El Supremo portugu¨¦s archiva los casos de corrupci¨®n durante el Gobierno de Cavaco

El Tribunal Supremo portugu¨¦s ha confirmado una sentencia dictada en junio por medio de la cual ser¨¢n archivados miles deprocesos abiertos antes de 1995, entre ellos los casos de corrupci¨®n m¨¢s importantes de la etapa del Gobierno conservador de An¨ªbal Cavaco Silva (1985-1995). El defensor del pueblo, Jos¨¦ Men¨¦res Pimentel, reconoci¨® ayer a EL PA?S que la sentencia supone "una pr¨¢ctica amnist¨ªa de todos esos sumarios, un hecho extraordinariamente grave que plantea serios problemas de impunidad. La situaci¨®n de la justicia es casi explosiva".

La decisi¨®n del Tribunal Supremo, que sienta jurisprudencia, confirma la pr¨®xima prescripci¨®n y el posterior archivo de todos aquellos casos, anteriores a la entrada en vigor de la reforma del C¨®digo Penal de 1995, en los que los implicados no prestaron declaraci¨®n ante un juez o no fueron juzgados por un tribunal en un plazo de 10 a?os.El Gobierno de Cavaco Silva aprob¨® en el ¨²ltimo semestre de su mandato (marzo de 1995) una peque?a alteraci¨®n de dicho C¨®digo, evidentemente sin car¨¢cter retroactivo, que permite la interrupci¨®n del plazo de prescripci¨®n si esas declaraciones se realizan ante un fiscal. Un simple cambio que aprobado con la debida antelaci¨®n hubiera evitado el esc¨¢ndalo. Ahora, todos esos casos ser¨¢n archivados, no de forma autom¨¢tica, pero s¨ª a medida que se vayan revisando.

Entre esos miles de procesos se encuentran casi todos los casos de corrupci¨®n descubiertos durante la etapa Cavaco: los denominados viajes fantasma de los diputados de todos los signos, los desv¨ªos de alt¨ªsimas sumas de dinero del Fondo Social Europeo por parte de empresas (entre ellas las de Am¨¦rico Amorim, una de las fortunas del pa¨ªs), el de las facturas falsas para evadir impuestos, o las supuestas responsabilidades pol¨ªticas de la ex ministra conservadora de Salud Leonor Beleza en la administraci¨®n de sangre contaminada con el virus del sida.

El Defensor del Pueblo, Jos¨¦ Men¨¦res Pimentel, dijo ayer a este peri¨®dico que "la investigaci¨®n de todos estos megaprocesos, como han sido calificados, ha sido excesivamente lenta, lo que, unido a la legislaci¨®n vigente, va a concluir en una pr¨¢ctica amnist¨ªa de todos ellos". A juicio de Men¨¦res Pimentel, "el Gobierno ya no puede hacer nada, porque las medidas no pueden ser retroactivas. De todas formas, yo no veo que las reformas de la justicia se est¨¦n realizando con eficacia. La justicia es el problema n¨²mero uno en Portugal, su situaci¨®n es explosiva".

El Defensor del Pueblo sostiene que la justicia "es excepcionalmente lenta y muy garantista. Actualmente tenemos cuatro instancias jurisdiccionales, que deber¨ªan reducirse a dos en gran parte de los procesos". Precisamente, el fiscal general del Estado, Cunha Rodrigues, y algunas asociaciones judiciales reconoc¨ªan recientemente que el exceso de garant¨ªas y los innumerables recursos que prev¨¦ la legislaci¨®n facilitan las maniobras dilatorias de los abogados.

El propio Men¨¦res Pimentel admite que el "desfase entre los hechos ocurridos y las condenas dictadas, en muchos casos criminales, provocan que algunos ciudadanos sean encarcelados cuando ya est¨¢n reinsertados".

Por su parte, el Gobierno socialista de Ant¨®nio Guterres y la oposici¨®n conservadora han expresado su "preocupaci¨®n" por el escandaloso colapso del aparato judicial, pero sus iniciativas para solucionarlo a¨²n est¨¢n pendientes. El presidente de la Comisi¨®n Constitucional de Derechos, Libertades y Garant¨ªas, Alberto Martins, afirm¨® ayer que "la Asamblea de la Rep¨²blica debe tomar medidas urgentes para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse".

El jurista y miembro del F¨®rum Justicia y Libertades, Ant¨®nio Pinto Ribeiro, afirm¨® sentirse "indignado". "En este caso concreto, el Estado de derecho va a tener que vivir con una situaci¨®n de quiebra concreta y podredumbre del sistema judicial y del aparato pol¨ªtico. Hasta el punto de que nunca sabremos si esas personas practicaron o no esos delitos".

El jurista Paulino Brilhante Santos reconoci¨® que "el Ministerio P¨²blico va a quedar en entredicho por no concluir sus investigaciones a tiempo; es evidente que hubo aqu¨ª, de forma n¨ªtida, una falta de celeridad en sus indagaciones".