La retirada de acusaciones impedir¨¢ que se esclarezca la privatizaci¨®n de Intelhorce

La vista oral del caso Intelhorce se limitar¨¢ a enjuiciar la gesti¨®n de Giovanni Orefici entre 1989 y 1992, per¨ªodo en el que la f¨¢brica sufri¨® una fuerte descapitalizaci¨®n. La sala deber¨¢ valorar si hubo una trama organizada para el saqueo de la f¨¢brica, aprovechando que el Estado la entreg¨® saneada, pero pasar¨¢ por alto el aspecto m¨¢s llamativo de la instrucci¨®n: si hubo o no negligencia de la Administraci¨®n en la privatizaci¨®n. Ning¨²n cargo p¨²blico est¨¢ ya en el banquillo por ese motivo, en un juicio que no ha respondido a las expectativas que hab¨ªa creado.

Poco a poco el caso parece irse desinflando. Antes de la vista, tanto CC OO como UGT, dos de las cinco partes que ejercen la acusaci¨®n, hab¨ªan retirado sus acusaciones contra los altos cargos del Estado por supuestas irregularidades en la privatizaci¨®n. Ambos sindicatos justificaron su decisi¨®n en que el nuevo C¨®digo Penal no ofrec¨ªa cabida a sus imputaciones. Ya iniciado el juicio, la acusaci¨®n que ejercen el ex diputado del PP Jos¨¦ Egea y una asociaci¨®n de trabajadores de Intelhorce, afectados por la privatizaci¨®n, han decidido retirar la acusaci¨®n contra Francisco Zambrana, que en el momento de la privatizaci¨®n ocupaba el cargo de Director General de Patrimonio del Estado. El abogado Antonio Urdiales ha justificado esta decisi¨®n en que "hay que quitar la paja para facilitar ir al fondo". Lo cierto es que Urdiales, que inici¨® sus actuaciones demandando en el Tribunal Supremo a todo el consejo de ministros que aprob¨® la privatizaci¨®n, acaba de levantar la ¨²ltima acusaci¨®n que quedaba contra la Administraci¨®n por la supuesta venta fraudulenta. S¨ª permanecen en el banquillo dos ex directivos de Patrimonio, Luis Alcaide y Miguel ?ngel Herrera, para quienes la fiscal¨ªa pide penas de inhabilitaci¨®n por la autorizaci¨®n que dieron a Orefici a seguir disponiendo de los fondos p¨²blicos para ampliar el capital de Intelhorce, una vez que el empresario ya hab¨ªa incumplido las condiciones del contrato. Curiosamente, ambos, que siguen ocupando cargos relevantes en la administraci¨®n, han acudido a juicio con una petici¨®n de los ministerios de los que dependen para que se les permita no estar presentes en la fase de cuestiones previas por necesidades de trabajo en sus departamentos. Mediaci¨®n en la venta De si Orefici era o no el comprador id¨®neo para Intelhorce deber¨¢ rendir cuentas ¨²nicamente Jos¨¦ Miguel Moreno Garc¨ªa, presidente de Improasa, la empresa p¨²blica que se encarg¨® de la gesti¨®n de la venta, y que presuntamente cobr¨® una comisi¨®n de 40 millones para que sus informes fueran favorables a la oferta de Orefici. En el banquillo quedan ahora 32 de los 44 imputados iniciales de la causa, pero en los pr¨®ximos meses la lista de acusados puede menguar a¨²n m¨¢s. Los pron¨®sticos de un buen n¨²mero de abogados se?alan que al final se levantar¨¢n las acusaciones por delito fiscal. Al escaso atractivo que para el p¨²blico ha tenido la vista en sus dos primeras semanas, al menos en comparaci¨®n con la pol¨¦mica fase de instrucci¨®n, contribuye tambi¨¦n que el inicio est¨¢ embrollado en cuestiones muy t¨¦cnicas y de desarrollo, con minuciosas estrategias procesales de los abogados defensores. La exigencia de leer todas las acusaciones -unos 2.000 folios- har¨¢ que esta fase se prolongue al menos hasta final de a?o. Luego a¨²n habr¨¢ que dilucidar cuestiones previas como la competencia de la Audiencia de M¨¢laga para juzgar el caso. Si la tiene, es previsible que hasta al menos el mes de febrero no comience el juicio real y se tome testimonio a los imputados y a los m¨¢s de 400 testigos citados. Otro de los aspectos m¨¢s llamativos del caso Intelhorce, el supuesto cobro de comisiones del PSOE que fueron usadas en fortalecer la posici¨®n de este partido en la sociedad editora de El Correo de Andaluc¨ªa, tambi¨¦n ha acabado por desinflarse. La instrucci¨®n de esta parte, que continuaba en pieza separada, fue curiosamente archivada por el juez Juan Francisco Ram¨ªrez Barroso un d¨ªa antes del comienzo de la vista, al admitir que no ha encontrado pruebas suficientes para establecer tal relaci¨®n.