Cultura crear¨¢ un cuerpo de inspectores para multar a los editores que no registren sus libros

Los 25.000 t¨ªtulos que se editan en Madrid cada a?o tendr¨¢n que ajustarse a una nueva ley regional. La Consejer¨ªa de Educaci¨®n y Cultura ha decidido crear un cuerpo de inspectores bibliogr¨¢ficos que velar¨¢ para que todas las editoriales cumplan con la nueva norma. El anteproyecto de la Ley del Libro y del Fomento de la Lectura incluye como principal novedad la creaci¨®n del Dep¨®sito Legal de la Comunidad de Madrid (el primero de una autonom¨ªa espa?ola, seg¨²n Educaci¨®n). Todos los libros que se publiquen en la regi¨®n tendr¨¢n que registrarse en este organismo p¨²blico. De no hacerlo, sus editores podr¨¢n ser sancionados con multas de hasta cinco millones de pesetas.

El anteproyecto especifica que esta nueva normativa ser¨¢ aplicable "a las publicaciones unitarias editadas en uno o varios vol¨²menes, fasc¨ªculos o entregas, ya sean impresas o figuren en soportes materiales distintos susceptibles de lectura, as¨ª como a los materiales complementarios de car¨¢cter visual o audiovisual que se editen conjuntamente con el libro".El anteproyecto establece dos tipos de infracciones en relaci¨®n con el incumplimiento del obligatorio y nuevo Dep¨®sito Legal de la Comunidad de Madrid. Las infracciones leves ("no constituci¨®n del dep¨®sito en los plazos establecidos") podr¨¢n ser multadas por el Gobierno regional con hasta 250.000 pesetas; y las graves ("distribuci¨®n o venta de ejemplares que carezcan del n¨²mero correspondiente"), con hasta cinco millones de pesetas.

150 millones de ejemplares

No obstante, la ley deja la puerta abierta a que, "previa o simult¨¢neamente a la tramitaci¨®n del procedimiento sancionador", el presunto infractor tenga "la posibilidad de subsanar las irregularidades administrativas en que hubiera incurrido".En caso de hacerlo, se podr¨¢ archivar la actuaci¨®n o atenuar la sanci¨®n impuesta, establece la normativa. La ley permite asimismo al Consejo de Gobierno de la Comunidad actualizar el importe de las sanciones pecuniarias previstas en esta normativa. En esta l¨ªnea, la Direcci¨®n General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ser¨¢ la instituci¨®n encargada de perseguir a los infractores. Para ello contar¨¢ con un grupo de "funcionarios designados para las labores de inspecci¨®n". Estos trabajadores tendr¨¢n "la condici¨®n de autoridad en el ejercicio de tales funciones a todos los efectos", se?ala la normativa.

La Comunidad de Madrid agrupa a unos 300 editores (el 50% del total nacional, y donde se editan un tercio de todos los t¨ªtulos que se publican anualmente en Espa?a), que controlan el 40% del negocio de la venta de libros espa?oles, lo que supone la edici¨®n de 150 millones de ejemplares al a?o. En materia cultural, el Gobierno regional tiene asumidas plenas competencias.

El presidente de los editores de Madrid, Ferm¨ªn Vargas, considera un "desatino" la creaci¨®n de un dep¨®sito legal regional. "Ya tenemos que depositar cinco ejemplares en el dep¨®sito nacional. Si cada comunidad aut¨®noma va a crear el suyo, esto va a ser un l¨ªo. Adem¨¢s, qui¨¦n tiene que depositarlos: ?los editores o los impresores?", se pregunta. "Los editores estamos en Madrid, pero los impresores pueden estar en Tailandia", a?ade.

La ley, seg¨²n recoge su cap¨ªtulo primero, tiene como objeto fundamental "promocionar la creaci¨®n, edici¨®n, difusi¨®n y distribuci¨®n del libro y fomentar la lectura en el ¨¢mbito de la Comunidad de Madrid".

Para ello establece ayudas "a las iniciativas de renovaci¨®n tecnol¨®gica y modernizaci¨®n del sector editorial, artes gr¨¢ficas y distribuci¨®n y venta del libro".

La Consejer¨ªa de Educaci¨®n y Cultura del Gobierno regional podr¨¢, adem¨¢s, "cooperar con otras administraciones p¨²blicas y entidades privadas para la edici¨®n de libros y otros materiales que tengan por finalidad la difusi¨®n de la cultura y el patrimonio de la regi¨®n". Igualmente, "otorgar¨¢ subvenciones y ayudas destinadas" a la formaci¨®n de editores, impresores, libreros y distribuidores, as¨ª como al fomento de reuniones de expertos o apoyo a proyectos de investigaci¨®n", se?ala la legislaci¨®n.

"Norma sin consensuar"

Ferm¨ªn Vargas, presidente de los editores madrile?os, se queja amargamente de que la consejer¨ªa que encabeza Gustavo Villapalos haya elaborado la ley sin consultar a las personas e industrias que se ver¨¢n afectados por ella: los editores. Vargas lo relat¨® as¨ª: "No entro en si la ley es buena o mala, porque a¨²n nadie nos la ha ense?ado, pero es inconcebible que no se nos haya consultado, a pesar de que sabemos que desde hace m¨¢s de un a?o la Comunidad trabajaba sobre ella".Y concluy¨®: "Esta Comunidad es la que menos hace por los libros de toda Espa?a. Pido al Gobierno del presidente Alberto Ruiz-Gallard¨®n que tome ejemplo de la Generalitat de Catalu?a o de la Xunta de Galicia. All¨ª protegen y cuidan al sector del libro. Sus pol¨ªticas son mod¨¦licas". "A lo mejor", reflexiona Vargas, "las aplican por intereses ling¨¹¨ªsticos, no lo s¨¦, pero son ejemplares en ese sentido".