El Constitucional reitera su aval al control de alquileres de la ley de vivienda

El Constitucional ha desestimado la mayor parte del recurso del PP contra la ley de vivienda, confirmando en los aspectos m¨¢s relevantes su anterior sentencia, de mayo pasado, avalando la normativa vigente. El recurso analizado ahora es el que present¨® el grupo parlamentario del PP, coincidente en muchos aspectos con el que plante¨® la Junta de Andaluc¨ªa, resuelto en el mencionado primer fallo. En ambos casos el tribunal ha mantenido en pie la previsi¨®n legal relativa a la limitaci¨®n del precio del alquiler en zonas tensionadas. El respaldo mayoritario del ¨®rgano de garant¨ªas a esta l¨ªnea de actuaci¨®n ya se puso de manifiesto en octubre, cuando un primer proyecto de sentencia fue rechazado precisamente porque planteaba objeciones ante este tipo de regulaci¨®n.

El rechazo de aquel primer borrador supuso un cambio de ponente. La redacci¨®n de la propuesta de sentencia pas¨® de la magistrada Concepci¨®n Espejel ¡ªdel sector conservador del tribunal¡ª a la magistrada Mar¨ªa Luisa Segoviano, del grupo progresista. El nuevo fallo propuesto se ha aprobado ahora por 7 votos a 5, correspondientes respectivamente al bloque progresista y al conservador, cuyos miembros presentar¨¢n votos particulares en contra de la resoluci¨®n.

La sentencia avala la disposici¨®n final primera tres de la ley, que impone una modulaci¨®n de las rentas del contrato de arrendamiento de vivienda en las zonas del mercado residencial que est¨¦n tensionadas. Al respecto, el tribunal ¡°aprecia una relaci¨®n razonable o equilibrio justo entre los medios empleados y la finalidad pretendida¡±. El ¨®rgano de garant¨ªas explica que esta medida afecta al derecho de propiedad sobre la vivienda, ¡°pero no vulnera el contenido esencial del mismo, teniendo en cuenta que se proyecta sobre una expectativa de beneficio econ¨®mico que no lo conforma¡±. La sentencia a?ade que con esta regulaci¨®n ¡°no se obliga a poner la vivienda en el mercado de alquiler y no se obliga, en ning¨²n caso, a fijar un precio antiecon¨®mico¡±.

Para remachar estos argumentos, el tribunal argumenta que la restricci¨®n que se establece ¡°no es irrazonable ni desproporcionada¡±. El fallo justifica esta afirmaci¨®n en que ¡°la renta m¨¢xima se fija en un valor objetivo determinado por referencia al valor de mercado¡±. Tambi¨¦n subraya que ¡°en todo caso, esa limitaci¨®n tiene una vocaci¨®n de temporalidad¡±. De este modo, el Constitucional llega a la conclusi¨®n de que la ley no vulnera el art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n, como sosten¨ªa el PP. Dicho precepto reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, precisando que ¡°la funci¨®n social de estos derechos delimitar¨¢ su contenido, de acuerdo con las leyes¡±. Tambi¨¦n prev¨¦ que ¡°nadie podr¨¢ ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad p¨²blica o inter¨¦s social, mediante la correspondiente indemnizaci¨®n y de conformidad con lo dispuesto por las leyes¡±.

El PP tambi¨¦n sostuvo en su recurso que eran inconstitucionales las modificaciones realizadas en aspectos de la ley de enjuiciamiento civil para establecer requisitos en la admisi¨®n a tr¨¢mite de ¡°las demandas de recuperaci¨®n de la posesi¨®n y de inicio de la v¨ªa de apremio en la subasta de bienes inmuebles¡±. El PP impugn¨® la obligaci¨®n de ¡°acreditar por parte del demandante que es un gran tenedor de vivienda si la parte demandada se encuentra o no en situaci¨®n de vulnerabilidad econ¨®mica¡±. Y concluye que tales medidas ¡°no resultan razonables y proporcionales¡±, por lo que estima el recurso en este punto, ¡°y tambi¨¦n en otros por conexi¨®n o consecuencia¡±.

El tribunal rechaza, en cambio, la impugnaci¨®n referida al art¨ªculo 31.1 y 2 de la ley, que establece la informaci¨®n m¨ªnima que la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda en oferta podr¨¢ requerir antes de la formalizaci¨®n del contrato. El PP entend¨ªa que con esta regulaci¨®n se vulneraban competencias estatales sobre legislaci¨®n civil. Pero el tribunal lo rechaza porque ¡°la finalidad del precepto es garantizar la transparencia de la operaci¨®n contractual, por m¨¢s que la regulaci¨®n busque tambi¨¦n proteger el derecho a la vivienda¡±.

La sentencia, por otra parte, desestima todas las impugnaciones competenciales. El Constitucional considera que las previsiones de la ley suponen un ¡°leg¨ªtimo ejercicio de las competencias estatales¡±. Y a?ade que la queja relativa a la autonom¨ªa local tambi¨¦n se descarta, porque ¡°el grado en que se reduce la capacidad decisoria de los ayuntamientos es correlativo a la importancia de los intereses supralocales afectados¡±.