El juez archiva por falta de pruebas los delitos m¨¢s graves de la "mafia policial"

El juez de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Sevilla, Fernando Mart¨ªnez, ha archivado los seis delitos m¨¢s graves de los que fueron acusados todos los policias del Grupo X de Seguridad Ciudadana de la ciudad, se?alado por varios confidentes de formar una mafia policial que utilizaba el robo, la tortura y los trapicheos con drogas en sus actuaciones. S¨®lo cuatro polic¨ªas de los 12 que llegaron a estar en la c¨¢rcel son acusados ahora: uno por tirar a un r¨ªo un tel¨¦fono m¨®vil que no era suyo y otros tres -incluido el jefe del grupo- por "un enga?o urdido" para quedarse con una Honda CBR 1000 de un supuesto traficante.

El esc¨¢ndalo de la llamada mafia policial surgi¨® en Sevilla en 1991 a ra¨ªz de las denuncias de supuestas torturas, robo y otros delitos puestas en pie por la confidente y traficante Rosario Acu?a. Las investigaciones preliminares llevaron a la c¨¢rcel durante varios meses a 10 polic¨ªas. El auto del juez, que asume las tesis del fiscal del caso, Emilio Llera, relata pormenorizadamente las investigaciones llevadas a cabo para aclarar este asunto, "que ha exigido una compleja instrucci¨®n, colmada de no pocas diligencias de dif¨ªcil ejecuci¨®n". Estas pesquisas han llevado a concluir al instructor que "un buen n¨²mero" de los diversos hechos denunciados "carecen de la base m¨ªnima" para acabar en un juicio, "las m¨¢s de las veces por no haberse procurado fuente de prueba alguna que permita objetivamente afirmar que han sucedido". Uno de estos hechos carentes de prueba fue la acusaci¨®n formalizada por la confidente Rosario Acu?a contra el inspector jefe del Grupo X, Jos¨¦ Robles, de haberse quedado con "varios millones de pesetas" obtenidos en un registro ilegal en la vivienda de Josefa Ruiz. En esa casa, la polic¨ªa entr¨® legalmente d¨ªas antes y hall¨® "cuarenta paquetillos de hero¨ªna". Acu?a dijo que "se hab¨ªa enterado" que ese dinero supuestamente proced¨ªa de la venta de una casa de la mencionada Josefa Ruiz. Sin embargo, la investigaci¨®n ha demostrado que no hubo venta, sino que el piso fue aportado por Ruiz "a una sociedad de sus sobrinos de M¨¢laga llamada Miramar SL. Por tanto", explica auto, "no parece que hubiera posibilidad de que guardara en su casa dinero procedente de la venta del piso". Lo archivado El juez tampoco da cr¨¦dito a la denuncia de que el inspector Robles le dio una patada a una mujer embarazada durante un registro, ni de que luego los agentes del grupo se las ingeniaran para meter en el bolsillo del abogado de la mujer, Javier Ferr¨¢n Sainz, varias papelinas de droga. Igualmente archiva el caso de supuestas "amenazas y coacciones" a Evaristo Luque Biedma para que declarara a favor de la polic¨ªa en un caso de torturas; los presuntos golpes y lesiones a Milagros Costa para que denunciara a la persona que le hab¨ªa vendido droga, y el presunto cobro de dietas ilegales por Robles, del que se dec¨ªa que firmaba los atestados policiales mientras percib¨ªa dinero por viajes. El juez, en su fundamento jur¨ªdico segundo, considera que s¨ª existen indicios de que en los primeros d¨ªas de noviembre de 1992, el polic¨ªa Ernesto Santiagosa Mu?oz, "de manera intencionada, arroj¨®, con ¨¢nimo de hacerlo desaparecer", un tel¨¦fono m¨®vil, valorado en 50.000 pesetas, que hab¨ªa cogido del despacho del jefe del grupo pero que era propiedad del confidente Rafael Arrabal Mart¨ªnez. El delito m¨¢s grave de los dos que se imputan, es el supuesto plan urdido por los agentes Luciano Cala D¨ªaz, Domingo Delgado Pino y Jos¨¦ Robles Pozo, quienes, en connivencia con el confidente Arrabal, detuvieron toxic¨®mano Jos¨¦ Santos Garc¨ªa, reclamado judicialmente, para hacerse gratis con una Honda CBR 1000 de su propiedad. Delgado Pina y Robles, dice el auto, "obligaron a Santos a firmar en blanco la documentaci¨®n necesaria para la transferencia de la motocicleta, aprovech¨¢ndose de que se encontraba bajo el s¨ªndrome de abstinencia y con la promesa por parte de Arrabal de facilitarle uno o dos gramos de sustancia estupefaciente". Por estos delitos, le pueden caer a los acusados entre tres y seis a?os de presidio.