El Ministerio de Medio Ambiente confisca 18 salinas de C¨¢diz, siete de ellas de Abel Matutes
La Demarcaci¨®n de Costas Andaluc¨ªa-Atl¨¢ntico, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha confiscado 18 salinas en la Bah¨ªa de C¨¢diz como consecuencia de un deslinde. La superficie intervenida, que se aproxima al 50% del t¨¦rmino municipal de San Fernando, est¨¢ afectada por la Ley de Costas, aprobada en 1988, que establece que el suelo inundable por la oscilaci¨®n de las mareas pertenece al dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre. De las salinas intervenidas, siete de ellas pertenecen a la empresa Cupimar, l¨ªder en el sector de los cultivos marinos, en la que el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, participa con el 9% del accionariado.
Adem¨¢s, otros familiares del ministro son propietarios de distintos porcentajes de las acciones de la firma, que est¨¢ controlada, en definitiva, por capital ibicenco y catal¨¢n. Otra de las salinas pertenece a Pescanova y el resto son de familias isle?as ligadas hist¨®ricamente al negocio salinero. Esta actuaci¨®n de Costas pone de relieve de nuevo la inseguridad jur¨ªdica que afecta a este sector productivo, que se encuentra en plena expansi¨®n en la Bah¨ªa de C¨¢diz, donde operan una treintena de firmas que producen el 25% del alevinaje de doradas en Europa. Las cr¨ªticas a la actuaci¨®n de Costas llegaron ayer desde varios sitios. La Asociaci¨®n Empresarial de Cultivos Marinos de la Bah¨ªa de C¨¢diz (Asema) lament¨® esta nueva intervenci¨®n, que viene precedida de tres sentencias dictadas por distintos tribunales en las que se han respaldado los argumentos de los propietarios, permitiendo su inscripci¨®n registral. "Saben que nos oponemos directamente a su actuaci¨®n, que terminamos en los juzgados y, al final, ganamos el caso, pero siguen actuando igual, interpretando err¨®neamente la Ley", dice L¨¢zaro Rosa, presidente de Asema y gerente de Cupimar. Conculcaci¨®n de derechos Los industriales consideran que las salinas deslindadas no se encuentran en la zona intermareal ya que el agua de mar se introduce artificialmente a trav¨¦s de un sistema de compuertas y no penetra en las explotaciones de modo natural. "Intentar quitar la propiedad de un suelo a alguien que lo viene heredando hace cientos de a?os de padres a hijos es una aberraci¨®n que conculca el estado de derecho", sostiene. La explotaci¨®n de la acuicultura se encuentra en proceso expansivo en la Bah¨ªa de C¨¢diz, donde ha generado unos 1.000 empleos directos e indirectos y alcanza una producci¨®n anual por encima de las 3.000 toneladas de doradas y lubinas, con una facturaci¨®n superior a los 3.000 millones de pesetas. Los empresarios advierten de que las inversiones se est¨¢n marchando hacia el Mediterr¨¢neo ante las dificultades que acarrea la aplicaci¨®n de la Ley de Costas. Algunas empresas han instalado all¨ª granjas marinas en el mar, en vez de utilizar las superficies salineras en desuso de la Bah¨ªa de C¨¢diz. Adem¨¢s con el agravante de que las empresas que arrancan su actividad en las costas catalana y levantina utilizan la tecnolog¨ªa desarrollada en C¨¢diz, se nutren de los t¨¦cnicos que proporciona el Instituto de FP Santi Petri de Chiclana y compran los alevines de pescado a Cupimar. "Es como si una mano negra intentara parar las inversiones e impedir que el negocio de los cultivos marinos progrese en la Bah¨ªa", resume Rosa. Los cultivadores acu¨ªcolas de la bah¨ªa gaditana han pedido al Ministerio de Medio Ambiente que, a trav¨¦s de una orden ministerial, deje de aplicar los aspectos de la ley que impiden el desarrollo normal de la acuicultura, ya que uno de los problemas que encuentran los empresarios es que al no admitirse legalmente su propiedad no pueden solicitar cr¨¦ditos hipotecarios sobre el suelo, lo que impide cimentar las inversiones. No obstante la ley prev¨¦ una concesi¨®n del suelo confiscado de hasta 70 a?os. Para Rosa, "esto es kafkiano porque se trata de una actividad que pone en valor suelos sin uso, respetuosa con el medio ambiente y que propociona riqueza". El Ayuntamiento de San Fernando expres¨® ayer su rechazo a la confiscaci¨®n de las salinas, ya que "la actividad acu¨ªcola empezaba a ser una pujante actividad en creaci¨®n de puestos de empleo", seg¨²n el delegado municipal de urbanismo, Fernando Rodr¨ªguez. A su juicio, estas medidas crear¨¢n desmotivaci¨®n entre el empresariado y alerta de que el posible abandono de las salinas puede provocar problemas inundaciones en algunas zonas del t¨¦rmino municipal.
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