El Ayuntamiento de Marbella se querella contra la directora general de Urbanismo por prevaricaci¨®n

El Ayuntamiento de Marbella presentar¨¢ ma?ana martes una querella por prevaricaci¨®n contra la directora general de Ordenaci¨®n del Territorio y Urbanismo de la Junta, Josefina Cruz. Ser¨¢ un paso m¨¢s en la encarnizada pugna que mantienen Jes¨²s Gil y la Junta sobre la peculiar forma de urbanizar del alcalde marbelli. El resultado hasta ahora es que todos los juzgados de Marbella se reparten denuncias contra Gil y sus concejales por conceder licencias de obras en zonas p¨²blicas o autorizar excesos de edificabilidad contrarios al vigente PGOU. Para los abogados de Gil todas ellas son "puro humo". El balance de denuncia hasta ahora se resume en el cuadro que encabeza esta informaci¨®n.

La Junta solicit¨® la impugnaci¨®n de 40 licencias de obras concedidas por Gil por vulnerar el vigente PGOU ante el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) y prepara en estos d¨ªas otras 15 de impugnaciones por la v¨ªa de lo Contencioso-administrativo. La actuaci¨®n de la Delegaci¨®n de Obras P¨²blicas, que se produjo por la presi¨®n de colectivos sociales, fue denunciada por no emprender el camino por la v¨ªa penal. Un juzgado ya tramita una querella por omisi¨®n del deber de la denuncia contra el delegado de Obras P¨²blicas en M¨¢laga, Carlos Morales, promovida por los ecologistas de Aedenat. El delegado de la Junta reconoce que las sentencias de las denuncias presentadas por su departamento no se producir¨¢n hasta dentro de dos o tres a?os y teme que "lleguen demasiado tarde". En tanto, el Ayuntamiento sigue concediendo licencias de obras y los particulares y colectivos denunci¨¢ndolas. "Cada d¨ªa llegan m¨¢s", dice Morales. Sierra admiti¨® que el paso del tiempo favorece al Ayuntamiento ante la imposibilidad de que dentro de 10 a?os -con las sentencias definitivas- se pueda ejecutar una hipot¨¦tica orden de demolici¨®n de las obras ilegales. Su tesis es que el municipio no tiene plan vigente porque no fue publicada su aprobaci¨®n y su texto en el Bolet¨ªn Oficial de la Junta de Andaluc¨ªa. Las denuncias y querellas se basan en la vigencia de ese plan que para el Ayuntamiento no existe. Esta tesitura llevar¨¢ al GIL a presentar hoy una querella por prevaricaci¨®n contra Josefina Cruz por "ocultar maliciosamente al juez esta situaci¨®n", cuando el juzgado le requiri¨® la documentaci¨®n sobre Marbella. Mientras tanto, los primeros autos que dictan los jueces tienen interpretaciones opuestas. As¨ª, el auto sobre la autoaprobaci¨®n de la revisi¨®n del PGOU por parte de Gil, en el que el juez reconoce la competencia del Ayuntamiento para conceder licencias de obras, sin entrar en su legalidad o no, es entendido por el gobierno local como la ratificaci¨®n de todos los permisos. O la negativa del TSJA a la suspensi¨®n cautelar de 15 obras, solicitadas por la Junta, es presentada por el Ayuntamiento como el reconocimiento de la legalidad de la revisi¨®n del PGOU. "No somos unos facinerosos, como nos presentan los medios de comunicaci¨®n, y los juzgados nos dan la raz¨®n", afirma Sierra. Para Morales, sin embargo, estas decisiones del TSJA responden a la doctrina del Tribunal Constitucional de no acordar la paralizaci¨®n "hasta tener certeza de la ilegalidad". El delegado de Obras P¨²blicas entiende que el Contencioso es el ¨²nico camino que puede emprender su administraci¨®n y que la v¨ªa penal queda para colectivos y partidos pol¨ªticos. Edificio de 13 plantas Y es por esta v¨ªa, la penal, que se consigui¨® la ¨²nica paralizaci¨®n de una obra. La acusaci¨®n popular, una comunidad de vecinos y el PSOE, denunci¨® un presunto delito contra la ordenaci¨®n del territorio por levantar un edificio de 13 plantas, donde el PGOU s¨®lo permite tres, y ocupar una zona verde. El juez Santiago Torres, que dict¨® la suspensi¨®n, investiga tambi¨¦n la publicidad del Ayuntamiento en las camisetas del Atl¨¦tico de Madrid de Jes¨²s Gil, a instancias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El alcalde ha recusado al magistrado por enemistad manifiesta y pidi¨® protecci¨®n al fiscal general del Estado en lo que considera un linchamiento personal con denuncias falsas. Gil, que no interviene en las comisiones de gobierno que autorizan las licencias denunciadas, est¨¢ imputado en cuatro querellas contra la ordenaci¨®n del territorio, que afectan a una treintena de obras, cantidad que superar¨ªa las 50 de admitirse su responsabilidad en otras denuncias que hasta ahora s¨®lo afecta a sus ediles. A estas causas se suman otras cuatro que tienen or¨ªgenes diferentes. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n investiga, adem¨¢s, la venta de locales comerciales en la avenida Ricardo Soriano, que compr¨® el Ayuntamiento por 500 millones y que el PSOE sostiene que dos meses antes fueron adquiridos por una sociedad de Gil por 292 millones. El contrato de instalaci¨®n de una estatua rusa en Puerto Ban¨²s es tambi¨¦n tema de los juzgados, as¨ª como el derribo de la sede de UGT. Para Sierra las imputaciones a Gil no tienen "ninguna posibilidad" de prosperar, "ser¨ªa como pedir la extradici¨®n de Isabel II".