La 'cuesti¨®n universitaria'

Los rectores de las universidades espa?olas denuncian una y otra vez la ausencia de pol¨ªtica universitaria, pero ni el Ministerio de Educaci¨®n ni los gobiernos auton¨®micos les prestan o¨ªdos. En esta materia se act¨²a a golpes, sin un plan coherente y, por esta raz¨®n, no se afrontan los importantes problemas que la afectan. El MEC parece sumido en la indolencia y ni siquiera aborda las cuestiones cuya urgente soluci¨®n ¨¦l mismo proclama, como la reforma de la LRU. Los gobiernos auton¨®micos, salvo rara excepci¨®n, act¨²an movidos por exigencias coyunturales y ofrecen una variopinta gama de resoluciones, imposible de comprender. Aunque no existe algo que pudi¨¦ramos calificar, con rigor, como pol¨ªtica universitaria, en todas partes, sin embargo, se detecta un extraordinario inter¨¦s del ejecutivo por intervenir en los asuntos universitarios. Este intervencionismo no est¨¢ motivado por la preocupaci¨®n por la ense?anza superior y la investigaci¨®n ni, como anta?o, por razones ideol¨®gicas, sino por algo m¨¢s pragm¨¢tico y, si se desea, prosaico. Los distintos gobiernos interpretan que los asuntos relacionados con la Universidad constituyen parte capital en la formaci¨®n de la imagen de un l¨ªder pol¨ªtico y sirven para la captaci¨®n de votos. De ah¨ª el deseo de algunos gobernantes de colarse en la Universidad de su territorio y, en la medida de lo posible, instrumentalizarla. Lo apuntado no resulta novedoso. Ha constituido un rasgo esencial, como es bien sabido, de las ¨¦pocas absolutistas o dictatoriales, en las cuales el control sobre las universidades, y sobre cualquier instituci¨®n, entra dentro de la l¨®gica del ejercicio arbitrario e incontrolado del poder. Tambi¨¦n ha tenido lugar en las ¨¦pocas constitucionales no plenamente democr¨¢ticas, dando lugar, en el caso espa?ol, a lo que los historiadores denominan las "cuestiones univesitarias". Se utiliza esta expresi¨®n para referirse a aquellos momentos en que el gobierno ha intentado mediatizar los centros de ense?anza superior con el objetivo de convertirlos en d¨®ciles soportes de intereses pol¨ªticos. Para ello, el poder ejecutivo ha dictado decretos, disposiciones ministeriales y reglamentos y no ha dudado en recurrir a la censura, a la formalizaci¨®n de expedientes a profesores cr¨ªticos y, llegado el caso, a su expulsi¨®n. As¨ª sucedi¨® en la conocida como "primera cuesti¨®n universitaria", desarrollada en la d¨¦cada de los sesenta del siglo pasado. El gobierno presidido por el general Narv¨¢ez decret¨® la prohibici¨®n al profesorado de pertenecer a partidos pol¨ªticos y la suspensi¨®n en sus funciones de los docentes que expusieran "doctrinas err¨®neas" (esto es, las que fueran de car¨¢cter democr¨¢tico o no se atuvieran a los principios defendidos a la saz¨®n por el catolicismo ultrarreaccionario). Esta disposici¨®n no qued¨® en el papel, sino que tuvo consecuencias palpables, entre ellas la expulsi¨®n de sus c¨¢tedras de eminentes profesores, como Sanz del R¨ªo, Salmer¨®n o el sacerdote Fernando de Castro y la formaci¨®n de expediente a Giner de los R¨ªos. La llamada "segunda cuesti¨®n universitaria" se suscit¨® a prop¨®sito del decreto de 26 de febrero de 1875 firmado por el ministro Orovio, miembro del primer gabinete de C¨¢novas. Ordenaba que todas las ense?anzas siguieran los principios del catolicismo y "que los profesores se atengan estrictamente a la explicaci¨®n de las asignaturas que les est¨¢n confiadas, sin extraviar el esp¨ªritu d¨®cil de la juventud por sendas que conduzcan a funestos errores sociales". El gobierno de C¨¢novas pretend¨ªa controlar la libertad de los docentes para evitar cualquier cr¨ªtica al sistema pol¨ªtico. Como varios catedr¨¢ticos hicieron p¨²blica su disconformidad con el decreto, el gobierno no dud¨® en abrirles expediente, suspenderlos en sus funciones o confinarlos en puntos dispersos de Espa?a. En este caso se hallaron, una vez m¨¢s, Giner de los R¨ªos y Salmer¨®n, as¨ª como Castelar, Gumersindo de Azc¨¢rate y muchos otros destacados profesores, entre ellos Montero R¨ªos y Segismundo Moret, m¨¢s tarde distinguidos dirigentes del Partido Liberal y presidentes del gobierno. Los historiadores coinciden en apuntar, como origen de las "cuestiones universitarias", el deseo del gobierno de mediatizar la ense?anza universitaria y se muestran un¨¢nimes en se?alar que tal intento ha sido un serio obst¨¢culo para la modernizaci¨®n pedag¨®gica y cient¨ªfica. El hecho es bien conocido y no requiere demostraciones, pues existe un excelente conjunto de estudios que lo explican. Sin embargo, tal vez no sea in¨²til recordarlo en nuestros d¨ªas, pues estamos viviendo determinadas iniciativas gubernamentales que, cuanto menos, suscitan la preocupaci¨®n. La situaci¨®n actual no es tan alarmante como la de anta?o y es dif¨ªcil suponer que el Ejecutivo proceda a expedientes, expulsiones o confinamientos de profesores como entonces. Sin embargo, es indudable el deterioro que puede sufrir la ense?anza universitaria y la actividad cient¨ªfica si contin¨²a el intervencionismo gubernamental ensayado en algunas comunidades aut¨®nomas. El rector Peces Barba contrapon¨ªa en la apertura de curso de la Universidad Carlos III la actitud ejemplar del gobierno de Madrid con la menos razonable del valenciano, a pesar de que en ambos gobierna el mismo partido. El de Madrid se vuelca en ayuda de las universidades de su territorio, mientras que en Valencia el propio gobierno aut¨®nomo ha provocado un "grav¨ªsimo" conflicto, "ejemplo patol¨®gico y extremo" -son palabras de Peces Barba- de atentado a la autonom¨ªa universitaria. En este diagn¨®stico coinciden casi todos los rectores de Espa?a y las personas sensatas y cultas que, al margen de fidelidades pol¨ªticas, se preocupan por las inmensas dificultades que para el adecuado desarrollo universitario derivan de una pol¨ªtica err¨¢tica y partidista. Tan necesario resulta considerar lo que ha sucedido en otro tiempo, aunque s¨®lo sea para evitar errores conocidos, como examinar con detenimiento las cosas de nuestros d¨ªas para enderezar, en la medida de lo posible, el rumbo equivocado. Esta ¨²ltima tarea corresponde, de modo especial, a quien tiene la m¨¢xima autoridad pol¨ªtica.

Emilio La Parra L¨®pez es profesor de Historia Contempor¨¢nea de la Universidad de Alicante.