¨¦rica Latina cuestionan la actuaci¨®n de Espa?a

Am¨¦rica Latina vive d¨ªas extra?os. La detenci¨®n de Augusto Pinochet ha dividido al continente, pero no (o no s¨®lo) de la forma en que se suele imaginar desde Europa: por un lado, los dem¨®cratas y defensores de los derechos humanos, a favor de la extradici¨®n a Espa?a y posterior juicio al ex dictador; por otro, los nost¨¢lgicos del r¨¦gimen militar chileno, desaforadamente en contra. El mapa es m¨¢s complicado. En privado, amplios sectores de juristas de reconocida trayectoria democr¨¢tica y la mayor¨ªa de Gobiernos latinoamericanos tachan de peligrosa, cuando no "intolerable", la "injerencia" europea.

Sostener p¨²blicamente esa opini¨®n, en medio de la explosi¨®n de alegr¨ªa casi un¨¢nime que han desatado las actuaciones en contra del general, resulta muy complicado. Por ello han guardado silencio. Pero la mayor¨ªa de Gobiernos latinoamericanos y una parte no despreciable entre los sectores dem¨®cratas han desarrollado en los ¨²ltimos d¨ªas ciertas reticencias, cuando no resquemores, que se resumen en una palabra. Una sola palabra de muy mala prensa y dif¨ªcil asimilaci¨®n a ambos lados del Atl¨¢ntico: colonialismo.De M¨¦xico a Argentina, pasando por Colombia y otros pa¨ªses, los Ejecutivos han sido los primeros, de forma siempre discreta, en acoger con ambivalencia la petici¨®n de los jueces espa?oles y la subsecuente detenci¨®n de Pinochet, seg¨²n las fuentes oficiales y diplom¨¢ticas consultadas.

"En nuestro fuero interno", relata una alta fuente oficial mexicana, "compartimos la euforia por la detenci¨®n de Pinochet y la indignaci¨®n por las graves violaciones a los derechos humanos que cometi¨® en su pa¨ªs. Pero nos preocupa la decisi¨®n de Espa?a y el Reino Unido; claramente tenemos ciertas reticencias ante esta especie de misi¨®n civilizadora que han adoptado. Es un punto muy delicado en caso de que se acabe generalizando esta forma de injerencia".

Lo sorprendente de estas reticencias es que provienen de sectores de intachable adscripci¨®n democr¨¢tica. Nada m¨¢s f¨¢cil, para los defensores de la captura del exdictador, que desestimar las acusaciones de los nost¨¢lgicos del r¨¦gimen militar chileno de que se est¨¢ violando la soberan¨ªa de un pa¨ªs al detener y pedir la extradici¨®n de Pinochet.

Pero todo cambia cuando quien expresa ese punto de vista es un comprometido defensor de los derechos humanos, con un largo historial. Am¨¦rica Latina dista mucho de ser, hoy, un territorio claramente ordenado a lo largo de dos posiciones: a favor y en contra de que el ex dictador chileno sea juzgado en Espa?a. Las perspectivas son m¨²ltiples, las exigencias ¨¦ticas, variables.

Con matices, ¨¦se es tambi¨¦n el punto de vista de Diego Garc¨ªa-Say¨¢n, presidente de la Comisi¨®n Andina de Juristas, una organizaci¨®n comprometida desde hace a?os con los principios democr¨¢ticos y con el castigo a la impunidad. Garc¨ªa-Say¨¢n es un abogado peruano de 48 a?os con un extendido compromiso con la defensa de los derechos humanos. Y, sin embargo, no oculta sus reticencias. "Constituye un precedente peligroso que algunos pa¨ªses, en este caso Espa?a, se atribuyan la capacidad de juzgar a otros, sobre todo si se trata de un proceder repetido y sistem¨¢tico", razona por tel¨¦fono desde Lima.

Garc¨ªa-Say¨¢n, como tantos otros juristas progresistas latinoamericanos, tiene el coraz¨®n dividido. Por un lado, considera que la detenci¨®n de Pinochet constituye una "se?al muy clara, muy importante" para el futuro de la democracia y un aviso a navegantes-dictadores (presentes o futuros) en todo el continente.

Pero, al mismo tiempo, instintivamente, siente reparos ante el hecho de que "pa¨ªses desarrollados se atribuyan la capacidad de impartir justicia" en cualquier parte del mundo, m¨¢s all¨¢ de fronteras o convenciones internacionales.

"Si estuvi¨¦ramos al final de la Segunda Guerra Mundial, o algo as¨ª, este tipo de respuestas ser¨ªa l¨®gico". Pero hoy en d¨ªa, Garc¨ªa-Say¨¢n considera absolutamente necesario, desde el punto de vista suramericano, que las actuaciones contra ex dictadores y otros criminales se produzcan dentro de un marco multilateral, como puede ser el futuro Tribunal Penal Internacional.

La misma opini¨®n se puede recoger en medios pr¨®ximos al Gobierno colombiano. "Independientemente de la solidaridad que uno pueda tener con las v¨ªctimas de Pinochet", afirma una alta fuente oficial en Bogot¨¢, "la detenci¨®n del ex dictador constituye una afrenta para los Estados de derecho en Am¨¦rica Latina: se volver¨ªa esto el abrebocas para que el d¨ªa de ma?ana cualquier pa¨ªs detenga a cualquier funcionario latinoamericano si lo considera ajustado a su derecho unilateral".

A todos los Gobiernos consultados les preocupa lo mismo: Estados Unidos. La tradici¨®n de polic¨ªa y gran hermano que Washington se ha arrogado hist¨®ricamente respecto a Am¨¦rica Latina ha exacerbado las sensibilidades al sur del r¨ªo Grande. En todas las capitales latinoamericanas, el respeto irrestricto a la soberan¨ªa se ha convertido en la primera bandera diplom¨¢tica, contra las constantes injerencias desde el Norte.

Ejemplo, M¨¦xico. "Nuestra posici¨®n tiene mucho que ver con nuestra relaci¨®n hist¨®rica con EEUU", relatan las fuentes oficiales mexicanas consultadas. "A lo largo de los a?os ochenta se dieron una serie de detenciones extrajudiciales [para M¨¦xico] de ciudadanos mexicanos, incluso en territorio mexicano, por parte de EEUU, que llevaron a momentos de gran tensi¨®n".

La diplomacia latinoamericana desea evitar ahora que, al socaire del precedente que pueda sentar el caso de Pinochet, los "pa¨ªses desarrollados", con EEUU a la cabeza, inauguren una nueva pol¨ªtica y se lancen a la persecuci¨®n de "delincuentes" ignorando fronteras y convenios internacionales. Una nueva brecha abierta en un continente hist¨®ricamente a la defensiva.